La Fiscalía cita a declarar al alto comisionado para la Paz y al hermano del presidente

La Fiscalía ha anunciado este lunes que en los próximos días citará a declarar al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y al hermano del presidente de la República, Juan Fernando Petro. El fiscal general, Francisco Barbosa, ha expresado en una rueda de prensa su preocupación por las denuncias que circularon en los medios sobre presuntos pagos de narcotraficantes para ser considerados gestores de paz y así obtener la libertad. “El presidente es el primero en decirme que es necesario que esto se aclare porque no quiere que este proyecto de paz total termine siendo una especie de entramado criminal”, ha declarado el fiscal tras una reunión de dos horas con Gustavo Petro.

La preocupación se originó el pasado sábado tras una denuncia de Semana sobre una red de abogados que presuntamente cobra hasta un millón de dólares a líderes narcotraficantes para incluirlos en las listas de gestores de paz de diversas organizaciones y así evitar que sean extraditados. En las denuncias, según Semana, varias fuentes mencionaron a Juan Fernando Petro, que causó polémica en la campaña presidencial del año pasado cuando acudió a la cárcel de La Picota para hablar de “perdón social” con varios criminales.

El hermano del presidente respondió que se ha alejado de esos procesos porque solo le han traído problemas y afirmó que los narcotraficantes y los abogados utilizan su nombre sin que él los autorice. El alto comisionado para la Paz, por su parte, reconoció a Semana que su oficina tiene información de personas que eran engañadas con estos ofrecimientos, pero negó cualquier vínculo con el Estado. “Nadie que esté obrando a nombre de la oficina cobrando recursos está autorizado ni legitimado para eso”, remarcó.

Barbosa ha señalado este lunes que las citaciones no deben leerse como una forma de “agredir” al Ejecutivo. “Hago lo que me toca hacer”, ha afirmado. Según él, las informaciones que tenga Rueda sobre mecanismos para engañar a la paz total son “fundamentales” para determinar si hay méritos que permitan avanzar en una investigación. El objetivo es establecer una “trazabilidad informativa” en la justicia y evitar que la denuncia se quede en los medios.

La tensión entre el presidente y el fiscal, designado durante el Gobierno de su amigo Iván Duque, ha aumentado en las últimas semanas. La entidad acusatoria se negó hace unas semanas a levantar las órdenes de captura de los gestores de paz que han propuesto el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, dos de las organizaciones ilegales que han dicho estar interesadas en lograr acuerdos bajo la política de la paz total. Para ello “no existe un marco normativo”, dictaminó la vicefiscal en una respuesta al alto comisionado. Esto es un desafío significativo para la paz total: pone en aprietos el cese al fuego bilateral que anunció el Gobierno el pasado 31 de diciembre, en el que se incluyen los dos principales grupos del crimen organizado.

El fiscal general se ha esforzado durante la rueda de prensa en bajar la tensión. Ha reiterado varias veces que la reunión con Petro tuvo un tono “amable” y que el mandatario escuchó varias de sus preocupaciones. “No existe animaversión entre el fiscal y el presidente, lo que existen son discusiones naturales en el marco de las competencias que cada uno tiene en el país”, declaró en la sede de la Fiscalía, tras volver de la Casa de Nariño.

La entidad acusatoria considera que no pueden levantarse las órdenes de captura hasta que el Congreso sancione una ley de sometimiento a la justicia que se aplicaría a las organizaciones que no tienen carácter político. Barbosa ha enfatizado que las negociaciones de paz con grupos reconocidos como políticos o históricos son diferentes y sí tienen ese marco normativo. Por eso, la Fiscalía ha rechazado avanzar en casos como los del Clan del Golfo mientras que ha levantado las órdenes de captura de los voceros del Ejército de Liberación Nacional y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no formaron parte de los acuerdos de paz de 2016.

La reunión con el presidente incluyó varios desacuerdos. La Fiscalía cuestionó el uso de la terminología de “cese al fuego” respecto a la suspensión de actividades con los grupos del crimen organizado y expresó su preocupación por los “lamentables” resultados operativos tras esos acuerdos. Para Barbosa, las competencias de la entidad que dirige han sido afectadas: hay 2.200 órdenes de captura sin ejecutar y se ha reducido de manera significativa la incautación y destrucción de cultivos ilícitos.

La respuesta del Ejecutivo, según el fiscal general, ha sido que se revisarán los decretos que pedían el levantamiento de las órdenes de captura y ordenaban el cese al fuego sin incluir una delimitación territorial. Asimismo, la Fiscalía “tendrá voz en el Congreso” en el trámite de la ley de sometimiento. “Coincidimos en que se va a presentar una ley de sometimiento y que no se van a solicitar capturas de personas con pedidos de extradición”, ha resaltado Barbosa.

Consultado por este periódico, el fiscal ha asegurado que avanzará con el pedido del Ejecutivo una vez que la ley sea promulgada. No obstante, ha dejado en claro que la paz total es una política del Gobierno y no de otras entidades estatales. “Yo le dije: ‘Presidente, usted se la ha jugado con la idea de la paz total. Nosotros acompañamos, pero es una apuesta que usted hace’. Nosotros vamos a acompañar sobre la base de lo que podemos hacer en el marco de la Constitución”.

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