El Ejército colombiano admite que otra menor indígena sufrió abusos sexuales de militares

Los abusos sexuales perpetrados por militares contra niñas indígenas han desatado una oleada de indignación en Colombia y han vuelto a poner a las Fuerzas Armadas, golpeadas por una larga cadena de escándalos, en el centro de la polémica. La denuncia de que una menor de 15 años de la etnia nukak makú fue retenida y violada durante varios días por un grupo de uniformados en un batallón del Ejército en el departamento del Guaviare (suroriente) se conoció este lunes, cuando el país aún no supera la consternación por la violación colectiva de otra menor de 13 años del pueblo embera chamí por siete soldados que aceptaron los cargos la semana pasada en Risaralda (centro-occidente).

El caso de la niña nukak makú, un pueblo nómada que ha sido uno de los más afectados por el conflicto armado, ocurrió el año pasado en una zona de varios asentamientos dentro de un resguardo indígena a unas tres horas de San José del Guaviare. El 8 de septiembre la menor fue reportada como desaparecida y solo volvió a aparecer cinco días después completamente desnuda, luego de permanecer encerrada en el batallón Joaquín París, donde fue sometida a todo tipo de abusos, señaló el analista Ariel Ávila en el canal digital de la revista Semana. “Por las condiciones de lo que relató la niña y las indagaciones, podría ser considerado incluso un caso de esclavitud sexual”, valoró Ávila –subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y columnista de este periódico– al dar la exclusiva, sustentada en los informes de siete instituciones.

La menor, que no habla español, “fue retenida contra su voluntad” y dice que estuvo sometida a “acceso carnal violento” por integrantes del Ejército que la llevaron al campamento que tienen a la entrada de la vereda, se lee en uno de los informes de la Defensoría del Pueblo. “Allí no le daban ni de comer ni de beber y luego la dejaron desnuda deambulando por la carretera”, relata el documento, que asegura que los hechos fueron informados a la Fiscalía, la Policía y al mismo Ejército. “El batallón de Infantería No. 19 general Joaquín París, tan pronto tuvo conocimiento de lo ocurrido, inició la indagación disciplinaria”, informó el Ejército este lunes, en un comunicado que confirma la denuncia, que la investigación penal corresponde a la Fiscalía y acepta que “involucra a personal militar”, sin entrar en detalles.

El caso de la niña embera chamí en Risaralda ya había estremecido a diversos sectores de la sociedad, y este lunes había en marcha algunos plantones para reclamar justicia. “La relación entre los pueblos indígenas y el Ejército por lo general es tensa”, había señalado Gerardo Jumí, una autoridad embera, en una entrevista en La W Radio en la que denunció que “el abuso sexual contra mujeres indígenas es frecuente, pero es invisibilizado y silenciado”. El equipo de Ariel Ávila ha adelantado que investigan otras cinco denuncias de violaciones por parte de militares en esa región de Guaviare. “Hay un menosprecio a la humanidad indígena. Esto no puede ocurrir, esto no es un hecho aislado, esto no se puede tratar como un hecho aislado”, señaló este lunes el defensor del Pueblo, Carlos Negret, al confirmar las gestiones de su despacho en el caso de la menor nukak makú, en el que estarían involucrados ocho militares.

Los dos crímenes confirmados han irrumpido en una agenda política y mediática que estaba volcada a la atención del coronavirus. También han avivado la renovada discusión jurídica en torno a la cadena perpetua, una reforma constitucional recientemente aprobada por el Congreso para los violadores y asesinos de niños, así como multiplicado los cuestionamientos sobre la moral en el Ejército y la doctrina militar. Los casos se suman a una larga cadena de escándalos militares que van desde las ejecuciones extrajudiciales de civiles hasta el espionaje de opositores políticos y periodistas en un país que busca pasar la página del conflicto armado con las FARC. El presidente Iván Duque condenó sin matices a los siete soldados de Risaralda, e incluso apeló a la cadena perpetua –que aún debe ser reglamentada y pasar el filtro de la Corte Constitucional–, pero hasta el momento ha mantenido silencio sobre el caso de Guaviare.