Detrás de las cámaras de Salvatore Mancuso, el controversial símbolo entre los gestores de paz

“Hoy el país tiene aquí a Salvatore Mancuso, quien fue parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, victimario del pueblo de Córdoba”, fueron las palabras de Erasmo Elías Zuleta, gobernador de ese departamento, el día que el exjefe paramilitar recientemente pisó la tierra de donde es oriundo, y luego de dos décadas de haber estado privado de la libertad en Estados Unidos y en Colombia. Ese día frente a las cámaras, junto al presidente Gustavo Petro, Mancuso quería mostrar que venía a abonar el camino para cumplir con su principal compromiso desde que fue nombrado gestor de paz: contribuir a diseñar procesos de desarme en territorios donde él mismo tuvo injerencia. Pero la imagen no ha hecho sino generar aplausos por un lado y enorme suspicacias por el otro. La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo, se pronunció al respecto sin mencionar al exparamilitar pero pidiendo “garantizar la centralidad de las voces de las víctimas”. Detrás de las cámaras, casi ningún ciudadano, y especialmente casi ninguna de las víctimas del paramilitarismo, entiende bien qué hace un gestor de paz, qué hace Mancuso en su día a día, y porqué el Gobierno Petro ha sido tan insistente en que el temido excomandante paramilitar tenga un papel central en la Paz Total.

La figura de Mancuso ha sido uno de los tantos simbolismos del Gobierno. Su regreso a Colombia, que tomó más de 15 meses en trámites administrativos en Estados Unidos para ser deportado, tuvo una sólida injerencia del petrismo, asegura a este diario un exfuncionario que trabajó en esos acercamientos. “Desde Presidencia se enviaron varias cartas al Gobierno gringo porque no querían soltarlo”, asegura.

El nombre del exjefe paramilitar ha sido, quizá, el más reconocido de todos los nombramientos a gestores de paz que ha hecho este Gobierno. Hasta ahora, han hecho 18 designaciones, casi todos exintegrante de grupos armados con los que actualmente hay mesas de negociación activas. Del ELN, ha sido nombrado Juan Carlos Cuéllar (quien ocupa ese lugar desde 2005), Jairo Arrigis Guenis y Violeta Arango. Del Estado Mayor Central están Rolan Arnulfo Torres, Jhon Maro Ortiz, Jhon Janier Tróchez, Jeisson Ferney Lasso, Eusser Motta Meneses y Fáber García Guzmán. Por parte de la Segunda Marquetalia, los gestores son Zarzo Aldinever, Walter Mendoza, Giovanny Andrés Rojas, Alberto Cruz Lobo y Allende Perilla.

Mancuso es el único gestor de paz de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, una organización que técnicamente ya no existe y con la que ya no hay nada que negociar. Pero sí hay un diálogo de paz con sus herederos, el temido y poderoso Clan del Golfo, y a Mancuso le encomendaron la misión de tender puentes con grupos como ese. Desde su nombramiento, en agosto de 2023, han sido varios los exparamilitares que han tocado la puerta buscando ser gestores de paz, como Carlos Mario Jiménez (alias Macaco) o Jorge Tovar (alias Jorge 40), pero la dupla ya ha expresado internamente sus molestias al Gobierno por no tener la misma posibilidad de Mancuso. El excomandante paramilitar ha tenido un trato especial, y no solo en el Gobierno. Por su enorme conocimiento sobre los vínculos del paramilitarismo con el Estado, es el único exparamilitar que, de manera excepcional, ha sido aceptado como compareciente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial que nació en 2016 con el Acuerdo de Paz con las FARC.

Otra fuente del Gobierno que participó de los acercamientos con los abogados de Mancuso ha explicado que, aunque el Gobierno no designa un salario mensual para ninguno de los gestores de paz, ni está estipulado por ley que reciban una remuneración, sí tienen la obligación de garantizar su mantenimiento. Otra persona, quien trabaja en las negociaciones de paz, añade que una firma de abogados y dos asesores políticos manejan la agenda de Mancuso, sus reuniones con funcionarios del alto Gobierno, y también con integrantes de grupos armados con los que se reúne en prisiones o en zonas rurales. Reuniones para cumplir con los compromisos que adquirió ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Mancuso no se ha limitado, en todo caso, a tener un rol pasivo. En el evento de Córdoba, según dijo la persona que trabaja en los diálogos, fue idea de Mancuso poner sobre la mesa una denuncia: que miles de hectáreas, propiedades y dinero, que él ha entregado a la justicia desde 2008, no han ido a reparar a las víctimas. “Fue un punto que él mismo pidió incluir, más de su iniciativa que del Gobierno”, explica. Lilia Solano, la directora de la Unidad para las Víctimas, advirtió ese día que 400 bienes que Mancuso ha devuelto al Estado para reparar a las víctimas del paramilitarismo, no aparecían. La denuncia, si bien grave, le faltaba un porcentaje. Uno de los asesores en la Unidad, en diálogo con EL PAÍS, ha explicado que, si bien hay algunos predios sobre los que no se ha podido hacer seguimiento, al menos el 70 % de los predios de Mancuso sí se han sido restituido.

La figura de gestores de paz no es nueva ni de este Gobierno. Se viene utilizando desde 1997, cuando se creó la Ley 418 que dio vía libre para que los gobiernos designaran a exintegrantes de grupos armados o personas en prisión para que cumplieran tareas específicas que acercaran al Ejecutivo con los grupos al margen de la ley. Los recursos que designan para su protección, vivienda, manutención, esquema de protección y funciones los cubre la oficina del Alto Comisionado de Paz. Este diario intentó contactar a esa entidad para conocer detalles sobre los procesos vigentes, pero hasta la publicación de este artículo no habían emitido una respuesta. Aunque los beneficios de los 18 gestores están relacionados con la posibilidad de estar en libertad condicional, mientras sus procesos judiciales avanzan, una de las cláusulas de las resoluciones es clara en decir que, en caso de incumplir alguna de sus tareas, su designación será revocada. Hasta ahora apenas han retrocedido uno de los nombramientos.

Esa fue la suerte de Alexander Farfán, conocido como alias Gafas, un exguerrillero de las FARC que debía cumplir, desde su nombramiento el año pasado, con la misión de generar vínculos con las disidencias guerrilleras para agilizar su proceso en la mesa de negociación. Su nombre volvió a los medios luego de que apareciera en la liberación de Sandra Betancur, una concejala secuestrada el 16 de septiembre pasado en Argelia (Cauca), la zona de disputa del Estado Mayor Central y uno de los lugares donde el Ejército no ha podido retomar el control. EL PAÍS pudo confirmar con altas fuentes del Ministerio de Defensa que la resolución que lo nombraba gestor de paz fue revocada el 16 de julio pasado. De los otros 17 gestores de paz que quedan, sin embargo, todos los ojos están en Mancuso.