El conflicto latente en Putumayo que se esconde tras el asesinato de cuatro adolescentes

La masacre de cuatro adolescentes de Putumayo la semana pasada evidenció, sin matices, la crisis de seguridad en el sur amazónico de Colombia. La edad de las víctimas, que huían del Frente Carolina Ramírez, conmocionó a la opinión pública más allá del departamento. Fue el golpe final a la paciencia del Gobierno de Gustavo Petro, que anunció el lunes que suspendía el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, disidencia de la extinta guerrilla de las FARC a la que está vinculada el Frente Carolina Ramírez. Los reclutamientos forzados, las “limpiezas sociales” de delincuentes y los enfrentamientos habían continuado durante los meses posteriores al acuerdo alcanzado en diciembre.

Hay pocos detalles confirmados sobre los homicidios. Se sabe que los adolescentes fueron asesinados el miércoles en Los Estrechos, en los límites entre Caquetá y Amazonas, según informó la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac). Los cuatro habían escapado dos días antes de un campamento del Frente Carolina Ramírez. Uno de ellos, Luis Alberto Matías Capera, había adquirido notoriedad en la zona por una denuncia de desaparición que databa de marzo de este año. Los cuatro eran indígenas, del pueblo Murui, y habían sido reclutados en Puerto Leguízamo (Bajo Putumayo).

La masacre tardó varios días en tomar repercusión mediática. El jueves, la Opiac emitió una solicitud de acción urgente, dirigida a varias entidades del Estado, como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Puerto Leguízamo. El texto relata los hechos, señala que solo se conoce la identidad de uno de los jóvenes y pide medidas para proteger a los indígenas de Putumayo en general. Denuncia que los pueblos de la región son víctimas del Frente Carolina Ramírez, un grupo que “se ha caracterizado por este tipo de actuaciones”, en referencia a los asesinatos y reclutamientos forzados.

La denuncia no tomó repercusión mediática hasta el sábado, cuando los medios locales difundieron los primeros datos y los dirigentes políticos comenzaron a pronunciarse. Francisco Santos, vicepresidente de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010, afirmó que “no puede haber paz” cuando se asesina a niños indígenas: “Colombia necesita justicia, no acuerdos y pactos con criminarles mafiosos, que solo conocen el terror para imponerse”. El senador David Luna le pidió al Gobierno que “reaccione” y dé facultades a la Fuerza Pública para actuar. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez condenó “el atroz asesinato” de los niños y pidió que los hechos no queden impunes. “Duele en el alma que niñas y niños paguen el costo de una guerra absurda”, declaró.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, envió el sábado una carta al Estado Mayor Central. En la misiva, difundida el lunes por el grupo armado, lamenta que los delegados del Estado Mayor Central no asistieran ese día a una reunión del mecanismo de verificación y monitoreo pactado como parte de las negociaciones para evaluar posibles violaciones al alto al fuego, y ante eso anuncia la suspensión del cese en Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Hace especial énfasis en el impacto de la masacre de los jóvenes: “Los niños no pueden ser reclutados y solo desde los 18 años pueden vincularse a la guerra. Es una exigencia del derecho de la guerra”. Según Rueda, los asesinatos han generado “un escepticismo en la opinión y un ambiente de inseguridad que hace poco creíble la voluntad de paz”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, encabezó el domingo un Consejo de Seguridad en Bogotá. El lunes, difundió un comunicado fechado el día anterior, que reconoce que el Gobierno recién conoció los hechos el sábado. El texto define la masacre como “un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz” y reitera que los delegados del Estado Mayor Central no asistieron a la reunión del mecanismo de verificación. “Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”, se lee en el anuncio.

El Estado Mayor Central ha reconocido este miércoles su responsabilidad en la masacre. “Asumimos la muerte de los tres jóvenes (no fueron cuatro) que fueron ajusticiados”, se lee en un comunicado. Hasta ahora, habían evitado referirse directamente a los asesinatos y habían dado a entender que no estaban implicados. “Insistimos que en Caquetá, Meta y Guaviare no ha habido combates de ningún tipo, extorsiones o ajusticiamientos”, declaró el grupo en un comunicado del lunes. Asimismo, el Estado Mayor Central ha amenazado con el recrudecimiento de la violencia: “El rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros”.

“El reclutamiento forzado pasa todos los días”

La brutalidad de los asesinatos evidenció dinámicas que nunca se detuvieron en el departamento del suroeste colombiano, limítrofe con Ecuador. Para el representante Andrés Cancimance, del gobiernista Pacto Histórico, el cese al fuego no tuvo mecanismos de verificación adecuados y se redujo a que no hubiera confrontaciones entre los grupos armados y el Ejército. “¿Dónde quedan los otros delitos?”, se pregunta por teléfono. Señala que “el reclutamiento forzado pasa todos los días”, que las comunidades “se encuentran confinadas” y que no hay denuncias por miedo a represalias. “Hay un subregistro de varios hechos victimizantes”.

Los grupos armados buscan reclutar, incluso, a niños de 10 años. En ocasiones, los padres no denuncian por temor a represalias de las organizaciones criminales, que controlan varias veredas y tienen identificadas a cada familia. En otras, no lo hacen porque los jóvenes aceptan unirse a las estructuras a cambio de recursos económicos a los que no tienen acceso por formas legales. En estos últimos casos, las familias no quieren exponer a sus hijos y prefieren mantener la ilusión de volverlos a ver. Yuri Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, enfatiza por teléfono que la falta de oportunidades de estudio y trabajo en el territorio hace que los menores de edad sean especialmente vulnerables al reclutamiento.

El final del cese al fuego ha inquietado a los líderes sociales. La Opiac declaró el lunes que la medida causará “un aumento desproporcionado de hechos victimizantes en contra de las comunidades indígenas”. Para la organización, los 64 pueblos que viven en el territorio amazónico son los que más van a sufrir las consecuencias: “Son nuestras comunidades, mujeres y niños indígenas quienes día a día afrontan directamente la violencia del conflicto armado”.

Quintero y Cancimance también están preocupados. El congresista subraya que la sociedad civil será la principal afectada: “Cuando el actor armado decide pelear, decide someter mucho más a la población civil, que no tiene nada que ver en la guerra y se vuelve el escudo para presionar al Gobierno”. Cree que la zona puede volver a vivir bloqueos, cierre de ríos y una violencia generalizada que lleve a muchos padres a tomar la decisión de no enviar a sus hijos a las escuelas. Por su parte, Quintero resalta que el cese no funcionó porque nunca se implementó el mecanismo de verificación. “Como eso no se dio, no podemos decir si funcionó o no. La comunidad nunca fue partícipe, nunca nos escucharon”, comenta.

El homicidio de los cuatro jóvenes no es el primer hecho del último año que pone el foco de atención en Putumayo. En noviembre de 2022, murieron al menos 18 personas tras un combate en el municipio de Puerto Guzmán entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera. Ambos son grupos híbridos, complejos en su composición: incluyen a antiguos miembros de las FARC, narcotraficantes y residuos paramilitares. En enero de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió la primera alerta especifica por la rivalidad entre ambos. Están inmersos en una disputa territorial por el control de Nariño, el río Caquetá y las rutas de tráfico transfronterizo.

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