“A la paz hay que tenerle paciencia”

“No hay ninguna entidad más importante para la sociedad excluida y vulnerable en este país que la Defensoría del Pueblo”, dice con convicción Carlos Negret (Bogotá, 1962). Este abogado colombiano de una tradicional familia política del Cauca se prepara para dejar, a finales de agosto, la jefatura de la Defensoría del Pueblo de Colombia, cargo que ocupa desde 2016, el mismo año en que se firmó el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. “Esto ha sido un trabajo en terreno, y lo hacemos como lo hacen los campesinos, los indígenas, los afro: en bote, en panga, en burro, a caballo o caminando”, apunta sobre una labor que decidió volcar a los territorios, de manera itinerante, alejado de Bogotá. El defensor, entre otras labores, acompaña a las víctimas y alerta sobre nuevas amenazas de violencia. Su despacho desempeña un papel clave en medio de la difícil implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla.

“La pandemia paró a todo el país, a la sociedad, a la Defensoría. Pero lo que nosotros vimos en estos casi cuatro años fue que la gente en las regiones se muere de hambre y se muere de miedo”, señala al referirse a los últimos meses, marcados por las medidas de confinamiento y las restricciones para viajar. Marzo, el mes en que se decretó la cuarentena nacional, lo sorprendió en Ginebra, Suiza, donde estaba como presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri), que congrega a más de cien países. Desde que regresó, ha mantenido un aislamiento disciplinado, que solo rompió para la liberación de dos auxiliares de policía secuestrados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la convulsa región del Catatumbo, en Norte de Santander. “Estamos próximos a salir en misiones humanitarias, porque la situación en región es muy grave. Las bandas criminales, las disidencias de las FARC, ELN, Caparros, Autodefensas Gaitanistas de Colombia [grupos herederos de los paramilitares], ya no se mueven de a 50 o de a 100, en bloques o columnas, se mueven sin camuflados, armados, y llegan a las veredas más lejanas de este país”, advierte.

Negret recita los nombres de ríos, municipios y veredas que ha visitado, los problemas que allí se ha encontrado y las jornadas que tiene pendientes. Convirtió esos maratónicos recorridos en su sello. Este periódico lo acompañó en noviembre a tres departamentos de los Llanos Orientales, uno de tantos parajes remotos donde se juntaron las violencias y aún arde la guerra que Colombia busca extinguir. “Si nosotros no vamos, no podemos recaudar lo que nos cuentan para que el defensor pueda incidir en políticas públicas”, se lamenta, aunque destaca que no han dejado de promover los derechos humanos y estar cerca de las comunidades de manera virtual. Atendió esta entrevista presencial el pasado jueves en la nueva sede nacional de la Defensoría, un flamante edificio en la localidad de Chapinero, en Bogotá, al que por ahora solo puede ir, con tapabocas y precauciones, hasta el 20 por ciento de los funcionarios públicos.

La conversación se produce en momentos en que el país sigue conmocionado por dos recientes casos de niñas indígenas violadas por militares, una menor embera chamí en Santa Cecilia, Risaralda (centro-oeste) y otra nukak makú en Guaviare (sur-oeste). “Hay un menosprecio por la humanidad indígena. Nosotros hemos rechazado de todas las maneras este hecho execrable, absurdo, ignominioso. Algo no está funcionando en la capacitación de las fuerzas militares y la policía nacional de la mano del ministro de Defensa, de este o del anterior o de muchos otros. No es normal. No debe haber ni una niña que sea abusada por un miembro de las fuerzas militares”, subraya.

Pregunta. ¿Habría que replantear la formación de los militares en Colombia?

