El ELN con el que tendrá que lidiar al próximo presidente
La última guerrilla activa en Colombia ha decretado un cese al fuego unilateral para allanar el terreno para un nuevo proceso de negociación
Cualquiera sea el candidato que gane las elecciones presidenciales, y releve a Iván Duque el próximo 7 de agosto, deberá decidir cómo enfrentar la amenaza que representa el Ejército de Liberación Nacional, conocido simplemente como el ELN. En lo más álgido de la campaña, la última guerrilla activa en Colombia ha decretado este lunes un cese al fuego unilateral durante las elecciones, además de mostrarse dispuesta a “reanudar los diálogos” de paz con el Gobierno que resulte elegido, congelados durante esta Administración.
La respuesta es más complicada que un sí o no. Para empezar, el próximo presidente tendrá tanto el mandato como el desafío de recuperar la seguridad en un sentido más amplio. El clima de deterioro de los últimos años incluye, entre otros fenómenos, el asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC, así como el aumento de las masacres, todo en medio de un rosario de denuncias de abusos de la Fuerza Pública. Ni siquiera la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, le significó al Gobierno Duque un respiro duradero, como se evidenció con el “paro armado” que impuso la banda después de su extradición.
En ese contexto, el próximo presidente debe definir cómo lidia con el ELN, y si está dispuesto a poner en marcha un nuevo intento de diálogo. La posibilidad de negociaciones ha sido una pregunta recurrente para los principales candidatos en la primera vuelta del 29 de mayo, y todos se han mostrado en mayor o menor medida dispuestos, aunque sin entrar en detalles. Desde el izquierdista Gustavo Petro, quien militó en su juventud en la guerrilla del M-19 y encabeza todas las encuestas, hasta el candidato de centro Sergio Fajardo. Incluso el independiente Rodolfo Hernández, cuya hija desapareció luego de estar secuestrada por el ELN. Y también Federico Fico Gutiérrez, el candidato de la coalición de derecha, por mucho el menos crítico frente al impopular Gobierno de Duque, aunque ha condicionado el diálogo a que la guerrilla deje de perpetrar ataques, incluidos aquellos contra la fuerza pública, una exigencia similar a la de Duque al comienzo de su mandato.
Nacido bajo el influjo de la revolución cubana hace más de medio siglo, e inspirado por la teología de la liberación, el ELN ha anunciado en múltiples ocasiones alto al fuego unilaterales. Los más recientes, con ocasión de la pandemia del coronavirus y las legislativas de marzo. Los analistas la consideran la última guerrilla activa después del acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy desarmadas y convertidas en un partido político con bancada en el Congreso.
De cara a las presidenciales de hace cuatro años, los rebeldes también habían declarado una tregua, pero en ese entonces estaba en marcha un proceso de negociación. Cuando Duque todavía no cumplía su primer semestre en el poder, el ELN perpetró un ataque con carro bomba contra la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, que dejó 22 muertos y decenas de heridos. Ese atentado hizo volar por los aires el diálogo que Santos había echado a andar al final de su mandato, y que ya languidecía desde que Duque, un crítico del acuerdo con las FARC, llegó a la Casa de Nariño en agosto del 2018.
La repercusión diplomática ha sido considerable. Luego del atentado, Duque desconoció los protocolos firmados por las partes –incluidos los países garantes–, con lo que dejó en el limbo a la delegación del ELN que se encontraba en Cuba. La hostilidad de Bogotá hacia La Habana ha sido la regla desde entonces. La isla albergó el proceso, como ya lo había hecho con las FARC, y amparada por los protocolos de ruptura se negó a extraditar a la cúpula negociadora del ELN. Cuando Estados Unidos decidió designar a Cuba como un “Estado patrocinador del terrorismo”, en enero de 2021, en la recta final de la Administración Trump, justificó su decisión en los reiterativos reclamos del Gobierno de Duque. Bogotá también ha denunciado con insistencia, incluso ante la ONU, que los rebeldes encuentran refugio del otro lado de frontera con Venezuela.
El balance de la política con respecto al ELN no es bueno, valoraban en febrero María Victoria Llorente y Jorge Mantilla, de la Fundación Ideas para la Paz, en una tribuna en este periódico. “El ELN es una guerrilla más robusta y con mayor capacidad militar de lo que lo era en 2018 cuando Duque fue envestido como comandante en jefe”, señalaba su análisis. “Se expandió en el nororiente del país sobre el eje de la frontera colombo-venezolana y transitó hacia un formato de guerrilla binacional, en parte como consecuencia de los desaciertos estratégicos del Gobierno en el manejo de las relaciones bilaterales y la ausencia histórica de una política de control fronterizo”. Hasta el anuncio de este lunes, el ELN había arreciado en varios momentos sus ataques a la fuerza pública.
La viabilidad de cualquier negociación pasa también por el escenario internacional, en el que se juega a varias bandas. Este periodo deja una insurgencia federada y binacional que ha buscado expandirse y consolidarse en nuevas zonas, apunta Mantilla, director de Dinámicas del Conflicto de la FIP, de manera que “Venezuela va a tener que jugar un rol fundamental”. La ecuación también implica mejorar las relaciones con Cuba, tan deterioradas durante la Administración Duque, e involucrar a Estados Unidos, por los asuntos relacionados con los pedidos de extradición de cabecillas y la inclusión del ELN en los listados de organizaciones terroristas.
Para Mantilla, las propuestas de los candidatos con respecto al ELN se han caracterizado por ser “panditas”. La guerrilla va a sentarse en la mesa con cualquiera que sea el próximo presidente, señala, aunque es incierto qué tan estructurada sea esa conversación. Desde la perspectiva del ELN, su negociación es con el Estado, de manera que el siguiente Gobierno probablemente va a tener que partir de la congelada agenda que se planteó en el 2016. En ese tipo de procesos, apunta, tan importante como lo que se habla frente a los micrófonos son los acercamientos que se hacen por debajo de la mesa.
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