La paz total en su laberinto

La propuesta de paz total del gobierno de Gustavo Petro se ve enredada en un laberinto judicial. El reciente caso de Jorge Luis Alfonso López, hijo de La Gata, nombrado facilitador de paz por el Gobierno, en libertad por decisión de un juez de Barranquilla y luego revocada tras el escándalo, dejó en evidencia los vacíos en medio de los cuales avanzan las negociaciones con grupos armados y como, según analistas, esto ha “despilfarrado el capital político de la paz total”.

El caso del llamado ‘Gatico’, acusado por el homicidio agravado del periodista Rafael Enrique Prins, no es el único que revela cómo el bajo mundo se acomoda en medio de la falta de claridad por parte del Gobierno sobre los alcances de la paz total. Al menos en tres casos, la Oficina del Alto Comisionado ha tenido que rectificar y aclarar informaciones sobre las negociaciones con los grupos criminales que intentan entrar en esas negociaciones. “Esto es un eslabón más de una cadena de hechos que evidencian o por lo menos generan una percepción de improvisación, de falta de planificación de lo que es la paz total”, advierte el profesor Luis Fernando Trejos, analista del Centro de Pensamiento UNCaribe.

Antes del caso de López fue la denuncia sobre un cartel de abogados utilizando la paz total. “Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”, salió al paso la oficina del Alto Comisionado de Paz, en cabeza de Danilo Rueda después de que medios de comunicación denunciaran que un abogado cobraba 1 millón de dólares por obtener esas prebendas.

El escándalo llegó incluso a tocar a Juan Fernando Petro, el hermano del presidente. El fiscal general, Francisco Barbosa, lo llamó a declarar para ahondar las denuncias según las cuales esos abogados -de los que no se han revelado los nombres- estarían pidiendo dinero a narcos y paramilitares, como vía de entrada a las negociaciones usando el nombre del hermano de Petro. Según audios publicados por el diario El Tiempo, también estarían utilizando el nombre de Pedro Niño, abogado de derechos humanos que había sido nombrado facilitador de paz por el Gobierno. Niño, Petro y el Alto Comisionado, Danilo Rueda, protagonizaron un escándalo mediático durante la campaña presidencial cuando se conoció que estuvieron en cárceles del país reunidos con políticos presos hablando de reconciliación.

Niño, un conocido abogado de paramilitares y quien tiene una organización llamada Comisión americana de derechos humanos, obtuvo una resolución del Alto Comisionado para servir de facilitador en acercamientos con el Clan del Golfo. También en este caso ha reinado la confusión. El abogado organizó unos encuentros “ciudadanos de paz” en Montes de María que se asemejan a los proyectos de paz que adelanta el Gobierno en Buenaventura, pero que en la región son vistos como una forma de validar políticamente a ese grupo armado. Además, no es claro si su rol como facilitador le permite hacer ese tipo de eventos. El PAÍS consultó a la OACP para conocer si Niño tenía autorización para liderar ese tipo de encuentros y la respuesta fue: “No, rotundamente”.

La ONG de Niño, sin embargo, envió invitaciones que ostentan su rol y organizó el encuentro. “La Comisión Americana de Derechos Humanos, como organización de la sociedad civil y teniendo en cuenta que su representante legal se encuentra facultado para entablar diálogos exploratorios para la paz con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con beneplácito acoge la iniciativa popular y social de las comunidades donde dicha organización armada hace presencia y se apresta a ser conducto para que las peticiones de las colectividades tengan eco y sean vinculantes en el marco del proceso de paz adelantado por el Gobierno Nacional”, dice el documento de invitación al evento, que finalmente se canceló.

El comisionado Rueda ha tomado distancia del abogado desde el escándalo de la campaña. En el Reporte Coronell, de W Radio, el Comisionado le dijo al periodista Daniel Coronell que conoció a Niño en procesos de reconciliación previos a su cargo. “Tomamos distancia para evitar confusiones e interpretaciones inadecuadas. Hasta ahí llegó esa historia que tenía que ver con un trabajo de la Comisión de Justicia y Paz (donde Rueda trabajaba antes)”.

Ese hecho, junto con la fallida participación del hijo de La Gata, el desmentido cese bilateral con el ELN y el freno que puso la Fiscalía al levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición de miembros como el Clan del Golfo revelan, para analistas y otras fuentes cercanas al Gobierno, desorden y falta de pedagogía que afectan la percepción de la opinión pública sobre la paz total.

Para Trejos, sorprende que sea así en una de las políticas centrales de este gobierno. “No es algo accesorio ni secundario, sino un tema donde hay mucho capital político invertido. Uno hubiera esperado planificación no solo que la ruta jurídica hubiera estado clara desde el principio, sino también la estrategia de pedagogía y comunicación”, dice y recuerda el plebiscito por la paz durante las negociaciones entre el expresidente Juan Manuel Santos y las extintas FARC.

Desde dentro de la coalición de Gobierno hay críticas similares. Una fuente que conoce de cerca el proyecto de paz, pero no quiere ser mencionada, afirma que “la falta de comunicación es un desastre y hay un terrible desorden”. Aclara, sin embargo, que no hay mala fe de los funcionarios de la oficina de paz, sino “desconocimiento”.

Nadie duda de la importancia de buscar la paz, precisamente tras el deterioro de la seguridad de los últimos cuatro años. Pero las principales críticas son la falta de método y la ausencia de una estrategia de comunicación. Human Rights Watch (HRW) ha hecho advertencias en el mismo sentido. “La paz total necesita un método claro y ordenado. A veces en este gobierno vemos todo lo contrario”, dice Juan Pappier, investigador senior de HRW.

Lo mismo ha dicho el ex Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, en el pódcast Mis Preguntas, con Roberto Pombo. “La búsqueda de la paz total tiene una intención noble de reducir los niveles de violencia en Colombia, pero tiene problemas en su concepción, estrategias e instrumentos”. Él, sin embargo, ve que aún se pueden corregir errores. “Con la presentación del proyecto de sometimiento a la justicia se abre una ventana de oportunidad para tener una discusión democrática de un nuevo marco que ayude a enfrentar esta situación que es distinta del cierre del conflicto armado. En parte es consecuencia del vacío de poder que dejó el desarme de las FARC”, dijo.

Trejos dice que debe haber un proceso de gobernanza de la paz. “Ha habido un secretismo muy fuerte alrededor de un núcleo duro en el que están Iván Cepeda y el Alto Comisionado, Danilo Rueda. Así como el Gobierno ha logrado gobernabilidad en el Congreso también debe hacerlo en relación con la paz total”, dice. De otra manera, se seguirá profundizando el laberinto.

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