Susana Muhamad: “Debemos investigar a los grandes capitales que están financiando la deforestación”

Susana Muhamad, designada recientemente como nueva ministra de Medio Ambiente en Colombia, es quizás la persona en el nuevo gabinete que mejor conoce al presidente electo. Ella, politóloga y ambientalista de 45 años nacida en Barranquilla, acompañó a Gustavo Petro las tres veces que él se lanzó a la presidencia —en 2010, 2018 y 2022— y estuvo a su lado cuando logró ganar la Alcaldía de Bogotá en 2011. Fue secretaria de Medio Ambiente en el gabinete de Petro en la capital, y más recientemente concejal hasta que el nuevo presidente la nombró en el cargo. Ahora será una ficha clave para la transición energética que ha prometido el nuevo Gobierno, una que permita depender menos de los combustibles fósiles y que refuerce la conservación de las selvas, bosques y ríos en unos de los países más biodiversos. Muhamad recibe a EL PAÍS una tarde en la que busca el tiempo para escribir una columna, hacer un video para redes, y hablar con otros dos medios de televisión. Se mueve rápido entre reuniones y entrevistas, viaja en su bicicleta de una a otra, pero una vez se sienta a tomar un expreso habla con firmeza de lo que, considera, es el Gobierno que logrará crear una economía más verde.

Pregunta. ¿Cuál fue el principal mandato que le pidió el presidente Petro al nombrarla?

Respuesta. Me puso frente a transformaciones que no son nada fáciles, que tienen que ver con que el sector ambiental se convierta en un regulador real de los devenires productivos y sociales del país. Hay un principal reto que es frenar la deforestación, pero también restaurar ecosistemas estratégicos y trabajar lo ambiental de forma que respete y garantice los derechos de las poblaciones. Por lo tanto, la relación con las poblaciones étnicas va a ser absolutamente crucial. También empujar la transición energética, que si bien es un tema que debe partir principalmente del sector Minas y Energía, sé que el presidente confía en mi criterio para imprimir la ambición climática necesaria.

P. ¿Qué es lo que más le preocupa del Gobierno saliente de Iván Duque?

R. La Operación Artemisa [operaciones militares para frenar la deforestación], que ha generado mucha tensión social y política en los territorios donde se ha aplicado. Artemisa deja estigmatizado al sector ambiental frente a las comunidades, porque es una lógica de militarización de la conservación. He recibido, con preocupación, que funcionarios de parques nacionales se sienten vulnerables en ciertos territorios porque las comunidades los ven como copartícipes de esas acciones militares. Tenemos el gran reto de recuperar la confianza de esas comunidades. Otro tema que me preocupa es la financiación, porque he visto un sector ambiental demasiado dependiente de la cooperación internacional y con poco presupuesto estatal.

P. ¿Qué nuevas estrategias plantea para frenar la deforestación en Colombia?

R. Hay que implementar el acuerdo de paz [del 2016]. Ésa es la principal estrategia, porque se está disparando la deforestación en territorios que eran regulados en la lógica de la guerra. Al salir las FARC, quedaron a merced de economías ilícitas y el Estado no llegó a controlarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar integralmente con todo el Estado a respaldar a las comunidades campesinas que hoy son utilizadas en masivas operaciones de deforestación. Eso pasa por la reforma rural integral, el Punto 1 del acuerdo de paz: titulación de las tierras para esas comunidades, obviamente no en las zonas sensibles ecológicamente ni en los parques nacionales. Necesitamos acuerdos sociales de fondo y, como dicen los campesinos, garantías para poder vivir bien. Eso implica generar un uso sostenible de los bosques y que las comunidades se beneficien de la conservación en términos de turismo, de bioeconomía, de aprovechamiento forestal sostenible. Por ahí pasa, por lo menos, el 40% del problema.

