El Gobierno descarta ahora castigar a las autonomías por incumplir la ley de vivienda, pero premiará a las que cumplan

La conferencia sectorial de Vivienda se ha convertido este jueves en el epicentro de un nuevo conflicto político entre el Partido Popular y el ministerio que encabeza Isabel Rodríguez García a consecuencia del cumplimiento de la Ley de Vivienda. En este clima de tensión, la ministra ha matizado su discurso de la semana pasada, en el que amenazó con retirar financiación a las comunidades que no cumplieran la norma, y en esta ocasión se ha comprometido a premiar a aquellos territorios que implementen efectivamente las medidas establecidas. “Esta ley permite que, atendiendo a su literalidad, hoy pudiéramos estar bajando el precio de todos los alquileres de las zonas tensionadas en un 5%, beneficiando de esta manera a las familias, y que al mismo tiempo los caseros pudieran tener una bonificación fiscal de hasta el 90%. ¿Por qué no lo hacemos? No lo entiendo e intuyo que la ciudadanía tampoco”, ha declarado Rodríguez ante los medios antes de la conferencia sectorial.

La ministra ha prometido que “no faltarán recursos por parte del Gobierno de España”, siempre y cuando las comunidades cumplan las normas. “Lay ley nos obliga a todos”, ha dicho. La normativa contempla que es competencia de las autonomías declarar zonas tensionadas y fuentes del ministerio han detallado que de lo que se trata es de “premiar” a quienes sí reconocen un problema en esta materia, aplicando medidas extraordinarias. “No se trata de castigar a las insumisas quitándoles fondos, pero sí premiar a las que lo están haciendo bien”, recalcan dichas fuentes.

Previamente a estas declaraciones, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, denunció lo que los populares consideran un “chantaje” por parte del Gobierno. “No toleraremos la amenaza y el chantaje de la ministra Isabel Rodríguez de retirar los fondos a las comunidades autónomas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su ley y que se ha demostrado que es perjudicial para los ciudadanos”, ha precisado en un comunicado firmado por 13 territorios, incluidos Ceuta y Melilla. Además, ha reclamado al ministerio que “dialogue con los representantes políticos para alcanzar acuerdos, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en general y la de la vivienda en particular”. La ministra dijo la semana pasada que se planteaban retirar financiación a comunidades que no aplican la ley, pero no señaló a qué tipo de incumplimientos se refería, ya que el control de precios es solo unas de las iniciativas que recoge la norma, que también orienta otras políticas como la construcción de vivienda pública.

A pesar de la tensión política entre Gobierno y oposición, la conferencia sectorial ha ratificado hoy, por unanimidad, el reparto de los 200 millones de euros del bono alquiler joven. Esta ayuda, que se fija en 250 euros al mes durante un plazo de dos años para cada joven, busca apoyar la emancipación de los jóvenes, quienes enfrentan serias dificultades para acceder a un hogar. El reparto de los fondos se hace bajo criterios de población. En consecuencia, se prevén 34,2 millones de euros para Andalucía, 31,8 millones a Madrid y 29 millones para Cataluña. A pesar de que la ministra insistió en las últimas semanas en que exigiría a las autonomías que aportasen una cantidad complementaria a esta ayuda, el acuerdo finalmente se ha zanjado sin que exista la obligación de una corresponsabilidad financiera.

En el encuentro, la ministra de Vivienda también ha presentado un informe relativo al Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana del Plan de Recuperación. Según el documento, el Gobierno ya ha transferido a las comunidades autónomas 4.328 millones de euros de los 5.500 que se encuentran dentro del plan, es decir, el 85% de la partida. Con estas inversiones, están planificadas 24.463 viviendas, 47.000 rehabilitaciones a través del programa de barrios, y la tramitación de otras 600.000 casas en rehabilitación a través de las convocatorias autonómicas. Además, se ha puesto sobre la mesa los puntos a tratar en el diseño del próximo Plan Estatal de Vivienda, en el que se trabaja desde el mes de julio.

Según fuentes ministeriales, es en el nuevo Plan Estatal en el que se plasmarían los criterios para dotar de estímulos económicos a las comunidades que cumplan con la Ley de Vivienda y el resto de programas de ayudas en esta materia. Al respecto, el consejero de Madrid ha insistido al cierre del encuentro en que el Partido Popular apuesta por políticas enmarcadas “dentro de un proyecto liberal”, por lo que descartan por completo declarar zonas tensionadas en aquellos sitios donde gobiernan.

Pese a que los populares insisten en que el control de precios no es el mecanismo adecuado para regular el mercado, la consejera de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque (PSC), ha evidenciado los primeros resultados positivos que ha tenido la iniciativa en el territorio que representa. De momento es el único que aplica esa disposición de la norma, aunque este miércoles el País Vasco comunicó la declaración de Errenteria (Gipuzkoa) como zona tensionada. Según ha revelado Paneque, los precios del alquiler en Cataluña han registrado una caída de entre el 3% y el 5% durante los dos primeros trimestres de 2024. Esta disminución coincide con la entrada en vigor, en marzo de este año, de la regulación de las rentas establecida por la Ley de Vivienda. La consejera catalana ha destacado que, aunque la reducción no es aún muy significativa, se observa un efecto positivo en la contención de precios, y se espera que la próxima semana se publiquen cifras más detalladas.

Más políticas y menos confrontación

Pese a los altos decibeles manejados previo al encuentro, tanto el ministerio como las comunidades han coincidido en que se ha mantenido un “tono cordial”. Antes de la reunión, el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso (PSE), ha recordado que el encuentro “no era lugar para la confrontación partidista”. El representante del País Vasco ha pedido al Partido Popular que le dé una oportunidad a la ley estatal, pues apenas lleva un año desde que se puso en marcha y necesita mayor recorrido. Sus palabras resonaron en sintonía con la visión del Gobierno y justificó así la decisión anunciada previamente de convertir a Errenteria (Gipuzkoa) en el primer municipio vasco en ser declarado oficialmente zona tensionada en vivienda. Además, se ha comprometido a que más municipios entrarán en el mismo marco jurídico, “Las capitales vascas están inmersas en un enorme problema de tensión en el mercado de la vivienda”, ha justificado.

De forma similar, el consejero de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, también socialista, ha instado a los populares a no seguir la estrategia de confrontación de Puidgemont. “Yo invito al Partido Popular a que no le copie y le adelante por el carril de la radicalidad”, ha insistido en su comparecencia ante los medios. Y ha recordado que la reunión de este jueves tiene un carácter crucial, sirviendo como antesala a la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez para final de año, donde se abordarán acuerdos en materia de vivienda. “El éxito de estos acuerdos depende de la voluntad de todas las partes”, ha advertido.

Además, Hernando ha salido en defensa de la ministra, asegurando que Vivienda no plantea castigar a las comunidades incumplidoras. “Prueba de ello es que hoy se destinarán 200 millones de euros para el bono de alquiler joven, cuyo reparto se realizará bajo criterios poblacionales y no por cumplimiento”. En este sentido, el consejero castellanomanchego ha lamentado que en lugar de premiar a las comunidades que gestionaron bien este recurso, el enfoque del Gobierno sea repartir el dinero mediante los mismos criterios de otros años, incluso cuando hay territorios, como Andalucía o Madrid, donde se ha incumplido el acuerdo.