Colombia corona múltiples liberaciones de secuestrados en cuestión de horas

El enfrentamiento armado no da tregua en Colombia, ni siquiera en medio de la pandemia del coronavirus. Los grupos ilegales se mantienen activos en muchas regiones, ajenos a las medidas de confinamiento que de a poco dan paso a un proceso de reactivación económica. Pero el trabajo humanitario tampoco desfallece. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), desplegado hace más de medio siglo en los territorios más golpeados por la violencia, ha tenido un fin de semana particularmente agitado, con tres operaciones distintas que permitieron la liberación de siete personas.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia tras el acuerdo de paz con las extintas FARC, liberó en la tarde de este domingo a cuatro civiles y dos expolicías que mantenía secuestrados en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Un primer grupo fue entregado en la zona rural de Teorama a una comisión de la Defensoría del Pueblo, la iglesia católica y el CICR, y luego hubo una segunda entrega en Tibú, ambos municipios en la convulsa región del Catatumbo.

Al final de la noche, el CICR confirmó una tercera operación humanitaria en la que recibió en un paraje rural de Antioquia a un menor de edad en poder del Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante del país, que se autodenomina como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El joven fue trasladado a Medellín, la segunda ciudad del país y capital del departamento, para entregarlo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Las operaciones se realizaron bajo estrictos protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio de la covid-19, como se evidenció en las imágenes que divulgó el CICR, donde incluso se observa el uso de mascarillas. La organización humanitaria recordó en un comunicado que facilitó estas liberaciones “como intermediario neutral e independiente y gracias al diálogo bilateral y confidencial que sostiene con todas las partes del conflicto armado”.

Después del acuerdo de paz sellado a finales de 2016 con las FARC, la Cruz Roja considera que persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales en Colombia. De ellos, cuatro son entre el Gobierno y algún actor armado –el ELN, el Ejército Popular de Liberación, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC– y uno entre el ELN y el EPL en la región del Catatumbo. En lo que va del 2020, 14 personas que estaban en poder de grupos armados han recuperado su libertad en operaciones humanitarias del CICR.

Las de este fin de semana, un puente festivo en Colombia, se producen también después de que la semana pasada el procurador general, Fernando Carrillo, denunció ante la Fiscalía un marcado aumento del reclutamiento forzado de menores en medio de la pandemia. Algunas de las estrategias de los grupos armados ilegales incluyen fiestas clandestinas, amenazas a las familias para “entregar” a sus nietos o hijos a la guerra y el uso de redes sociales para llamarlos a unirse, detalla la denuncia de la Procuraduría.

Sin un proceso de diálogo en el horizonte, el ELN, con un largo historial de secuestros, se ha venido fortaleciendo hasta convertirse en el mayor grupo armado del país. La guerrilla guevarista declaró un alto al fuego unilateral durante el mes de abril como “un gesto humanitario” en medio de la crisis sanitaria, pero cumplido el plazo decidió no prolongarlo. Junto a las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz se mantienen como los grupos con mayor actividad, de acuerdo con el análisis de la Fundación Ideas para la Paz sobre las dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario en los primeros cuatro meses del año.

Después viene justamente el Clan del Golfo –y luego una escisión de esta estructura conocida como Los Caparros–. Surgido tras la desmovilización de los grupos paramilitares en 2016, el Clan del Golfo reúne a remanentes de esos escuadrones y es considerado el cartel más poderoso, aunque se ha visto diezmado luego de varios años de cacería policial. Su máximo capo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, es uno de los hombres más buscados del país y se ofrecen cinco millones de dólares de recompensa por su captura. La banda ha propuesto algún tipo de proceso de sometimiento a la justicia que nunca ha llegado a concretarse.