P. ¿Por dónde pasa el otro porcentaje?

R. Hay que ver qué hacer con esas economías ilícitas. Allí toca que funcione bien el programa de sometimiento a la justicia, para que podamos generar que muchas de esas personas, que de pronto hoy se están viendo empujadas a la ilegalidad, puedan regresar a la legalidad. Por último, fortalecer el control penal, pero eso no se hace a través del Ejército. Lo de ellos no son operaciones ni logística pequeñas, acá hay corrupción. ¿Cómo alguien va a la mitad de la nada y abre una carretera y tumba bosque y trae comunidades? Necesitamos fortalecer las capacidades de investigación criminal, tanto contra los lazos de corrupción en el mismo Estado que permite eso, como contra los grandes capitales que están generando este proceso. Creo que es un paquete complejo, no es una sola acción ni una operación militar lo que va a detener el problema.

P. ¿Continuará con algunas de las políticas de Iván Duque para combatir delitos ambientales?

R. La pregunta más bien es, ¿a quién queremos criminalizar? ¿Al campesino que tiene una motosierra y está bajo el poder de las disidencias armadas? Porque si te apuntan con un fusil, tú haces lo que te ordenen. ¿Dónde está el Estado para llegar a los puntos neurálgicos que mantienen estas gigantescas operaciones? Esto tiene que ver con lavado de activos, con corrupción en los gobiernos, con economías gigantescas. Podría decir que los financiadores de la deforestación están tranquilos en Bogotá, mientras el Ejército está persiguiendo al campesino.

P. Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales. ¿Cómo intentarán proteger su vida?

R. Tenemos que generar garantías para la participación democrática. Los liderazgos ambientales han sido estigmatizados por el Estado, porque se han opuesto muchas veces a proyectos públicos. Si el Estado no responde a las consultas populares, no respeta la consulta previa, no tiene mecanismos de diálogo democrático con estos liderazgos en zonas donde hay mucha violencia, pues estos liderazgos terminan estigmatizados, solos, aislados, y en peligro.

Un punto fundamental es aprobar el Acuerdo Escazú, que pone todo esto en el marco de los derechos humanos. Nos da un marco para reformas legales, para garantizar la participación de las comunidades para el licenciamiento ambiental. También queremos lanzar un plan integral de protección a liderazgos sociales, que tiene que ser transversal al Gobierno. No puede ser que ante una amenaza la única institución que responda es la Unidad Nacional de Protección del Riesgo, con un chaleco o una camioneta. Si hay una amenaza en los liderazgos es porque hay un conflicto. ¿Dónde está el Estado interviniendo en ese conflicto?

P. Francia Márquez, la nueva vicepresidente, es una reconocida líder ambiental. ¿Cuál va a ser su rol en el Ministerio?

R. No se ha definido, no hemos llegado a esas conversaciones, pero Francia Márquez tendrá un papel fundamental porque tiene una trayectoria de liderazgo ambiental importantísimo. Se vienen retos fundamentales como la reglamentación del capítulo 4 de la Ley 70, que se enfoca en los derechos ambientales de las comunidades afrocolombianas. Yo sé que ella también tiene en su corazón la agroecología, y nos proponemos trabajar en que esta transición del sistema productivo, para que la agroindustria tenga una vocación ecológica y no una de destrucción del medio ambiente. Sé que ahí hay respaldo político y el trabajo con ella va a ser muy importante.

P. Otro grave problema ambiental es la contaminación de los ríos por el uso del mercurio y la minería ilegal. ¿Cómo protegerlos sin criminalizar a pequeños mineros artesanales?

R. Hay que reformar al Código de Minas, que borró la minería ancestral o tradicional porque fue hecho para la entrada de las grandes multinacionales y las explotaciones gigantescas. El Código es súper inequitativo con la minería tradicional y comunitaria, y termina criminalizándola llamándola informal o ilegal porque no tenía título o no tenía licencia, cuando ha sido una actividad social y comunitaria hecha por años.

En Colombia hay tres niveles. Primero la minería artesanal, de batea, que se hacía en los ríos del Pacífico desde hace cientos de años y que no es mecanizada. Luego la gran minería, que necesita licencia y títulos. Y surgió un nuevo modelo, la minería de comunidades a pequeña y mediana escala, mecanizada, que tiene impactos ambientales que pueden ser graves si usan mercurio.

