Acabar con un fetiche colombiano

No hay mejor forma para describir lo que son las camionetas blindadas y los escoltas para los colombianos de alto nivel que aquella definición que de la palabra ‘fetiche’ hace la Real Academia de la lengua española: “ídolo u objeto de culto al que se le atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos”.

Más allá de que con esta definición quedamos como un pueblo primitivo, cosa que no entraremos a discutir acá aunque los indicios sobran, no hay duda de que en Colombia el tener una especie de pequeña guardia personal, con todo y vehículo 4x4, genera entusiasmo y éxtasis a algunos que ven eso como una prueba de poder y estatus.

Por alguna deformación social, que además parece ser aceptada por las autoridades, quienes andan en camioneta adscrita a un esquema de seguridad oficial – que es proporcionado por la Unidad Nacional de Protección – se sienten legitimados para parquear por horas en lugares donde el resto de los mortales lo tiene prohibido. Tal vez sea esa misma deformación social la que hace que los beneficiarios con un esquema de seguridad, que pagamos todos con nuestros impuestos, sientan que el personal que les fue asignado para su protección no tiene como única función cuidarlos y evitar que se concrete alguna amenaza contra su vida, sino que los ven como si el Estado, a nombre de todos los colombianos, les hubiera entregado una especie de mayordomo personal que sirve para llevar el mercado, acompañar a los niños o incluso ayudar con los asuntos propios del hogar.

Sin embargo, como estamos en el autodenominado gobierno del Cambio, uno esperaría que empiece la racionalización de la asignación de este tipo de programas de protección para que el cuantioso dinero que se gasta en ellos de verdad cumpla las funciones que la ley ha definido.

El presidente Petro podría dar el primer paso derogando el decreto 1064 de 2022, firmado por el entonces presidente Duque a menos de mes y medio de terminar su mandato y que en su momento denunció el columnista Yohir Akerman como un texto que garantizaba seguridad prácticamente vitalicia para el entonces ministro del interior, Daniel Palacios; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Victor Muñoz; y la jefe de gabinete, María Paula Correa.

Cuando se conoció la historia, el gobierno Duque defendió el decreto y esa asignación de escoltas y carros blindados señalando que el texto dejaba estipulado que cada cuatro años se haría una revisión a dichos esquemas, ¿pero hay necesidad de esperar tanto?

Basta con la expedición de un nuevo decreto que derogue el 1064, aunque dudo mucho que futuros beneficiarios del mismo (a saber, el actual ministro del interior, Alfonso Prada; el actual jefe del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano; o la jefe de gabinete, Laura Sarabia) quieran ser los promotores de privarse ellos mismos de su acceso al fetiche.

Tal vez me equivoque. Tal vez el decreto está en camino. Pero no dudo que sería un gran primer paso para empezar con la purga del largo muy largo listado de colombianos que no necesitan que nosotros les paguemos el carro, los escoltas y, de paso, el mayordomo personal.

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