Colombia hace examen de conciencia

Más de 60 años de guerra marcaron a varias generaciones. El conflicto interno más largo del hemisferio occidental dejó cifras difíciles de imaginar. Más de 260.000 muertos, siete millones de desplazados, decenas de miles de desaparecidos. No hay un colombiano al que la violencia no le haya atravesado de alguna forma. Una sociedad a veces anestesiada ante tanto dolor se tendrá que enfrentar este martes a su propio horror. Ese al que el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 quiso poner punto y final. La Comisión de la Verdad, surgida de ese histórico pacto, presentó este martes el informe final después de más de tres años de trabajos para tratar de entender cómo fue posible que Colombia se desangrara durante décadas. “Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota”, arrancó el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre jesuita Francisco de Roux.

De Roux convocó en un discurso público al país a iniciar un periodo de reflexión y reconciliación tras una guerra en la que el 80% de las víctimas fueron civiles y solo el 2% de los muertos cayeron en combate. Para tratar de pasar página a un conflicto eterno de frentes difusos, convertido en un combate contra toda la sociedad colombiana. El informe final, aunque su carácter no es judicial ni vinculante, pretende abrir un debate para reflexionar sobre lo sucedido y evitar que vuelva a pasar.

Cientos de víctimas acompañaron a todos los comisionados –encargados de redactar el informe, con una extensión de miles de folios– en este acto central marcado por el discurso del padre ante la ruidosa ausencia del presidente saliente, Iván Duque, que se encuentra de viaje en Europa. Una ausencia que acaba por cerrar el círculo del escaso apego del mandatario a la Comisión de la Verdad y a todo lo que rodea al acuerdo de paz con las FARC firmado por su antecesor. Duque ni siquiera estuvo presente en la constitución de la Comisión. Quien sí participó, e incluso hizo su primer discurso desde las elecciones del pasado 19 de junio, fue el presidente electo, Gustavo Petro. “Hay expectativas de la paz, de una paz grande”, dijo.

El país escuchó desde la voz pausada del Padre Roux el horror de una guerra sin soluciones simplistas, en la que no hay buenos ni malos y en la que el mal anidó en todos los estamentos del Estado. Hizo afirmaciones rotundas, como que la estrategia de los llamados falsos positivos, por la que el ejército hizo pasar como combatientes caídos en combates a miles de víctimas civiles a cambio de prebendas, fue una política establecida y generalizada y no hechos aislados o puntuales. Una política que se aplicó de forma masiva durante el Gobierno de Álvaro Uribe, pero que también existió antes y continuó después, con el mandato de Juan Manuel Santos, muñidor del acuerdo con la guerrilla y Nobel de la Paz.

La Comisión ha publicado este martes dos capítulos fundamentales de su trabajo en estos años. El de síntesis de hallazgos, recomendaciones y conclusiones, con algo más de una decena de recomendaciones, servirá como resumen y punto de partida de un debate profundo que apunta en varias direcciones. El Ejército será uno de los ejes. La Comisión recomienda cambiar la doctrina que ha atravesado a las fuerzas de seguridad desde los años 50, incluso una década antes de la aparición de las FARC, en el marco de la Guerra Fría. La “doctrina del enemigo interno”, en la que la seguridad se vertebra en torno a la amenaza del comunismo. Unos militares entrenados durante décadas en la idea de que todo lo que no está conmigo, está contra mí.

La Comisión pide transformar un sistema de seguridad centrado en la guerra y no en la personas. Un Ejército dedicado a proteger las infraestructuras, las empresas, en la propiedad, pero que olvidó a la población que se vio envuelta en el conflicto. También incide en la Policía, con una referencia a la Constitución. El artículo 218 dice: “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. En realidad, se desprende del informe, la Policía defiende hoy al Estado y sus intereses. Una discusión que, como ya han hecho diferentes organismos internacionales, incluye la necesidad de separar la defensa de la seguridad, cobijando a la Policía bajo un paraguas diferente al del Ministerio de Defensa.