Entonces, en donde haya ecosistemas muy sensibles, hay que activar actividades económicas alternativas que puedan generar tantos o más beneficios que esa minería, en concertación con las comunidades. Eso se puede hacer con buenos programas de pago por servicios ambientales y de bonos de carbono, pero con reglamentación—porque hoy es el salvaje oeste con respecto a los bonos de carbono. Es un tema complejo, pero creo que las claves son la concertación y que la ley no estigmatice a los mineros artesanales.

P. ¿Piensa revisar las licencias ambientales de los proyectos de exploración petrolera actuales?

R. Estamos planteando una transición energética. El compromiso de campaña fue frenar la exploración adicional, extendiendo las reservas de petróleo que tenemos para que nos lleguen a 12 o 15 años, para plantear simultáneamente la ruta de la transición energética y bajar sustancialmente la dependencia de combustibles fósiles. Como los contratos de exploración ya firmados se respetarán, Colombia puede terminar encontrando nuevas fuentes de combustibles fósiles para la transición. Pero el Gobierno se propone lanzar un plan ambicioso de transición para reducir la dependencia de combustibles fósiles casi a cero. El Gobierno Duque se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 51% al 2030, en ocho años, entonces no podemos seguir con la dualidad de que la transición será algún día: empieza ahora y con este tipo de decisiones. Pero no vamos a poner en riesgo el abastecimiento de los combustibles mientras la transición se implementa, porque eso sería causar un caos económico que no nos permitiría avanzar.

P. La primera reforma del Gobierno de Petro es una tributaria. ¿Traerá impuestos verdes?

R. Nos estamos terminando de organizar con el ministro de Hacienda, entonces preferiría no referirme a eso hasta que tengamos eso totalmente acordado. Pero sí, estamos trabajando en ello.

P. A diferencia de otros ministros, usted tiene ya experiencia trabajando con Petro como secretaria de Ambiente de Bogotá ¿Qué lección le dejó esa experiencia?

R. Para mí fue un absoluto placer trabajar con Petro. Yo vengo del activismo ambiental y no creo que hubiera aceptado ser secretaria de un gobierno que no tomara lo ambiental en serio. Lo que hace que sea muy interesante esta posibilidad es que el presidente Petro tiene la agenda ambiental en su corazón y sabe las implicaciones de la transformación que eso conlleva. Petro me permitió todo el espacio para poder movilizar los objetivos ambientales de forma transversal al Gobierno.

P. ¿Qué opina de quienes dicen que Petro puede ser muy terco y soberbio con su equipo?

R. Que es terco, sí, pero en el sentido de que no sacrifica las metas de cambio. Muchas veces la burocracia, la lógica institucional, tiende a mantener el status quo, porque así podemos cumplir las metas, hacer lo que los gobiernos saben hacer y decirle a la población que cumplimos. Es difícil empujar los límites, y lo que Petro busca es que las transformaciones se hagan. Eso reta a una institucionalidad que preferiría que fuéramos más lento, que no tomáramos tantos riesgos, pero cambiar aspectos complejos de la sociedad requiere ese empujón, y en eso sí es terco. Pero no es una persona irracional. En mi experiencia, con él uno también tiene que empujarse a ser muy creativo y a no preguntarse por qué no se puede. Esa es nuestra tarea como equipo, buscar cómo podríamos cumplir con esa transformación.

P. ¿Ha cambiado el Petro de la Alcaldía al de ahora?

R. Sí, ha madurado mucho. Creo que el primer año en la Alcaldía fue como una bomba, como: ‘acá vamos a hacer el cambio de una’. Creo que ha entendido que las transformaciones necesitan consenso y diálogos con otros, y que sí se puede ser convocante, ser unificador alrededor del cambio. También creo que ha ganado en serenidad, y que entiende estratégicamente por dónde hay que caminar.

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