Los periodistas de Putumayo sobreviven con el miedo a las puertas de la casa

En el departamento de Putumayo, en el suroccidente de Colombia, cualquiera, incluidos los grupos armados, sabe dónde viven los periodistas más reconocidos. Basta con decirle a un taxista el nombre de alguno de los comunicadores para llegar, en cuestión de minutos, a las puertas de sus casas, que casi siempre son también su lugar de trabajo.

Ese es el nivel de exposición y de peligro al que están sometidos justo ahora que los dos grupos armados que operan en el departamento, los Comandos Bolivarianos de la Frontera y las disidencias del frente Carolina Ramírez, libran una batalla que ha dejado un número incontable de muertos y se extiende a los periodistas bajo la figura de amenazas. Todo esto mientras ambos grupos ilegales dicen hacer parte de las negociaciones de la paz total con el Gobierno de Gustavo Petro.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha documentado que, en este departamento en particular, la violencia contra los periodistas se ha agudizado. La FLIP hace una alerta al presidente y su comisionado de paz, Danilo Rueda, para que los proteja y exija a los armados, en el marco de los protocolos de los ceses bilaterales, que no los intimiden y puedan seguir haciendo su trabajo.

Las intimidaciones incluyen visitas a las casas de varios para presionar publicaciones a favor de uno u otro; la exigencia de acudir a ruedas de prensa y difundir panfletos en los que atacan al bando contrario; y hostigamientos a través de llamadas y mensajes. El resultado es la autocensura porque informar un detalle como el nombre de un integrante de uno esos grupos capturado y muerto, o publicar una noticia y no otra, pone a los periodistas en la diana del grupo que se siente afectado. “Queremos saber a qué grupo le va a servir”, les han dicho. En colectivo, aunque no sin miedo, han decidido no publicar comunicados ni acudir a esas citas obligadas. Pero se sienten vulnerables.

Putumayo está ubicado en la frontera con Ecuador y Perú. Tiene una de las mayores áreas de coca cultivadas en el país, 31.000 hectáreas para 2021, según las Naciones Unidas. Las calles de Mocoa o Puerto Asís, sus ciudades principales, son un hervidero de motos en todas las direcciones, comercios y armas traumáticas a la venta. El dinero se mueve incluso cuando la coca está represada, como cuentan que se ocurre actualmente en los territorios más apartados. Pero también circula el miedo. Selva y río adentro se libra una batalla “tremenda” y aún no suficientemente narrada, según cuentan varios comunicadores bajo total anonimato.

El departamento ha sido epicentro de varias guerras. Durante décadas hicieron presencia las FARC y las Autodefensas, una época de desapariciones y muertes por doquier. Con el desarme de ambos grupos en momentos diferentes, pero con los cultivos de coca vivos, la guerra se recicló.

Después del acuerdo de paz con las extintas FARC, en 2016, emergieron el Frente Carolina Ramírez y los Comandos Bolivarianos de la Frontera. El primero es el heredero de los miembros del frente 1 que nunca suscribieron el acuerdos, unidos con el frente 32. Según la Oficina del Alto Comisionado de Paz, hacen parte del Comando Central de Occidente, con quienes ya existe un protocolo de cese al fuego. Los segundos son una alianza narcotraficante entre los grupos La Mafia y Sinaloa, sucesoras de estructuras que pertenecían al frente 48 de las FARC. Ahora, como ha confirmado el Comisionado, pertenecen a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.

El 18 de noviembre pasado esa violencia llegó a momento más álgido. Las imágenes de una pila de muertos sacudieron al país. En medio de enfrentamientos entre los dos grupos murieron al menos veinte combatientes. En Mocoa recuerdan el hecho como los combates de Jesús María, por la vereda del municipio de Puerto Guzmán (22.679 habitantes) donde ocurrió. Fue parte de los intentos del Carolina Ramírez de recuperar el control de zonas perdidas, según comentan por teléfono fuentes de la zona. Históricamente, los grupos que componen los Comandos controlaron el Bajo Putumayo, la frontera y la salida al Amazonas. Quisieron ampliar su influencia hace poco más de un año y ocuparon partes de Nariño y el río Caquetá, hasta entonces bajo el dominio de los grupos que formaron el Carolina Ramírez.

A partir de ese momento comenzó “la guerra de comunicados” que llegan a los periodistas. “La zozobra que viven los campesinos en medio de esa guerra tremenda y que los pone como objetivo militar, la prensa la está viviendo también”, dice un comunicador hostigado. En los panfletos desmienten informaciones, atacan o acusan al otro grupo. Con un lenguaje inusualmente educado, les dicen a los periodistas que “esperan que publique esas noticias de alta envergadura”, pero que todos saben que es obligación.

Los acercamientos de paz con ambos grupos no ha supuesto más calma; por el contrario, incrementó los hostigamientos. La FLIP tiene información de 28 hechos de acoso y hostigamiento a periodistas de ese departamento, pero a partir de octubre de 2022 se registran presiones de parte de los Comandos y el Frente Carolina. En 2020, incluso, a la casa de un periodista llegó un panfleto acompañado con balas de fusil.

No solo son comunicados. También les han llegado mensajes de que “colaboren y organicen ruedas de prensa” o que asistan a ellas. Ninguno ha accedido. Pero quienes han evitado publicar información de alguno de los dos grupos ha sido abordado para insistirle y recriminarle. Para armados, si un periodista no difunde su información inmediatamente colabora con el grupo contrario.

Lo más grave, dicen, es que sus denuncias a las autoridades no tienen respuesta efectiva. A uno, la Policía le recomendó que se comprara un arma traumática para defenderse. A otro lo dejaron esperando una hora en la Fiscalía, y en la Unidad Nacional de Protección (UNP) las respuestas a su riesgo no avanzan. Por eso en Putumayo, alejado de la distante Bogotá, se vio con tristeza y sorna que la UNP le diera escoltas a Rebecca Sprößer, la joven alemana que alcanzó fama en redes sociales durante el paro nacional, dice ser periodista y se ufanó en redes de su esquema. Uno como el que allá tanto requieren. En otros casos, las respuestas son intermedias. La mayoría de los periodistas dicen que el nuevo comandante de la Policía tiene una actitud más abierta y al menos a uno de ellos recibe rondas de agentes.

El Alto Comisionado dijo en la Comisión de Paz del Senado que la realidad de los grupos armados está siendo relatada por los periodistas locales. “¿Dónde está el periodismo en esos territorios?, escarbando allí, viendo la realidad. No aquí (en Bogotá) donde estamos”. Sin embargo, eso no es lo que viven los periodistas de Putumayo. Allí, para mantener la vida, los periodistas callan. “Pedimos un diálogo directo con el Comisionado, para que les pida a estos grupos que nos saquen del conflicto. Ni en los peores tiempos de la guerra reporteamos con tanto miedo”, dice uno de los periodistas amenazados.

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