La violación de una niña indígena por un grupo de militares conmociona Colombia

La violación colectiva de una niña indígena del pueblo embera chamí ha conmocionado a Colombia. Las primeras pesquisas apuntan a un grupo de soldados del Ejército, y la Fiscalía General ya asumió una investigación urgente sobre el abuso sexual ocurrido este lunes en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, en el centro del país.

Los militares pertenecen al batallón San Mateo, señaló el Ejército en el comunicado en el que confirmó que “el deplorable hecho fue colocado en conocimiento del comandante de la unidad por parte de un suboficial”, y de inmediato fue denunciado a las autoridades competentes. “De la mayor gravedad y completamente reprochable abuso sexual a niña indígena por parte de soldados, denunciado en Pereira”, la capital de Risaralda, manifestó en sus redes sociales el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al anunciar que dio instrucciones de colaborar en la investigación. “Los responsables merecen una sanción severa”, apuntilló.

Las autoridades indígenas de Pueblo Rico, por su parte, han dicho que la menor de 12 años pertenece a un resguardo de la zona, fue secuestrada el domingo y agredida “por un número indeterminado de soldados”. La encontraron la noche del lunes cerca de un colegio de la zona y la trasladaron al hospital. La Fiscalía señaló en un primer momento a ocho soldados como “presuntos autores”, pero después solo imputó a siete: seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.

Los detalles, que se han ido conociendo a cuentagotas, sacudieron a diversos sectores. “Este acto levanta interrogantes sobre la moral en el Ejército y nos llama a reconocer la verdad del machismo y el racismo que somos como sociedad”, señaló la Comisión de la Verdad, que trabaja en un informe final sobre los crímenes más graves en más de medio siglo de conflicto armado. Los agresores “deshonran la fuerza pública e hieren a un país que exige justicia”, valoró el procurador general, Fernando Carrillo. “La relación entre los pueblos indígenas y el Ejército por lo general es tensa”, apuntó por su parte Gerardo Jumí, un líder embera. Las autoridades ancestrales han pedido que los responsables pasen primero por la justicia indígena –reconocida en Colombia– antes de ser llevados ante los tribunales.

El caso agita el debate en torno a la violencia contra los menores en un momento especialmente delicado. El Congreso aprobó la semana pasada la reforma constitucional que permite la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, un viejo anhelo de los sectores más conservadores que contó con apoyo decidido del Gobierno de Iván Duque. La polémica reforma, criticada por expertos y académicos, todavía enfrenta el filtro de la Corte Constitucional.

El mandatario no tardó en enmarcar este crimen en la renovada controversia sobre la cadena perpetua. “Este país tiene que enfrentar, con contundencia y con drasticidad cualquier agresión a un menor. Cualquier asesinato o cualquier violación, sea quien sea. Y aquí no podemos ser tolerantes frente a ninguna de esas conductas. Tenemos que ser drásticos”, declaró este miércoles tan pronto trascendió la noticia. “A mí me duele que se señale a miembros de la Fuerza Pública de haber cometido una violación de una niña indígena pero vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones. Y si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, la vamos a estrenar con ellos”, aseguró, a pesar de que esa no es una función del Ejecutivo y la reforma aún requiere varios proyectos para reglamentarla. “Seremos implacables en la investigación y tenemos que ser implacables en la sanción”, concluyó el presidente.

Entre enero y mayo de este año se han realizado algo más de 7.500 exámenes por presunto abuso sexual en Colombia, de acuerdo con las cifras del Instituto de Medicina Legal. En cerca de 6.500 de esos casos, las víctimas eran menores de edad. El año pasado, más de 22.000 menores fueron víctimas de delitos sexuales, según el organismo forense.