La fragmentación de las disidencias de las FARC activa las alertas para la Amazonia colombiana

Los focos de la guerra no se extinguen en Colombia. Cuando todavía arde la región fronteriza del Catatumbo, donde una violenta arremetida de la guerrilla del ELN deja decenas de muertos y casi 50.000 desplazados, la Defensoría del Pueblo ya ha emitido su primera alerta temprana de este convulso 2025, por la expansión de la confrontación armada entre las disidencias encabezadas por alias Calarcá Córdoba e Iván Mordisco en las extensas regiones selváticas de la Amazonia colombiana. Los riesgos para la población civil son extremos e inminentes.

La semana pasada ya había ocurrido el primer aviso sangriento de ese recrudecido choque entre facciones disidentes de la extinta guerrilla de las FARC. En la vereda de Miravalle, en el municipio de Calamar, en el Guaviare, los enfrentamientos entre estructuras del llamado Bloque Amazonas, bajo el mando de Mordisco, y el Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de Calarcá, dejaron al menos 16 muertos. Muchos de ellos eran apenas adolescentes de 14 o 16 años, lo que deja en evidencia las nuevas dinámicas de reclutamiento forzado. Mordisco, en particular, se ha ensañado con los pueblos indígenas en repetidas ocasiones.

“Después de la división formal de Mordisco y Calarcá, desde agosto del año pasado ya se veían indicios de esto que ocurrió en enero. Desde movimientos de tropa en esa zona, de lado y lado, hasta acusaciones públicas entre ambos”, apunta Juanita Vélez, de la Fundación Core, que hace seguimiento al conflicto armado. “Era previsible, las tensiones ya estaban muy altas, los intentos de entrada de Mordisco a zonas de Calarcá ya se conocían y hay muchos temores de una escalada”, advierte.

Ese confuso enfrentamiento –que apunta a emboscada– quedó relativamente eclipsado por la crisis humanitaria en el lejano Catatumbo, que limita con Venezuela, pero también generó enormes preocupaciones. “El Guaviare es tan estratégico como el Catatumbo”, señalaba Humberto de la Calle, el jefe negociador del Gobierno en los diálogos que llevaron al acuerdo de paz de 2016, quien acaba de renunciar al Senado. En el departamento “hay cultivos ilícitos, minería ilegal de oro y coltán, es la puerta de ingreso ilegítimo a la Amazonía con serias consecuencias de deforestación y propicia tráficos ilegales hacia Brasil y, por el sur, hacia el Pacífico”, destacaba en su diagnóstico. Las alarmas también abarcan otros departamentos.

La reconfiguración de estructuras, tensiones y confrontaciones armadas entre grupos disidentes liderados por alias Calarcá Córdoba e Iván Mordisco suponen riesgos extremos e inminentes para la población civil, subraya la Alerta Temprana 001-25, del 22 de enero. La Defensoría detalla que este es el caso de zonas como Solano y Cartagena del Chairá, en Caquetá; Puerto Santander en Amazonas; Mesetas en el Meta; Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo; y recientemente en Calamar, en Guaviare. “Las disputas territoriales se concentran en corredores estratégicos que conectan regiones selváticas y fronterizas con Ecuador, Brasil y Perú, utilizados para economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal”, detalla. Entre las muchas afectaciones está el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, particularmente indígenas provenientes del suroccidente del país, el desplazamiento forzado y las amenazas contra todo tipo de líderes sociales y comunitarios.

Los interlocutores del Gobierno de Gustavo Petro en los distintos tableros de su política de paz total se fragmentan cada día más, y el que era el mayor grupo de disidencias no es la excepción. El autodenominado Estado Mayor Central, bajo el mando entonces de Iván Mordisco, se sentó a negociar en 2023, pero acabó por dividirse irremediablemente el año pasado. Ese diálogo entró en su enésima crisis después de una serie de acciones ofensivas del EMC que incluyeron atentados contra militares y comunidades indígenas. El Gobierno confirmó en abril que ya no negocia con Mordisco, contra el que lanzó una “ofensiva total” en el departamento del Cauca. El proceso, sin embargo, continúa con los bloques que operan en otras regiones. Los hombres de Calarcá Córdoba, que siguen en la mesa y con un cese al fuego bilateral vigente hasta abril, ahora se hacen llamar Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).

El encaje de las disidencias en la paz total ha sido desde el primer momento uno de los mayores desafíos de la política bandera del Gobierno de Petro. En plural, pues varias estructuras se apartaron en distintos momentos de los diálogos de La Habana. Los enfrentamientos entre facciones del fragmentado EMC amenazan tanto cualquier avance con los que siguen sentados en la mesa, a la que se le agota el oxígeno, como los frágiles logros en la lucha contra la deforestación. El propio Calarcá ha señalado que el tiempo no es suficiente para firmar un acuerdo de paz en el año y medio que le queda a este Gobierno.

Los bosques, en el fuego cruzado

Las 79.256 hectáreas de bosques que se perdieron en 2023 son la cifra más baja de los últimos 23 años, desde cuando se llevan registros. El Gobierno ha concentrado sus esfuerzos en la región amazónica, concretamente en los cuatro departamentos del llamado arco de deforestación: Meta, Putumayo, Caquetá y Guaviare. Como suelen recordar los ambientalistas, de la conservación de esos ecosistemas amazónicos depende, entre muchas otras cosas, la regulación del clima y la oferta de agua en la zona andina de Colombia –y en la propia Bogotá, sometida a racionamientos de agua–. Pero en esos cuatro departamentos operan tanto frentes que se mantienen en la mesa, como otros que se apartaron. El EMC era el actor armado dominante en el arco de deforestación antes de fragmentarse. Y se anticipa desde ya que las cifras para 2024 van a mostrar un aumento notable.

Ese es otro punto en tensión, uno más, entre los comandantes disidentes. Mientras Mordisco se ha mostrado más flexible a permitir la tala y quema de bosques, Calarcá asegura que sus hombres protegen el ambiente. “Hoy nosotros somos los primeros en estar reprochando la tala de bosques. Lo hemos dicho en tres fines de año, hemos dado la orientación, pero muchos la han violado”, defendía en una extensa entrevista con El Espectador a finales del año pasado.