Fedea propone que las ayudas no contributivas sean más accesibles para inquilinos que para propietarios

El diseño de las ayudas no contributivas para las rentas más bajas debe ser siempre evaluado por los poderes públicos para determinar su eficacia. En este terreno, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha lanzado este lunes una propuesta consistente en que, a la hora de establecer la renta que se tiene en cuenta para determinar el acceso a dichas ayudas, a aquellos solicitantes que tengan una vivienda en propiedad se les incluya un alquiler imputado (es el valor económico que la Administración atribuye a quienes residen en una vivienda en propiedad sin pagar alquiler).

Esto significaría que a la renta que determine su umbral de pobreza para el cobro de estas ayudas se les sumaría una cantidad equivalente al ahorro que tienen por no pagar alquiler. De esta forma, se elevaría teóricamente su renta disponible y, por lo general, se endurecería su acceso a las prestaciones no contributivas, formadas principalmente por las pensiones asistenciales; el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas autonómicas; o los complementos de mínimos a las pensiones contributivas. En contraposición, se mejoran las prestaciones de quienes no tienen vivienda propia.

Así, el director de Fedea y autor de este trabajo, Ángel de la Fuente, explica que este ajuste a la hora calcular las necesidades de los hogares más pobres, “cambiaría apreciablemente la distribución de la renta y el umbral de pobreza de una forma que seguramente reflejaría mejor la capacidad de los hogares de hacer frente a sus necesidades básicas, pues aquellos que cuentan con una vivienda en propiedad no necesitan dedicar una parte de sus ingresos a pagar un alquiler y cuentan por tanto con mayor holgura para hacer frente a otros gastos”.

Actualmente, un solicitante de una ayuda asistencial que gane 1.300 euros al mes y viva de alquiler tiene la misma renta computada para acceder a estas prestaciones que alguien que gana ese mismo dinero y tiene vivienda propia sin hipoteca. Pero, con el ajuste que propone Fedea, el propietario sería considerado como alguien con mayor capacidad económica, ya que no gasta parte de su ingreso en vivienda, frente a quienes sí pagan un alquiler.

Dicho esto, la propuesta de Fedea precisa que el alquiler imputado que se sume a la renta disponible del propietario que solicite estas ayudas sea “neto de los pagos de intereses hipotecarios”. Así, el dinero que se sumaría a la renta de estos solicitantes sería la diferencia entre el alquiler imputado y los intereses hipotecarios pagados. Es decir, lo que queda después de restar los costes financieros de la hipoteca.

En definitiva, este ajuste tendría como fin medir más adecuadamente tanto las necesidades del hogar, cuya cobertura se quiere asegurar con la renta mínima que se haya solicitado, así como la renta del solicitante previa a la prestación, explica De la Fuente. En su opinión, esta buena medición es esencial para que los poderes públicos “se aseguren de que las prestaciones de rentas mínimas cumplen satisfactoriamente su objetivo de asegurar una cierta suficiencia”.

En este sentido, en el momento de determinar las necesidades de un hogar, “parece razonable ligar explícitamente las rentas mínimas con el umbral de pobreza, hacia lo que ya se está avanzando en años recientes”, indica este economista. Así, aconseja avanzar con esta vinculación, adaptando las escalas que se utilizan para adecuar las rentas mínimas al tamaño y composición del hogar y las que se usan para calcular los umbrales de pobreza oficiales para hogares de varios miembros. De esta forma, “se evitaría el sesgo contrario a los hogares de mayor tamaño que ahora se observa en muchos casos como consecuencia del tope artificial que se impone a la prestación total por hogar”, señala este documento.

Eliminar ayudas energéticas y al alquiler

En este trabajo, titulado Prestaciones no contributivas y medidas de protección para colectivos vulnerables: un panorama y algunas reflexiones, De la fuente se decanta también por este tipo de ayudas asistenciales con cargo a los presupuestos públicos como “el instrumento más clásico y seguramente más equitativo y eficiente de lucha contra la pobreza”.

Por el contrario, el investigador de Fedea considera que lo que él denomina “ayudas condicionadas”, en referencia básicamente a las ayudas al alquiler de vivienda y a las ayudas energéticas, son “ineficientes porque imponen restricciones sobre su uso que, en condiciones normales, sólo pueden reducir el bienestar”. En consecuencia, continúa De la Fuente, “sería aconsejable eliminar tales ayudas e integrar los recursos destinados a las mismas en el presupuesto destinado a transferencias no finalistas a los hogares de menor renta”, como las citadas prestaciones no contributivas.

Finalmente, Fedea se refiere en esta reflexión a un tercer tipo de ayudas a las que también saca más defectos que a las prestaciones asistenciales. Se trata de las medidas del tipo “escudo social”, en las que, por ley, se ofrece protección especial a ciertos colectivos en sus relaciones económicas con otros agentes privados. Para De la Fuente, dichas medidas “suelen traducirse en un endurecimiento de las condiciones de contratación de individuos con similares características en el futuro”. Y pone como ejemplo la previsible reacción a futuro de potenciales arrendadores de vivienda ante la prohibición de expulsar a aquellos inquilinos morosos que tengan hijos menores para recuperar su vivienda. Además, concluye que, los costes generados por estas intervenciones públicas “son poco visibles y suelen recaer de forma esencialmente aleatoria y por lo tanto poco equitativa sobre agentes privados”.