Respuesta. Hacia el interior tienen que mirar lo que ellos llaman doctrina, que yo llamaría capacitación. Algo no está funcionando porque las Fuerzas Militares son 500.000 hombres, pero un solo hecho le hace mucho daño, porque alguien falló. Pero son muy repetitivos. Yo celebro que el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, haya salido a decir que tiene 118 casos desde el 2016. Celebro que la Fiscalía haya salido a decir que tiene más de 40 casos en población indígena. Pero tenemos que movernos todos muy rápidamente, y en especial el ministro de Defensa [Carlos Holmes Trujillo], que es el jefe de las Fuerzas Militares, para que indague qué está pasando en la capacitación y en la doctrina de los soldados, de los suboficiales, de los oficiales. Porque no puede tratarse nuevamente como un hecho aislado. Es que hay de por medio una niña en Santa Cecilia, una niña en Guaviare. No es fácil, porque la investigación es en zonas remotas, pero hay que colocar todo el presupuesto que sea necesario para que estos eventos no vuelvan a ocurrir.

P. ¿Cuál es el panorama de derechos humanos que se encontró y cual es el que deja?

R. Mientras los ciudadanos de Colombia no tengan opciones de vida, trabajo, empleo formal, no vamos a tener derechos humanos en Colombia. Con esta pandemia hemos descubierto que la gran mayoría de los colombianos éramos informales; tenemos que volvernos formales, crear más empleo. Tenemos que trabajar con la economía, porque de lo contrario nos trabajan las economías ilegales del narcotráfico y del oro ilegal. Cuando nosotros llegamos teníamos la ilusión de la paz, y yo soy un convencido de la paz. Hay que tenerle paciencia, está pactada a 15 años. Gracias al acuerdo con las FARC nos dimos cuenta que a los lideres y lideresas los asesinaban, porque lo que ocurría antes era que los enterraban. Y por eso tenemos un número X de desaparecidos. Hoy asesinan en cualquier vereda, y nos estamos enterando gracias al proceso de paz. La gente puede hablar. Pero cuando se asesina un líder se asesina la memoria, la democracia, a una vereda, a un municipio, a un barrio. Cuando asesinan a un líder lo están asesinando porque no está de acuerdo con el narcotráfico, con la economía ilegal del oro o no quiere dejar seguir tumbando madera.

P. ¿Qué es el posconflicto?

R. Es la tranquilidad de los colombianos. Es el poder caminar por las veredas, por los ríos, por los corregimientos, por las localidades como Chapinero, por los barrios en Cali, por las comunas de Medellín, tranquilos. Después de haber montado en mula 11 horas le pregunté a los indígenas kogui qué querían que le pidiera al Gobierno nacional: tranquilidad. La frase no es mía, es de ellos.

P. La sociedad colombiana no ha podido detener el asesinato de líderes sociales. Su departamento, el Cauca, es uno de los lugares más críticos. ¿Por qué el Estado es incapaz de llegar a estas regiones?

R. Los mismos problemas que tiene el Cauca los tiene Chocó, Nariño, el Catatumbo, el sur de Córdoba o el bajo cauca antioqueño. Si no nos movemos rápidamente en el sur del Meta, Guaviare y Caquetá vamos a tener los mismos problemas de atraso, de servidores públicos que no conversan con las comunidades, que no van. Hay violación de derechos humanos cuando hay corrupción. Y hay corrupción en todos estos lugares, y por eso no llega la alimentación escolar como tiene que llegar, no llegan las vías que están financiadas. Necesitamos una sociedad muy fuerte. El primer respondiente de los líderes sociales es su vecino. En Colombia desafortunadamente nos falta solidaridad, empatía. Si tenemos solidaridad y empatía, vamos a tener tranquilidad. El Catatumbo, como el Cauca, Nariño o Chocó, no solamente es narcotráfico, no solamente es coca. Hay cómo producir palma, café, arroz, frijol. El corazón del proceso de paz y la reincorporación es la sustitución de cultivos. Es ahí donde el país no se puede equivocar.

P. ¿Qué le aconsejaría a su sucesor o sucesora como defensor del pueblo?

R. Tener paciencia, prudencia, pertinencia y escuchar a la comunidad. Si uno escucha a la comunidad, sin afán, sabe qué está pasando en las regiones.