El 70% de los inquilinos de Madrid y Barcelona no confían en ser propietarios porque no heredarán

La mayoría de las personas que viven de alquiler en Madrid y Barcelona no podrán comprar una vivienda y la condición de inquilino perpetúa las desigualdades económicas. Son dos de las conclusiones del estudio De propietarios a inquilinos. Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad publicado este miércoles por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (Idra). El informe revela que el 70% de los encuestados en las dos grandes ciudades españolas no esperan heredar. Y de los que reciban una propiedad, el 80% tendrá que compartirla. También constata que la condición de inquilino no se limita a la etapa de emancipación: son inquilinos la mayoría (53%) de los jóvenes hasta 29 años, pero también viven de alquiler más de un tercio de los ciudadanos de entre 30 y 44 años. Se trata de datos muy superiores a los que el INE ofrece para el conjunto de la población española (un 15,4% de la población vive en casas arrendadas a precio de mercado) y de sus propias comunidades autónomas (en ambas, la población inquilina ronda el 20%).

Sobre la brecha entre arrendatarios y arrendadores, el estudio constata los dos extremos. En un lado, los alquileres suben, los inquilinos pagan cada vez más y el precio de compra y los tipos de interés les alejan de la propiedad. En el otro, los caseros que alquilan se enriquecen más y la mitad de las transacciones de vivienda las hacen personas que ya son propietarias. “El mercado del alquiler opera como un gigantesco mecanismo de transferencia de la población que menos tiene a los sectores más adinerados”, señala Jaime Palomera, coautor del trabajo y durante unos años portavoz del Sindicato de Inquilinas de Barcelona. Los hogares inquilinos tienen una renta media de 22.183 euros anuales, menos de la mitad de la renta de los hogares rentistas, 46.725 euros.

El trabajo recuerda, además, que los inquilinos que quieren comprar “compiten con individuos e inversores que ya poseen viviendas en propiedad y patrimonios muy elevados”. Lo ilustra con datos como que en los últimos años la mayoría de compras se hicieron al contado, que el 15% fueron realizados por extranjeros no residentes, y que entre 2008 y 2020 casi la mitad de las viviendas inscritas en el registro por primera vez son de empresas que tienen más de ocho propiedades. “La diferencia cada vez mayor entre la población inquilina y propietaria profundiza el papel del mercado de alquiler como vector de desigualdad social”, señalan los autores.

El informe está basado en 1.023 encuestas en Barcelona y 1.170 en Madrid a mayores de 16 años, una muestra que Idra ha elegido en base a cuotas de la estructura social (a partir del Censo de Población y Viviendas de 2021 y de la Encuesta Sociodemográfica de Barcelona de 2022) y con un trabajo “puerta a puerta” que buscaba que la muestra fuera “representativa de la población no propietaria”, explica Palomera. Las encuestas se realizaron en línea y de forma presencial con una decena de personas recorriendo barrios de las dos ciudades. El trabajo también bebe de datos de mercado de fuentes como el Consejo General del Notariado, el Colegio de Registradores de España, la Dirección General del Catastro, la OCDE o Funcas.

Otro de los datos destacados es mientras solo un 14% de la población española vivía de alquiler en España en 2023, los hogares formados por personas nacidas en el extranjero viven mayoritariamente alquilando y además la posibilidad de heredar en este caso es menor (ocho de cada 10 no tienen esa expectativa). “Los hogares jóvenes y migrantes dependen desproporcionadamente del alquiler, enfrentándose a mayores dificultades para acceder a una vivienda en propiedad. Y la posibilidad de herencia, otro posible mecanismo de llegada a la propiedad, es también limitada para esta población”, apunta el informe.

En su tramo final, el trabajo cuestiona las medidas que han tomado las Administraciones públicas y lanza recomendaciones de políticas “que faciliten el acceso a la vivienda y reduzcan las brechas que dividen la sociedad”. Sobre las soluciones actuales, entiende que políticas como el bono joven para pagar el alquiler o avales para comprar hipotecas “terminan transfiriendo recursos públicos a caseros y bancos”. “Sin una regulación efectiva de los precios del alquiler, la disponibilidad de subsidios puede llevar a los caseros a aumentar las rentas”, escriben los autores.

En cuanto a las recomendaciones, la principal es incrementar la oferta de “alquiler residencial de larga duración y a precio regulado”, contando con las viviendas vacías (3,8 millones, el 14% del parque total, según el INE) o turísticas (351.000, según el INE también). También apuesta por transferir los activos de la banca en manos de la Sareb a los ayuntamientos para convertirlos en alquileres púbicos o que las Administraciones compren inmuebles mediante el sistema de tanteo y retracto (por el que las instituciones públicas tienen derecho de compra preferente). El estudio también contempla la construcción de vivienda protegida (VPO) y fomentar la vivienda cooperativa. Idra apuesta asimismo por medidas fiscales: aumentar los impuestos a la propiedad (patrimonio, sucesiones o IBI) y subir la fiscalidad que proporcionan las rentas de alquiler. Por último, sugiere la prohibición de la compra de vivienda si no es para vivir en ella (y cita los casos de Canadá o Países Bajos, que han limitado la compra de no residentes e inversores) e “impuestos para desalentar la acumulación de propiedades y fomentar su democratización”.