Colombia debe aplicar el acuerdo de paz si quiere frenar la deforestación

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha buscado mostrarse como un líder ambiental esta semana en el marco de la cumbre climática de Glasgow, la COP26. Durante su viaje a la ciudad escocesa, el mandatario se comprometió a que el país alcance para el año 2030 cero deforestación neta. Sin embargo, en ese horizonte de metas ambiciosas se presentan oscuros nubarrones. Ante la acelerada pérdida de los bosques, será imposible cumplir ese propósito sin una implementación más decidida de los aspectos más “verdes” del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC sellado hace ya cinco años, que se encuentran en gran medida estancados y sin financiación, ha advertido un informe del International Crisis Group (ICG).

Los bosques y selvas tropicales que revisten la mitad del territorio colombiano siguen bajo asedio. Aunque las expectativas sobre los dividendos ambientales de ese histórico acuerdo eran altas, el desarme de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no ha podido materializar, hasta ahora, esos buenos augurios. Por el contrario, la deforestación –la principal causa de cambio climático en el país– se ha disparado desde entonces. “Otros insurgentes y grupos criminales han intensificado sus actividades económicas (ganadería, tala, minería y cultivos de coca) y así acelerado la pérdida de bosques y selvas en áreas anteriormente controladas por la guerrilla”, destaca el informe ‘Bosques caídos: deforestación y conflicto en Colombia’, publicado este jueves.

Después de realizar más de un centenar de entrevistas a campesinos, funcionarios, militares o expertos, y de visitar departamentos como Caquetá, Meta, Chocó o Cauca desde el pasado enero para identificar las dinámicas, además de analizar los mapas de deforestación, el ICG señala que el Gobierno debe redirigir sus esfuerzos contra los delitos ambientales hacia los actores económicos que impulsan la destrucción de bosques, en lugar de los taladores más pobres.

El mensaje del presidente colombiano en los escenarios internacionales contrasta con la situación sobre el terreno, apunta Bram Ebus, analista del ICG. “Si el Gobierno no trabaja los acuerdos de paz, va a ser imposible cumplir con las metas con las que se comprometió Iván Duque en Glasgow”, dice en referencia a los puntos más relacionados con el medio ambiente en ese histórico pacto. Entre ellos, frenar la frontera agrícola, reintegrar excombatientes en economías rurales sostenibles, los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos o los proyectos de desarrollo rural en los municipios más golpeados por el conflicto –los PDET, en la jerga gubernamental–.

En armas, las FARC devastaron en muchos sentidos los ecosistemas durante más de cinco décadas de conflicto armado, reconoce el documento, pero “hay una clara diferencia entre ellos y la generación actual de grupos violentos que operan en las zonas rurales de Colombia”. La guerrilla tendía a restringir la deforestación en las áreas donde operaba, en gran medida porque las tupidas copas de los árboles dificultaban que el Ejército identificara sus campamentos desde el aire. Desde el desarme de la insurgencia, “la deforestación aumentó drásticamente, encabezada o promovida por nuevos y viejos actores armados, a menudo en férrea competencia entre ellos”, explica el ICG, al señalar al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia; a las disidencias de las FARC que se apartaron de las negociaciones y a los grupos criminales herederos de los paramilitares.

La deforestación, sin embargo, no ocurre exclusivamente a manos de las bandas ilegales, advierte la investigación. Muchos desplazados y otras víctimas del prolongado conflicto armado que Colombia busca dejar atrás también se han visto empujados a talar los bosques para sobrevivir. “En la primera línea de la disminución del bosque del país, algunos de estos campesinos se ven obligados a acatar las órdenes de los grupos armados, mientras que otros reciben pequeñas remuneraciones por su labor”.

En ese contexto, la ganadería, en teoría un negocio lícito, emerge como la principal causa de deforestación, por encima incluso de los cultivos de coca, la tala ilícita o la minería ilegal. “El Estado no ha logrado controlar diversas prácticas corruptas y criminales en el seno de la ganadería”, denuncia el ICG. “La tierra utilizada para el pastoreo a menudo se obtiene ilegalmente o se encuentra en zonas de protección ambiental. Las ganancias usualmente enriquecen a los grupos criminales que aterrorizan a la población local y perpetúan el conflicto”.

El Gobierno, concluye el informe, debe seguir dos rutas principales para enfrentar las amenazas entrelazadas del conflicto y la deforestación. “En primer lugar, debe enfrentar y responsabilizar de manera más efectiva a los criminales y grupos armados que están arrasando el bosque para obtener beneficios económicos”, apunta. Y en segundo, “atender mejor a las familias desplazadas y otras víctimas del conflicto que se ven obligadas a ampliar la frontera agrícola del país para poder sobrevivir”. La nueva ley contra delitos ambientales promulgada este año ofrece una oportunidad para repensar la campaña contra la deforestación y desarrollar una nueva estrategia enfocada en llevar ante la justicia a los delincuentes en las altas esferas de poder de empresas lícitas e ilícitas implicadas en la destrucción de los bosques, en lugar de los taladores, abunda en su diagnóstico. “Entre tanto, los esfuerzos renovados para cumplir con las iniciativas ambientales del acuerdo de paz de 2016 serán cruciales”.

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