Las disidencias del Estado Mayor Central se ensañan con los pueblos indígenas

Las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC se alejan cada vez más de la paz total. La mayoría de sus estructuras ya se levantaron de la mesa de diálogos con el Gobierno. “La ofensiva contra el EMC en el Cauca es total”, declaró el presidente Gustavo Petro en el arranque de esta semana, ante la serie de ataques perpetrados por los hombres comandados por Iván Mordisco en el suroccidente del país. El autodenominado Estado Mayor Central, incluso en medio de las atropelladas negociaciones, ya le había declarado la guerra a la guardia indígena, en un ejemplo ilustrativo de cómo se ha ensañado contra los pueblos ancestrales.

Ha habido más de un grito de auxilio. Este mes, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) envió una carta a Andrés Patiño, el comandante del bloque occidental de las disidencias, en la que alertaban del aumento de la violencia del grupo armado. “Solo en los últimos cuatro años en el norte del Cauca su organización ha sido responsable de 374 asesinatos contra Kiwe Thegnas [guardias indígenas], autoridades y comuneros, dejando heridos a decenas más”, le recriminaban al comandante. El norte del Cauca, donde habita la mayoría del pueblo nasa, colinda justamente con el sur del Valle del Cauca y es un corredor para las rutas del narcotráfico por su salida al Pacífico, lo que ha convertido la zona en un polvorín. En la misiva de ocho páginas, cuestionan la voluntad de paz del EMC, que ha librado una guerra ya no solo contra el Estado, también contra los indígenas.

Las evidencias se acumulan. Fueron justamente los ataques de los disidentes a indígenas en distintos lugares los que provocaron las dos crisis más visibles en los diálogos con el ahora dividido Estado Mayor Central. En marzo, integrantes de la columna Dagoberto Ramos dispararon contra la comunidad nasa de Toribio que los increpó por reclutar a un menor, lo que provocó la muerte de la lideresa Carmelina Yule. Ese crimen llevó a la suspensión del cese bilateral del fuego en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. El proceso ya había atravesado otra profunda crisis en mayo de 2023, cuando el Frente Carolina Ramírez de las disidencias asesinó a cuatro adolescentes indígenas que había reclutado forzosamente en el selvático departamento del Putumayo, una masacre que también llevó a Petro en su día a suspender el cese al fuego que habían pactado desde el Año Nuevo.

“La explicación corta y sencilla es que ni el EMC ni el Frente Carolina Ramírez son organizaciones políticas que tengan como ideario la reivindicación de los pueblos”, dice Carlos Negret, conocedor del conflicto y defensor del Pueblo entre 2016 y 2020. En esa medida, la autoridad indígena y particularmente los mecanismos de autoprotección como la guardia indígena, y en general la organización indígena, se convierten en un obstáculo para los grupos armados, explica. “En muchos territorios, como en el Cauca, los cabildos son los que están exigiendo el cumplimiento de las normas de la guerra; son los que buscan a los menores para desvincularlos de los grupos; son los que se oponen a la siembra de minas antipersonales; incluso han llevado a cabo capturas de miembros de los grupos, y en los casos de las personas indígenas las han procesado bajo la jurisdicción especial indígena”, detalla. “Entonces estas estructuras se han ensañado en su contra porque su autoridad representa un riesgo para sus intereses”.

Los indígenas, históricamente violentados y discriminados, han sido también golpeados por la guerra. Cerca de 400.000 –de casi dos millones– han sido afectados por las confrontaciones y la violencia perpetrada por grupos armados en Colombia, la inmensa mayoría forzados a desplazarse, de acuerdo con las cifras de la Unidad de Víctimas. Entre 1982 y el 2017 hubo 742 masacres en territorios indígenas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Las comunidades buscan hacer valer su autonomía frente a los armados desde hace décadas. Las autoridades indígenas del Cauca denunciaban en 2013 en otra carta a la cúpula de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia que la guerrilla había promovido “un plan sistemático de exterminio físico y cultural del movimiento indígena colombiano”. Esas tensiones se mantuvieron con el desordenado archipiélago de disidencias que se apartaron del proceso de paz de 2016 y después pretendió agruparse bajo la sombrilla del Estado Mayor Central. En el Cauca, pero también en otros territorios. Al Frente Carolina Ramírez, por ejemplo, que baña de sangre la frontera con Ecuador, lo caracteriza una fuerte presión y reclutamiento sobre los pueblos indígenas del Caquetá.

Mientras las disidencias empuñan fusiles, la guardia indígena suele estar compuesta por hombres y mujeres desarmados que se encargan de la defensa colectiva de sus territorios y portan bastones de mando como símbolo de autoridad. En otros tiempos, los grupos armados los respetaban, pero ante la fragmentación que ha caracterizado los siete años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, el panorama es confuso. En medio del asesinato de todo tipo de líderes sociales y ambientalistas, también han caído con frecuencia miembros de la guardia y gobernadores indígenas.

El movimiento indígena del Cauca ha sobrevivido a los embates más crueles de la conquista, de la colonia y de la república, recuerda Estefania Ciro, investigadora del centro de pensamiento A la orilla del río. “Es inadmisible que un actor que se precia de ser revolucionario, tenga como objetivo militar a los múltiples pueblos indígenas del Cauca”, valora. Todas esas relaciones, conflictos, interacciones, alianzas y rompimientos con las organizaciones indígenas tienen una larga historia. “La guerra se traslada y se hace en esos territorios, y los pueblos étnicos del país son pobladores de esos territorios”, enfatiza. En el caso de la Amazonía, los grupos armados buscan involucrar a sus jóvenes en la guerra porque necesitan también de todos los conocimientos sobre rutas, ríos, caminos que saben sus pobladores, como ocurrió también en el genocidio cauchero, apunta.

Después del acuerdo de 2016, muchas comunidades indígenas –el ejemplo más claro es el de los nasa, pero no el único– decidieron que nunca más iban a permitir a los armados entrar en sus territorios, con más retenes, y eso los convirtió en un blanco militar, observa Elizabeth Dickinson, investigadora del International Crisis Group. Las autoridades indígenas incluso erradicaron cultivos ilícitos. “Esa resistencia representa para los grupos armados una amenaza existencial”, señala. La estrategia del Estado Mayor Central es entrar, romper el tejido social e imponer su propio control, pero las comunidades indígenas tienen un tejido social particular, más fuerte. Un obstáculo formidable que muchas veces les ha costado quedar atrapados en el fuego cruzado.

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