El director de la UNP: hay “mafias cartelizadas” en la protección de las personas amenazadas

La Unidad Nacional de Protección, el organismo que debe cuidar la vida de más de 7.000 personas amenazadas en Colombia, está atravesada por “clanes mafiosos”. Son palabras de su director, Augusto Rodríguez, un hombre de la entraña del presidente Gustavo Petro. Ex compañero de milicia en el M19 y luego su asesor legislativo por años, llegó hace 5 meses a la entidad, que tiene un presupuesto anual de 1,12 billones de pesos y entrega esquemas de protección, escoltas y vehículos a miles de líderes sociales, funcionarios y otras personas amenazadas.

Esta semana, Rodríguez denunció haber sido agredido por miembros de uno de los 19 sindicatos que tiene la UNP. Como se ve en un video, al salir de la sede principal fue increpado y empujado. Por eso, para conversar con EL PAÍS sobre lo que ocurre en la institución ha elegido otro sitio en el centro de Bogotá. Petro lo ha defendido y ha secundado sus palabras. “Esto les pasa a nuestros funcionarios cuando luchan contra la corrupción. La UNP, entidad que protege la vida de miles de colombianos, por su labor delicada, debe estar libre completamente de carteles de la contratación”, escribió el presidente a través de su Twitter.

La situación que denuncian es crítica para quienes deben confiar su vida a esa institución: el falso blindaje de vehículos, el hallazgo de droga en carros de protección, el alquiler de esquemas de seguridad a personas que no lo necesitaban, el uso de vehículos para transportar a alias ‘Matamba’, un narco fugado de la cárcel, y la existencia de mafias de contratación.

Esto último, asegura Rodríguez en conversación con este diario, es la razón de las últimas protestas, pues coinciden en el tiempo con procesos licitatorios que adelanta. Debe contratar tanto las empresas que suministran los vehículos blindados y convencionales, como también las que proveen escoltas. “Hay una especie de presión de movimientos que se denominan sindicales para que uno no actúe dentro de la ley. Para que, de pronto por desesperación, termine favoreciendo a alguien”, denuncia y señala directamente al un integrante de uno de los sindicatos.

Solo dos de los 19 sindicatos están participando de las protestas. Aseguran que Rodríguez tiene detenidos los procesos contractuales, lo que pone en riesgo a los protegidos. Según él, son las mafias las que ponen en riesgo la vida de los amenazados.

A pesar de la larga historia de guerra y del negocio de la seguridad, en Colombia los vehículos blindados son escasos. Por eso, la entidad debe contratarlos con los terceros que los poseen. El problema es que en ese mercado del arrendamiento solo hay 8 empresas, que incluyen a uniones temporales que controlan el 60% del mercado. Por eso, anuncia Rodríguez, logró tramitar con el resto del Gobierno unas vigencias futuras para alquilar vehículos blindados de forma directa.

“La opción es eliminar el intermediario mafioso, no estar dependiendo de la mafia cartelizada, que es la que hoy en día está manejando ese mercado dentro de la entidad y en la que están involucradas algunas personas de las que han generado estos ruidos y estas protestas”, dijo. Así, de los 4.500 vehículos blindados que necesitan, rentará de forma directa 2.500.

Además de la escasez, la alquilada es una flotilla vieja. Líderes sociales que requieren el vehículo han denunciado en distintas oportunidades que se quedan sin protección porque los carros pasan mucho tiempo en talleres mecánicos. “Entre tanto ya estaríamos en capacidad de ir desplazando o eliminando los modelos más viejos y los reemplazamos por los que nosotros vayamos adquiriendo, bien sea en renting o comprando vehículos nuevos”, anunció Rodríguez.

La UNP es una institución creada hace apenas 11 años. Heredó un grupo de colaboradores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) la policía secreta que fue disuelta tras comprobarse que espiaba ilegalmente a magistrados, políticos y periodistas, y que entregó información a paramilitares para cometer asesinatos de sindicalistas. Por esa razón, muchos protegidos tienen reservas frente a la UNP. En un texto interno, el organismo de protección recordó que también heredaron “las prácticas, sus problemas jurídicos y su vocación perniciosa”.

“Cuando hablo de carteles mafiosos me refiero a organizaciones que se han formado desde intereses económicos para favorecer a empresarios que están en el negocio del alquiler de vehículos, o a intermediarios, casi siempre vehículos blindados; y también de empresarios que están en el negocio de arrendar o alquilar, personal tercerizado de escoltas, que han logrado montar una estructura en todas las áreas de la UNP”, aclara Rodríguez.

Las denuncias

De todas las denuncias de corrupción que ha hecho Rodríguez y que investigan la Fiscalía y la Procuraduría, como el hallazgo de droga en vehículos, placas del organismo en manos de personas asesinadas y otros hechos, el caso del traslado del narco fugado en uno de los vehículos de protección es uno de los más llamativos.

Rodríguez explica que recién llegó al cargo recibió la visita de un conductor, Manuel Castañeda, quien le dejó información firmada y pruebas sobre hechos de corrupción. Cinco días después, Castañeda fue detenido con 150 kilos de coca en un vehículo adscrito a la UNP. El director, entonces, solicitó que fuera protegido. “Creemos que hay dos estructuras distintas mafiosas y que Castañeda militó en ambas. En una conoció a Wilson Devia (actual dirigente sindical) y otra, en la que fue capturado con el vehículo de protección del ex subdirector del organismo, Ronald Rodríguez”.

En medio de una batalla de denuncias que la Fiscalía deberá aclarar, aparece una de las más graves: que el narco del Clan del Golfo, Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, fue transportado en carros de protección al escaparse de la cárcel. Según la denuncia, el mismo Castañeda transportó al narco. Luego, de acuerdo con lo que dijo Rodríguez a este diario, el conductor supo que Matamba fue secuestrado y asesinado, y fue presentado como si hubiera caído en un operativo militar. “Es una información muy grave porque ya no es solamente el negocio, sino las operaciones mucho más complejas y de delitos mayores. Yo veo ahí fuga de presos, secuestro y homicidio”, dice el director del organismo de seguridad.

En 2022 al menos 40.626 personas han solicitado protección al Estado, un incremento de 38 % frente a los 29.511 de 2021. La mayoría fueron dirigentes sindicales, y activistas y defensores de derechos humanos. La UNP es el primer filtro para determinar si se les da un esquema de protección, con un análisis de riesgo. Pero durante años se han denunciado debilidades en esos estudios, que en ocasiones terminan asignados a personalidades e incluso influenciadores que no los requieren, en detrimento de los líderes sociales. Rodríguez afirma que está cambiando el equipo encargado de esa área. “Hemos traído gente nueva de escuelas de tecnología en criminalística que traen modernización porque todo lo que tenemos es con base en el viejo DAS”, dice. Su objetivo, agrega, es acortar el lapso entre la petición de protección y la implementación del esquema.

Con ese panorama oscuro, es usual que personas amenazadas teman ser protegidos por la UNP. Algunos han pedido que les quiten el GPS a los vehículos, porque han sido usados para informar sobre su vida privada. Rodríguez responde que el grueso de los funcionarios es de fiar. Sin embargo, ante la pregunta de si la corrupción que denuncia ha puesto en riesgo la vida de alguna persona amenazada o ha muerto alguien, no duda en responder: “En últimas, sí. Porque si un esquema de seguridad está arrendado a un mafioso, a una persona particular o se está usando para una cosa distinta a proteger el riesgo de quien lo necesita, se pone en riesgo la vida”.

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