Danilo Rueda avanza en la paz total, pero se empantana en la implementación

El Gobierno de Gustavo Petro logró esta semana comprometer a la principal corriente de disidencias de las FARC a sentarse a una mesa de diálogos, un segundo proceso que se suma a las negociaciones en marcha con la guerrilla del ELN. Ese hito debería haber sido un momento de celebración para Danilo Rueda, el encargado de aterrizar la ambiciosa paz total con la que el presidente de Colombia se propone, además de negociar en simultaneo con el ELN y al menos una parte de las disidencias, adelantar una política de sometimiento para otros grupos criminales e implementar con mayor determinación el acuerdo de paz con las FARC. En lugar de eso, arrecían los reclamos para el alto comisionado de Paz, que luce desbordado por la cantidad de frentes bajo su responsabilidad.

Después de un año de acercamientos, la postergada mesa con el autodenominado Estado Mayor Central, encabezado por Iván Mordisco, se instalará el próximo 8 de octubre en el Catatumbo, acompañada de un cese al fuego de diez meses, según anunciaron las partes el martes pasado, después de tres días de reuniones en la zona rural de Suárez, Cauca, en un comunicado sin detalles sobre la agenda de negociación. El anuncio no detuvo la violenta arremetida de las disidencias en esa región del país, con una oleada de ataques que sembraron nuevas dudas sobre su voluntad de paz. El viernes, el grupo anunció una “suspensión de acciones ofensivas” contra la fuerza pública, que el comisionado de paz –que suele llamarlo EMC-FARC– atribuyó en un video “al clamor de las comunidades y las organizaciones sociales”.

Las críticas recurrentes al desempeño de Rueda, un defensor de derechos humanos que venía de dirigir la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, nunca se han ido del todo. Acostumbrado al hermetismo, le cuesta delegar. Muchos interpretan su cautela como una forma de opacidad y cuestionan que no se puede estar en todas partes al mismo tiempo. Además de los múltiples acercamientos con ese archipiélago de grupos armados, le corresponde otra tarea sobre la que se acumulan las críticas: fortalecer la implementación del acuerdo sellado a finales de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –que incluye un capítulo dedicado a las medidas para garantizar la seguridad de los excombatientes–.

Las disidencias, entre otras, son las principales responsables de los casi 400 asesinatos de exguerrilleros que sí se acogieron a los acuerdos. Rueda se excusó de asistir el miércoles a una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la seguridad de los excombatientes por encontrarse en Suárez, por lo que le llovieron reclamos no solo de la oposición, también de los dirigentes de Comunes, el partido heredero de las FARC que hace parte de la coalición de Gobierno. “No pudo ser peor la excusa del comisionado: no puede ir a la audiencia que tratará el tema de asesinatos de firmantes de paz porque está ocupado atendiendo a quienes los están asesinando”, escribió en sus redes sociales el senador Julián Gallo.

A las críticas se sumó, una vez más, el último líder de las FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko. “El presidente Petro ha dicho incansablemente que, para construir paz en Colombia, hay que implementar integralmente, en su letra y en su espíritu, el acuerdo de paz. Eso parece no haberlo entendido el comisionado de Paz, Danilo Rueda”, manifestó. “Su displicencia hacia el acuerdo de paz es una grave irresponsabilidad histórica que perjudica la construcción de una paz estable y duradera”, le espetó.

“Si no priorizan la implementación del acuerdo de paz, le van a dar más munición a las disidencias”, advierte la periodista y politóloga Juanita Vélez, cofundadora de la Fundación Conflict Responses (Core) y autora de Una guerra después. “El alcance de cada negociación es muy distinto, son demasiadas responsabilidades para una sola persona”, apunta sobre el comisionado de paz. Es una observación frecuente.

La idea de recuperar una Alta Consejería para la implementación, una suerte de gerente que pueda relevar a Rueda al menos en ese frente, algo en lo que Petro llegó a comprometerse en público, no ha cristalizado. “Este Gobierno ha mostrado una debilidad en cuanto a la capacidad de implementar lo ya pactado”, valora la analista Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group. “Tiene toda la voluntad, pero no la capacidad de avanzar en la implementación, y la protección de los excombatientes es parte de eso”.

Además de la implementación, el encaje de las disidencias en la paz total ha desatado desde el primer momento un espinoso debate. En plural, pues más de una facción se apartó de los diálogos de La Habana y mantiene sus vínculos con las economías ilegales. Para los más escépticos, concederles una vocería a nombre de una guerrilla que ya no existe es cuando menos inconveniente, y referirse a ellas como EMC-FARC desconoce el acuerdo de 2016. Hay una percepción extendida de que los disidentes ya tuvieron su oportunidad.

De momento, es claro que el Gobierno le ha concedido un estatus político al Estado Mayor Central, cuyos líderes más visibles no llegaron a firmar los acuerdos de 2016. Sergio Jaramillo, el comisionado de Santos que selló la paz con las FARC y ha intercambiado reproches con los negociadores de Petro, apuntaba el mes pasado ante la Corte Constitucional que reconocer al autodenominado EMC como un actor armado con estatus político es a su juicio “el peor error estratégico que se ha cometido en Colombia en los últimos 25 años y el daño más grande que se le ha hecho al proceso de paz”. Danilo Rueda navega en medio de corrientes agitadas mientras la paz total avanza a trompicones.

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