Vivienda pedirá a las autonomías que aporten más fondos propios al bono alquiler joven

“No puede ser que, en el caso del bono joven, la mayoría de comunidades autónomas no estén aportando recursos extra”. Con estas palabras tan contundentes se expresan en el Ministerio de Vivienda al valorar la implicación de la mayoría de autonomías en este proyecto del Gobierno central, cuyo objetivo es fomentar el acceso al alquiler de los jóvenes y su emancipación. Es una ayuda de 250 euros al mes para alquilar, compatible con otras subvenciones. Según los datos del ministerio, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, las comunidades apenas han aportado fondos propios para esta ayuda en los dos años que lleva en vigor. Aunque el decreto que regula esta norma indica que es el ministerio el que financia la ayuda, en el departamento de Isabel Rodríguez esperaban una mayor “corresponsabilidad financiera” de las autonomías. Por ello, de cara a la nueva convocatoria, pedirán una implicación superior de los gobiernos autonómicos.

Es un mensaje en el que Rodríguez viene insistiendo con fuerza últimamente. “Pido al resto de administraciones públicas que, como el Gobierno de España, multipliquen por ocho sus presupuestos para vivienda. Pido al resto de administraciones públicas que impriman agilidad en la norma. Y pido a todos que marquemos como prioridad política esta actuación”, dijo el pasado martes en el Senado, en respuesta a otra cuestión relacionada con su departamento. En el ministerio creen que las entidades autonómicas no están multiplicando sus esfuerzos en Vivienda, como sí advierten por parte del Gobierno central.

La ministra anunció el pasado viernes que el 3 de octubre se celebrará la conferencia sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, una reunión del ministerio con los responsables autonómicos. Rodríguez marcó dos prioridades para este encuentro: que continúen los trabajos del próximo plan estatal de vivienda y el desarrollo de la siguiente convocatoria del bono alquiler joven. Para el segundo objetivo, indican fuentes del ministerio, “se procederá a analizar cómo mejorar el esfuerzo presupuestario, sin tener las competencias, en materia de Vivienda, para atender la demanda de la juventud y atender su emancipación”. El departamento de Rodríguez asegura que va a seguir “con la misma disposición” que hasta ahora. Es decir, va a “seguir aportando todos los recursos que sean necesarios en materia de vivienda”, pero a la vez reclama “corresponsabilidad financiera de las comunidades autónomas”.

Un análisis del ministerio ilustra la escasa colaboración financiera de las autonomías en el despliegue del bono alquiler joven, en vigor desde hace dos años. A la comunidad más poblada, Andalucía, el Ministerio de Vivienda le ha transferido 68,4 millones (la mitad en 2022 y la otra mitad en 2023), que es todo lo que la Junta ha dispuesto en la única convocatoria que ha lanzado. Así, Andalucía no ha agregado un euro más que el dotado por el Gobierno central.

En la misma línea, Madrid ha obtenido 63,6 millones y en la única convocatoria lanzada hasta el momento se autoriza un gasto de 31,8 millones, la mitad del total. El panorama es el mismo en la mayoría de territorios: Galicia (ha obtenido del ministerio 22,8 millones), Castilla y León (21,6 millones), Canarias (10,6), Castilla-La Mancha (16), Región de Murcia (17,6), Aragón (15,2), Islas Baleares (9,6), Extremadura (12), Asturias (13,2), Cantabria (7,6), La Rioja (3,4), Ceuta (0,4) y Melilla (0,4). Euskadi y Navarra no reciben financiación del Ministerio de Vivienda por este plan. Tienen sus propios proyectos de ayuda para el alquiler de jóvenes.

Sí han aportado fondos propios, según le consta al ministerio, la Comunidad Valenciana (que ha recibido 45,6 millones de euros del Gobierno central) y Cataluña (que ha obtenido 58 millones). El decreto que regula el bono alquiler joven especifica que el ministerio “transferirá fondos a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla”, sin referencias a recursos autonómicos. De cara a la nueva convocatoria, el departamento de Rodríguez espera que más territorios sigan el ejemplo valenciano y barcelonés y participen en la financiación de la ayuda. El ministerio ha transferido un total de 400 millones de euros.

Casi 66.000 beneficiarios

Según los datos de Vivienda, desde 2022 las comunidades autónomas, responsables de valorar y conceder las ayudas, han resuelto favorablemente 65.564 solicitudes. La mayor cifra se da en Madrid, pese a ser la tercera comunidad en número de habitantes, con 11.477, seguida de Cataluña (9.537) y Andalucía (9.323). Más allá de este dato, mayor o menor en función de la población joven del territorio, resulta más interesante conocer cuántas solicitudes han sido aprobadas respecto al total, lo que da una muestra de cuántas personas han sido descartadas o siguen esperando una respuesta de su gobierno autonómico.

Con ese criterio, el mejor dato es el de La Rioja, que ha aprobado 1.246 de las 1.960 solicitudes que ha recibido. Así, la administración autonómica dio el visto bueno al 64%, casi igual que Asturias, con un 63% y 773 peticiones con luz verde, y Extremadura, con un 62% y 2.399 solicitudes favorables. Las peores cifras son las de Castilla y León (24%), la Comunidad de Madrid (24%) y Canarias (22%).

El Defensor del Pueblo abordó esta cuestión en su informe anual de 2023. “El bono alquiler joven suscitó en 2023 un número elevado de quejas ante el Defensor del Pueblo. La gestión de esta línea de ayudas por algunas consejerías autonómicas es insuficiente y muchos jóvenes aún no habían recibido el abono de la subvención meses después de haberla solicitado”, denuncia el organismo dirigido por Ángel Gabilondo.

La institución indica que las quejas recibidas “reflejaron problemas en Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia y Región de Murcia” y que las administraciones autonómicas manifestaron estar “desbordadas ante el elevado número de solicitudes recibidas y que no disponían de capacidad suficiente para atender la carga de trabajo”. “En algunas comunidades autónomas se ha producido un grave incumplimiento del plazo máximo previsto (en general, seis meses) para dictar y notificar la resolución de la solicitud”, agrega el Defensor.

Los requisitos varían levemente en función de la comunidad autónoma, pero por norma general en las convocatorias publicadas hasta ahora se especifica una edad máxima de entre 18 y 35 años, acreditar rentas de trabajo y que los ingresos anuales del solicitante no superen tres veces el IPREM, unos 25.200 euros. Se puede percibir durante un plazo máximo de dos años y es compatible con otras ayudas reguladas en el Plan Estatal de Vivienda o que establezcan adicionalmente las comunidades autónomas, así como con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital.

Siete de cada 10 jóvenes que trabajaban en España siguen viviendo con sus padres, según el Consejo de la Juventud de España. “Esto significaba que ni aun teniendo un sueldo, podían acceder a una vivienda”, lamenta este organismo. En el segundo semestre de 2023, últimos datos disponibles, se observaba un incremento en la edad media de emancipación, que se situó en los 30,4 años, mientras que en Europa la edad media era de 26,3 años. Además, la tasa de emancipación juvenil en España [porcentaje de personas que residen fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad] es 14,9 puntos más baja que la europea. Se sitúa en el 17%, frente al 31,9% del promedio comunitario.