La falta de investigaciones dificulta el combate al lavado de dinero de los crímenes ambientales en la Amazonía

A finales de septiembre, en un campamento en el territorio indígena yanomami, en lo profundo de la selva amazónica del norte de Brasil, docenas de hombres extraían oro ilegalmente con dragas mineras. En el lecho del río, las estructuras metálicas compuestas por enmarañados de rampas y engranajes aspiraban tierra y piedras sin cesar en busca del valioso mineral, agitando el cauce y desgarrando la senda natural por donde corría el agua.

Mientras tanto, a cientos de kilómetros de ahí, la Policía Federal del país realizaba 16 operaciones de captura de personas acusadas de crear una compleja red de tráfico internacional de oro, cuyo esquema —que contaba con fraudes de permisos explotación minera en áreas protegidas por el Estado y el lavado de dinero a través de una compañía fantasma en Nueva York— había movido casi 6.000 millones de reales (o más de 1.000 millones de dólares).

En la región amazónica, que abarca ocho países, delitos ambientales como este se entrelazan cada vez más con el crimen organizado, según indican varios especialistas. Sin embargo, las nuevas rutas del lavado de dinero están dificultando que las autoridades identifiquen la conexión entre casos locales y operaciones transnacionales que convierten los recursos de la Amazonia en billones de dólares que alimentan directamente las arcas del narcotráfico.

Un estudio reciente de la FACT Coalition, organización dedicada al entendimiento de prácticas de corrupción, reveló que uno de los mayores impedimentos para la lucha contra crímenes ambientales en la región ha sido la falta de seguimiento del dinero en las investigaciones. De los 230 casos analizados en países de la Amazonia entre 2014 y 2024, solo un tercio incluyeron una investigación financiera para rastrear las ganancias ilegales. El 76% de estos casos involucró el uso de empresas de fachada.

“Cuando se investigan delitos, las autoridades suelen centrarse en las rutas de la mercancía. desafortunadamente no ha habido un enfoque en el dinero que sostiene a estos crímenes”, señala Julia Yansura, autora del estudio y Directora del Programa de Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas de la FACT Coalition. “Se pueden confiscar mercancías todos los días, pero no se puede impedir que los grupos criminales resurjan sin atacar sus finanzas”.

Según Yansura, esto se evidencia con el tráfico de oro, donde las investigaciones tienden a enfocarse en los individuos responsables por la logística directa de los productos, y no necesariamente de los líderes de grupos criminales, que utilizan intermediarios.

“Las autoridades han confiscado cantidades masivas de oro en los últimos años. Pero nos dicen que al siguiente día los grupos criminales inician otra mina, cinco millas río abajo, con nuevas máquinas”, comenta la investigadora. “La antigua mentalidad policial de solo incautar la mercancía realmente está quedando corta y estamos viendo las deficiencias de ese enfoque”.

Los crímenes ambientales constituyen la tercera mayor actividad criminal del mundo después del tráfico de drogas y el contrabando, y están entre las economías ilícitas de más rápida expansión, con un crecimiento de entre 5% y un 7% al año. Estudios calculan que este tipo de crímenes genera entre $110 billones y $281 billones anuales.

Bram Ebus, periodista y consultor del International Crisis Group, afirma “grandes grupos criminales se benefician de estas operaciones por su apelo lucrativo y capacidad de redireccionar recursos en el continente. Estos crímenes raramente ocurren de forma aislada, casi siempre son transfronterizos e involucran a una compleja estructura logística y jurídica con el objetivo de hacer ‘legal’ la extracción ilegal”, comenta.

Según él, las formas de lavado de dinero varían de acuerdo con las realidades de cada país. En muchas ocasiones, los productos se extraen de forma ilegal y luego son producidas autorizaciones falsas de explotación con apoyo de oficiales corruptos. En otras, los recursos son enviados a empresas de fachada o el dinero resultante de la actividad ilícita es utilizado para comprar haciendas y ganado, convirtiendo el dinero en “lícito”.

La corrupción fue el crimen asociado a las actividades ilícitas ambientales que más prevaleció en los casos analizados en el estudio de la FACT Coalition.

Para Melina Risso, directora de Investigación del Instituto Igarapé, los crímenes ambientales forman parte de una cadena amplia de actividades económicas ilegales que se conectan y que funcionan como pieza clave y renta secundaria del narcotráfico en la Amazonia. Al encuadrar activos como la madera, el oro y los animales, los propios recursos del narcotráfico, son lavados en procesos mucho más difíciles de rastrear, entre los que se incluye, por ejemplo, la deforestación.

“Como el crimen ambiental está motivado económicamente, legalizar ese activo ambiental que fue extraído de manera ilegal es fundamental. Muchas veces hay un lavado de dinero implicado, porque lo que financia esa actividad es el recurso originado en otras economías ilícitas que acaban financiando lo que definimos como narcodeforestación. O sea, es la actividad y el lucro que viene del tráfico de drogas financiando esa deforestación en la Amazonía”, afirma Risso. “Lo que vemos es que esta actividad no es lo que muchas veces es entendido como una actividad de subsistencia, sino que el tamaño del recurso involucrado y la dimensión de la explotación ilegal muestra que esta actividad es realizada por organizaciones criminales”.

La FACT Coalition ha observado que en la región amazónica la minería ilegal domina entre los crímenes ambientales registrados en la última década. El tráfico de oro ha superado incluso al comercio ilegal de madera y al tráfico de animales. Esto se debe, de acuerdo con el estudio, a su versatilidad mercantil y su alta demanda en mercados de lujo de Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con el informe, el 25% de todos los casos analizados involucran al menos una jurisdicción extranjera, de las que la más mencionada fue Estados Unidos. Este país lidera no solo como receptor de dinero irregular, sino también como punto de tránsito o destino de minerales y otros recursos extraídos ilegalmente de la selva amazónica.

“Hay una amplia demanda por estos recursos fuera de Sudamérica y el flujo monetario de estas actividades ilegales es dirigido en la mayor parte de los casos a otros negocios oscuros en los Estados Unidos o Europa, en una cadena de procedencia difícil de rastrear”, dice Ebus.

Yansura explica que esto ocurre porque el país norteamericano no ha requerido grandes esfuerzos de identificación de empresas nacionales o extranjeras que operan en sus fronteras, lo que “facilita la creación de compañías fantasmas y sin dueño claro”.

En un escenario de crisis climática y de pérdida de la biodiversidad en la selva amazónica, especialistas y comunidades de la región buscan soluciones que frenen el crimen organizado y la consecuente destrucción forestal.

Para Melina Risso, el fortalecimiento de las herramientas de combate al lavado del dinero puede ofrecer un camino para ello. “Pensar en una solución exige que cambiemos todos estos paradigmas. Un componente central y una herramienta sería preparar el sistema de lavado de dinero para hacer frente a los crímenes ambientales y los riesgos y daños que estos provocan”, dice ella. “El daño no está siendo solamente ambiental, sino también social”.