La corrupción que carcome la Unidad Nacional de Protección

Colombia es un país de escoltas. La cantidad de personas amenazadas que requieren protección del Estado supone la existencia de un organismo dedicado exclusivamente a identificar los riesgos y a asignar carros, armas y protección para al menos 7.000 ciudadanos, de los cuales 3.600 son líderes sociales. Sin embargo, esa institución, la Unidad Nacional de Protección, se ha convertido en una entidad opaca que es el centro de un escándalo que involucra tráfico de drogas y uso de vehículos oficiales para cometer delitos.

A mediados de diciembre las autoridades encontraron una camioneta de la UNP con 150 kilos de cocaína en su interior. El vehículo en el que era trasladada la droga correspondía a un esquema de protección del anterior subdirector del organismo, Ronald Rodríguez Rozo. Esa fue, sin embargo, la muestra de un serio problema de corrupción en una entidad que tiene 11.000 empleados directos e indirectos.

Su nuevo director, Augusto Rodríguez, es un hombre de confianza del presidente Gustavo Petro. Realizó una investigación interna desde que llegó al cargo hace tres meses y denunció el alquiler de vehículos de protección a personas que no lo necesitaban, los falsos blindajes de carros y la existencia de mafias para contratar con ciertas empresas.

Estos son los principales hechos que muestran que en la UNP se estarían enquistando prácticas ilegales como las que, en otra época, protagonizó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) desde el cual se espió a periodistas, magistrados y defensores de derechos humanos y donde se entregó información a grupos paramilitares para cometer asesinatos. Un documento de la Unidad Nacional de Protección, conocido por El PAÍS habla de esa comparación. “La UNP no sólo heredó un grupo grande de colaboradores de esa entidad sino también su práctica, sus problemas jurídicos y su vocación perniciosa”.

También afirma que el 70% del presupuesto anual, es decir 1.12 billones de pesos (tres veces lo recogido por el impuesto al carbono en 2021), pasa a manos de empresas rentistas de vehículos y tercerizadoras de escoltas. “En ese sentido, la UNP, no es más que un instrumento de intermediación entre los recursos del erario y el ejercicio rentista privado”, dice el texto elaborado por la oficina de comunicaciones.

Droga en vehículos de protección

Además de los 150 kilos de coca en un carro adscrito a la UNP, se encontraron gorras, placas y otros emblemas del organismo en el vehículo. Fue detenido en el Cauca cuando lo conducía el expolicía Manuel Castañeda, que no solo se hizo pasar por empleado del organismo de protección, sino que intentó sobornar a los agentes.

El director de la UNP dijo que Castañeda nunca tuvo vínculo laboral con la entidad y que alguna oportunidad solicitó medidas de protección, por lo que se le asignaron un chaleco y un botón de pánico. Sin embargo, el rol de Castañeda iría más allá. Unas semanas antes de ser capturado había denunciado una red de corrupción en la entidad. Por eso, Rodríguez pidió a la Fiscalía que le protegieran la vida. Las denuncias incluyen el alquiler ilegal de esquemas de seguridad a personas que no lo requieren o no cumplen los requisitos y la participación, según él, de miembros de uno de los sindicatos de la UNP en ese esquema. El capturado trabajaba con artistas de música popular y ya había estado involucrado en otro caso de transporte de marihuana.

Transporte de narco fugado de la cárcel en carros de protección

Los carros de la UNP también fueron usados para transportar a Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, un narco que se fugó de la cárcel La Picota a comienzos de 2022. De acuerdo con el diario El Tiempo, excabecilla del Clan del Golfo y uno de los criminales más buscados del país fue recogido por el mismo conductor involucrado en el caso de la cocaína. El propio Castañeda se lo confirmó al director de la UNP y le dijo que recogió al narco cerca de la cárcel y lo llevó hasta una finca en Antioquia. “Me aseguró que cuando vio las noticias sobre la fuga de ‘Matamba’ y su rostro en fotos e imágenes, se dio cuenta de que era la misma persona que había transportado”, afirma el diario acerca de las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección.

Vehículos con falso blindaje

Al alquiler de esquemas de seguridad y la asignación ilegal de vehículos, se suman los blindajes falsos. Lo primero, ha dicho a medios el director Rodríguez, es que hay una escasez de carros blindados en el país y que la flota no ha sido renovada. “Hay alrededor de 4.500 vehículos entre convencionales y blindados que son tomados en arriendo de empresas rentistas negocio controlado por un mercado concentrado y cartelizado, cuyo parque está obsoleto y en desuso y que además impone las tablas de costos y condiciones”, dice el documento interno de la Unidad.

Lo más grave es que esto pone en riesgo a los protegidos porque los vehículos pasan mucho tiempo en los talleres mecánicos esperando ser reparados. Así le sucedió al reclamante de tierras Gabriel Quintero, quien sufrió un atentado que casi le cuesta la vida mientras esperaba a que le entregaran la camioneta blindada que tenía asignada y que llevaba en el taller más de un mes.

En la investigación interna se encontró también que varias empresas que arriendan camionetas les entregaban vehículos supuestamente blindados, pero al verificar encontraban que solo estaban protegidos los vidrios, no el resto de las partes. Eso pone en riesgo a las personas protegidas.

Placas falsas en manos de personas asesinadas

El documento de la UNP resume así lo encontrado en la investigación: “camionetas, armas, emblemas y personal utilizado para el transporte de droga, dinero, armas y personal en proceso delictivo. Es parte del paisaje el uso de placas falsas. Uno de estos elementos fue encontrado, recientemente, en el bolsillo de una persona asesinada”.

En la UNP hay 19 organizaciones sindicales con 2.000 empleados afiliados. Aunque el documento destaca que no todos están vinculados a actividades irregulares, señala que hay algunos directivos sindicales involucrados en “venta de servicio” de transporte a turistas, en paseos, utilizando recursos de la entidad. “Un dinero que iba a parar al bolsillo del dirigente sindical y del cual éste se jactaba por su habilidad para cometer la fechoría”, dice el texto. Además, dice hay otro directivo sindical comprometido con acusaciones de venta y alquiler de esquemas de seguridad.

En medio de esas denuncias, el informe de la UNP habla de la “toyotización de la vida protectora” para referirse al uso de los vehículos y escoltas, la inequidad en la forma cómo se asignan los esquemas de seguridad. “En la UNP, en materia de usuarios, no todas las personas son iguales ante la Ley. Los funcionarios nombrados o elegidos tienen derecho casi automático a esquemas de protección, con apenas un leve análisis de riesgo, en tanto que el resto de las poblaciones (defensores de DD HH, étnicos, periodistas, ambientalistas, campesinos, líderes, lideresas) no disponen de convenios y deben demostrar y probar el riesgo”. En lo que va de 2022, se han presentado 35.284 solicitudes de protección.

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