El Defensor del Pueblo apremia al Parlamento para que aborde la indemnización a las víctimas de pederastia en la Iglesia: “Están a la espera, lo necesitan”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El Defensor del Pueblo ha instado este martes a los senadores y diputados españoles que aborden de una vez un modelo para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica. “Las víctimas lo están reclamando, están a la espera. Lo necesitan”, ha insistido este martes Ángel Gabilondo, titular de la institución, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Gabilondo ha sido citado por la mesa de dicha comisión, de mayoría conservadora, para presentar su Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Una respuesta necesaria, un encargo del Congreso de los Diputados y que ya hizo público hace justo un año. De hecho, el Defensor ha recordado que aún no ha sido convocado para presentar el informe en sede parlamentaria y debatir su contenido durante un pleno, tal y como contempla la encomienda: “Es el momento del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas”.

El Defensor ha insistido en que su intención no es decirle al Parlamento cómo debe abordar la cuestión de las reparaciones, pero sí es esencial que las compensaciones se hagan a través de un procedimiento reglado, y que este no debe valerse de “la opacidad”, “el silenciamiento” y “el arbitraje”. La recomendación de Gabilondo es la creación de un fondo estatal “para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial, creado para la ocasión, sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas”. Un fondo en el que la Iglesia debe colaborar aportando recursos.

La presentación del informe llega en un momento en el que las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia sobre este tema son tensas. De hecho, el pasado viernes el presidente Pedro Sánchez viajó al Vaticano para atemperar los problemas con la Iglesia española, entre los que figuraban la respuesta a los casos de pederastia y el pago de indemnizaciones a las víctimas. La factura es el tema más espinoso para la jerarquía eclesial, que sigue sin informar de cuánto ha pagado en total hasta la fecha —aunque la suma media de las indemnizaciones, según los cálculos de este periódico, es de unos 10.000 euros— y de si obedecerá al papa Francisco, que hace unas semanas afirmó que una reparación de 50.000 euros “es una cantidad demasiado baja” y que la Iglesia debía abonar más. En este marco de confrontación, el Defensor ha recordado que el objetivo de su trabajo, sus conclusiones y recomendaciones, es contribuir “a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales cometidos sobre niños y adolescentes”.

El mandato del Congreso de poner en marcha una investigación sobre el escándalo de la pederastia fue aprobado en marzo de 2022 por una amplísima mayoría, en la que solo Vox votó en contra. Una iniciativa, como ha recordado este martes Gabilondo, propulsada por el trabajo periodístico que EL PAÍS puso en marcha en 2018. El organismo se demoró varios meses en crear un grupo de trabajo para escuchar y atender a las víctimas y una comisión de expertos para analizar la información recabada y redactar un informe. La investigación se alargó un año y medio y los resultados fueron demoledores: un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima una encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio.

El documento, de 777 páginas, es muy crítico con los obispos, que en algunos casos ni siquiera contestaron a los requerimientos de la comisión del Defensor, y ratificaba el encubrimiento de la Iglesia de estos casos y la protección que brindaba a los pederastas. “Los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública. Un problema que ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad”, ha pronunciado Gabilondo.

El Defensor atendió a 487 víctimas y recogió sus relatos para incluirlos en su informe. Tras la publicación del informe, sus oficinas de escucha han seguido abiertas y en total el número de denunciantes que han acudido a la entidad asciende a 616. Los afectados subrayan los grandes problemas emocionales que padecen como consecuencia de las agresiones sexuales. De hecho, un tercio de estas personas afirman haber tenido estrés postraumático, síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización e incluso pensamientos suicidas. “Los relatos revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas”, ha puntualizado el Defensor. La base de datos de EL PAÍS —la única pública que detalla todos los casos que han ido saliendo a la luz por cualquier vía, como prensa, sentencias judiciales o admisión de las instituciones eclesiásticas— contabiliza 2.817 víctimas y 1.534 acusados.

El informe del Defensor incluía una batería de 24 recomendaciones que este martes ha vuelto a repasar ante los senadores y diputados de la comisión mixta. Además de su propuesta de reparación, está la de celebrar un acto público de reconocimiento para los afectados, solicitar a la Iglesia que “ponga los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares cuando lo requieran”, que las diócesis y órdenes religiosas abran a sus archivos y reformen su derecho canónico, donde actualmente las víctimas no forman parte activa.

Las conclusiones fueron un golpe para la Iglesia, que durante décadas silenció la mayoría de los abusos, encubrió a los agresores y desoyó a las víctimas. De hecho, tras conocerse el informe del Defensor, la Conferencia Episcopal Española convocó una rueda de prensa de urgencia para declarar que esos datos eran mentira. Los obispos se negaron a aceptar la propuesta estrella del Defensor de reparar a las víctimas a través de un fondo estatal en el que colaborase la Iglesia. En su lugar, anunciaron un plan propio, cuyo pilar fundamental sería una comisión nacional de arbitraje que estudiaría caso por caso, que fijaría la cuantía y que repararía a las víctimas de los casos que hayan prescrito judicialmente, incluso si el acusado está muerto.

Pero nada cambió dentro de los muros de la Iglesia. Los escándalos sobre la gestión de la pederastia se acumularon como nubarrones sobre la sede de la CEE en Madrid. Primero tras la publicación de EL PAÍS de que los obispos habían ocultado de su informe más de 300 casos de pederastia que el resto de diócesis y órdenes admitían como válidos y, después, cuando las asociaciones de víctimas denunciaban que la Iglesia seguía desoyéndolas y negándoles una reparación económica. El que sí se movió fue el Gobierno, que en abril de ese año presentó un plan para indemnizar a las víctimas de pederastia del clero, con o sin la colaboración de la Iglesia. El paquete de medidas, basadas en las recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo, incluía un acto público de reconocimiento del Estado a los supervivientes. Los obispos, que rechazaron ese modelo mixto de reparación, se tomaron la noticia como “parte de un juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía jurídica” y “un señalamiento público”.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, intentó un acercamiento con la CEE y, tras un encuentro, instó al presidente de la CEE, el arzobispo Argüello, a “llegar a un acuerdo” para que la Iglesia aceptase su modelo mixto de reparación. Los obispos se comprometieron en un primer momento a trabajar juntos, pero plantaron a Bolaños y supeditaron reunirse con él después de aprobar su plan. Entonces, el ministro envió una última carta en la que advertía a la Iglesia que el Gobierno “no aceptará ninguna fórmula unilateral” para reparar a las víctimas. Todo el episcopado español acabó ratificando este julio el borrador del PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos), pero por el momento esa comisión de arbitraje no ha empezado a funcionar. La Iglesia afirma que aún no hay un plan de qué pasos deben dar los afectados para solicitar una compensación económica a dicha comisión.