Para entender el conflicto es necesario también comprender la evolución de la guerrilla. En una imagen gráfica que va desde los campesinos alzados en armas en los 60 en Marquetalia hasta los comandantes de cadenas de oro y colecciones de caballos, enriquecidos con dinero del narcotráfico. Del himno guerrillero “El barcino” a los narcocorridos. El narcotráfico permeó el conjunto de la vida colombiana, ocupando un lugar político, económico, militar y territorial. El informe destaca que el narco intervino en el conflicto en ambos lados, llegando a tocar a la propia DEA.

Hay un momento clave en la guerra, al que fuentes de la Comisión se refieren como “el desmadre”. Entre 1998 y el año 2002 las FARC pensaban que iban a ganar la guerra, con siete frentes en los alrededores de Bogotá. La lógica de la violencia desmedida se impuso en todos los bandos. La guerrilla pensó que la cercanía de la victoria permitía cualquier cosa. El Ejército resolvió que todo estaba permitido para frenar esa derrota. Entre 1994 y 2010 se produjeron el 90% de las víctimas del conflicto.

Hacia adelante, el informe también hace un llamado a negociar lo que muchos han llamado la “paz completa”, con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la última guerrilla activa en Colombia después del acuerdo con las FARC. Nacido bajo el influjo de la revolución cubana en 1964, e inspirado por la teología de la liberación, el ELN se había sentado a negociar en el final del Gobierno de Santos, pero ese enésimo intento voló por los aires cuando Duque no había cumplido un semestre en el poder. La guerrilla perpetró un ataque con carro bomba contra una escuela de cadetes de la policía, en Bogotá, que dejó 22 muertos y decenas de heridos. Después del atentado, Duque desconoció los protocolos de ruptura firmados por las partes –incluidos los países garantes–, con lo que dejó en el limbo a la delegación negociadora del ELN en Cuba. Los desencuentros diplomáticos entre Bogotá y La Habana fueron la regla durante el resto de su mandato, mientras que los rebeldes se fortalecieron en distintos territorios, entre ellos a lo largo de la extensa y porosa frontera con Venezuela.

La cúpula del ELN, sin embargo, acaba de manifestar “su plena disposición para avanzar en un proceso de paz” con el Gobierno de Petro que retome las negociaciones que se habían iniciado en Quito en 2017. El presidente electo, de momento, ha anunciado que su ministro de Exteriores será Álvaro Leyva, quien asesoró la mesa de La Habana con las FARC.

Ante el tono dialogante que ha mostrado el próximo Gobierno, el informe aterriza en un ambiente favorable después de que los comisionados tuvieron que navegar por años en medio de la polarización. La Comisión también destaca la necesidad de discutir el modelo económico del país, un tabú para muchos, pero origen de la enorme desigualdad y la exclusión de muchas capas de la sociedad. El crecimiento prácticamente constante de una de las economías más estables de América Latina no ha venido acompañado de bienestar ni seguridad para muchos de sus ciudadanos, como dejó en evidencia el estallido social de los últimos años protagonizado por los jóvenes a lo largo y ancho de Colombia.

Aunque el trabajo de la Comisión culmina con su esperado informe final, cuenta con otros dos meses para socializarlo. Dignificar a las víctimas siempre ha estado en el corazón de su misión, y el miércoles habrá un evento con varios centenares de ellas en la Plaza de los Artesanos de Bogotá. El acuerdo de paz también ha contado con un robusto respaldo de la comunidad internacional, de manera que en las próximas semanas los comisionados visitarán Bruselas y Nueva York, las sedes de la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas, para presentar el informe. Esa gira internacional también los llevará a varias ciudades de España, Holanda, Alemania, Suiza y Estados Unidos.

Desde este mismo martes también entra en funcionamiento el Comité de Seguimiento y Monitoreo, encargado de revisar que se implementen las recomendaciones. Entre sus funciones estará publicar informes semestrales para evaluar los avances. Estará integrado por siete miembros por un periodo de siete años. Adicionalmente, la Comisión siempre ha sido parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos. Desde el comienzo fue concebida como el componente con el mandato más corto, pero los otros dos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, de más larga duración, recogerán el testigo de sus hallazgos. En busca de reconciliarse, Colombia se asoma a una verdad dolorosa pero reparadora.

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