Nueve víctimas de pederastia denuncian a la Conferencia Episcopal Española por filtrar sus datos en internet

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Nueve víctimas de pederastia clerical han denunciado a la Conferencia Episcopal Española (CEE) este lunes por difundir por Internet sus datos personales y los detalles de las agresiones sexuales que sufrieron hace décadas. La denuncia llega dos meses después de que este periódico revelara que los obispos españoles publicaron en su web entre el pasado diciembre y enero, durante al menos 18 días, la identidad de 45 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia y el relato de sus casos en un documento que debía ser confidencial, en el informe de la auditoría que la CEE encargó al bufete Cremades & Calvo-Sotelo sobre el escándalo. Pese a que los obispos se percataron del error y retiraron de su web el archivo con los datos, este siguió en Internet hasta cuatro meses después. Tras conocer la infracción, la jerarquía eclesial jamás lo denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), tal y como obliga el reglamento, ni avisó a las víctimas de la brecha de información ni tampoco, a pesar de admitir lo sucedido, ha pedido perdón. El bufete, responsable de recopilar los datos y el primero que avisó a la CEE del error, tampoco lo puso en conocimiento de la AEPD.

Los afectados acusan a la CEE de un delito de revelación de secretos y encubrimiento. Además, también han denunciado por los mismos hechos al director de comunicación de los obispos, José Gabriel Vera, al vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, y al bufete Cremades. La denuncia también incorpora al letrado Alfredo Dagnino, el socio de Cremades que filtró a la CEE un falso borrador de la auditoría, al que ahora los denunciantes acusan “de cometer el delito filtrando extraoficialmente datos personales e incluso confeccionar un informe paralelo que ha causado aún un daño superior a las víctimas”. Las penas por este delito incluyen cárcel e indemnizaciones millonarias.

El abogado de las víctimas, Luis Felipe Gómez Ferrero, señala que “independientemente de la gravedad que supone un delito de filtración de estos datos tan sensibles, la denuncia recoge el sufrimiento que han padecido durante décadas un grupo de personas que, además de haber sido agredidas sexualmente, han seguido siendo revictimizadas por la Iglesia”. Gómez Ferrero se refiere a algunos de los casos de las personas que él ahora representa, en los que la Iglesia conoció en su momento el delito, pero lo encubrió o, más recientemente, no les ha querido atender. “Prueba de esta revictimización es la negligencia con la que han tratado sus datos, sus historias y sus secuelas, algo que debe ser confidencial”, añade el abogado.

La ley especifica que, cuando se produce una brecha de seguridad, es el responsable del incidente, este caso la CEE, quien debe notificarlo a la AEPD en un plazo de 72 horas después de conocerlo, e incluso advertir a los afectados cuando se trata de datos extremadamente sensibles. Solo fue EL PAÍS el que comunicó la filtración el pasado 22 de abril para que la AEPD ordenara a la empresa que gestionaba los servidores donde aún estaba el documento que lo eliminara. La agencia, que confirmó entonces que nadie le había notificado la brecha, envió una orden de medida cautelar a dicha empresa tecnológica y esta finalmente retiró el contenido este mayo. Tras la publicación de EL PAÍS, la AEPD abrió una investigación de oficio que sigue en curso. Este procedimiento, paralelo a la posible causa que inician ahora las víctimas, puede alargarse durante meses y contempla sanciones que van de los 300.000 euros a los 20 millones, aunque nunca se ha alcanzado la cifra máxima.

El documento colgado por los obispos incluía una tabla con los datos personales de 45 personas que sufrieron agresiones sexuales a manos de miembros de la Iglesia, sus nombres y apellidos. Pero también un relato en primera persona de los abusos, la fecha y el lugar, la edad que tenían cuando fueron agredidas y si llegaron a denunciarlo en su momento. Salvo en una ocasión, los nombres de los presuntos agresores no aparecen en el informe. En muchas de las declaraciones, las víctimas reclaman que no se haga pública su identidad ni tampoco los detalles de su sufrimiento. “Mi familia no lo sabe”, aparece en la narración de un afectado.

La mayoría de afectados acudieron al bufete a contar su caso a petición de la propia CEE, después de que esta le encargara a Cremades una auditoría a comienzos de 2022 que reflejara la dimensión del problema de los abusos en la Iglesia española. No obstante, algunas víctimas afirman en su denuncia que fue el propio despacho el que las localizó, y no saben si fue gracias a que la CEE le transfirió sus contactos o fueron los responsables de las diócesis u órdenes religiosas que ya conocían su caso porque lo habían denunciado allí anteriormente. “Entendemos que tendrá que ser efectivamente investigado este hecho, pues si ha sido la CEE la que remite esos datos a Cremades (algo que parece imprescindible) sin el previo e imprescindible consentimiento de las víctimas, podríamos hallarnos ante un primer hecho enmarcable dentro de la revelación de secretos”, dice la denuncia.

La auditoría de Cremades se alargó hasta finales de 2023 tras varios enfrentamientos con los obispos, que intentaron intervenir en los resultados del informe del bufete. Primero introduciendo un topo en el equipo de investigación, el letrado y expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas Católicos, Alfredo Dagnino, que filtró datos a la cúpula eclesial y un borrador, sin permiso del despacho, con conclusiones sesgadas e incompletas. Cuando el bufete conoció sus maniobras, despidió a Dagnino. Y segundo, cuando Cremades entregó finalmente su auditoría el 16 de diciembre, el episcopado español no la presentó ante los medios, sino que publicaron el 19 de ese mes un documento propio, Para dar luz, para hacer sombra al trabajo de Cremades. Este nuevo documento era un copia y pega de la información que Dagnino le envió a la CEE, con menos casos registrados y donde solo consideraba creíbles una de cada 10 denuncias.

Los obispos colgaron finalmente el informe de la auditoría el 20 de diciembre, en una nota de prensa en su web que incluía un PDF de 956 páginas, una versión donde no figuraba el anexo de datos confidenciales. Sin embargo, después, la CEE modificó su comunicado y publicó el PDF de otra versión de la auditoría, con una portada distinta y de 984 páginas, que incluía esos datos sensibles.

Los obispos continúan atribuyendo a Cremades la responsabilidad del fallo y afirman que solo obedecieron al bufete, cuando este el 23 de diciembre les envió una segunda versión del informe para que la colgasen en su web. De cualquier forma, los obispos remacharon durante esos días que todo lo que colgaban en su plataforma había sido estudiado cuidadosamente antes. El bufete madrileño, consultado al respecto, explica que es la CEE quien cometió el error al hacer cambios en su nota de prensa y sustituir el informe sin los datos confidenciales que estaba en un principio por otro donde no se habían suprimido. El despacho subraya que fue él quien descubrió la brecha al consultar la web de los obispos y que avisó el 23 de diciembre por la tarde al director de comunicación de la CEE, José Gabriel Vera, y al vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal. La CEE retiró el PDF con información confidencial y lo sustituyó por la otra versión. Sin embargo, continuó siendo rastreable y accesible en internet en algunos servidores que ya lo habían copiado. Así estuvo hasta el pasado mayo.

El despacho asegura, no obstante, que no se eliminó otro enlace de la web de los obispos que seguía llevando al PDF con información de las víctimas. De nuevo, lo descubrió el bufete el 9 de enero, al hacer una búsqueda en Google y toparse todavía con el documento reservado. Dieron aviso y la CEE lo eliminó, pero este siguió en internet durante cuatro meses, hasta que este diario lo comunicó a la AEPD.