El cese al fuego bilateral marca un hito en la política de “paz total” de Petro

Gustavo Petro lo apuesta todo a buscar la paz en Colombia. El 31 de diciembre, al filo de la medianoche, anunció un acuerdo de cese al fuego bilateral con cinco organizaciones armadas. Durante seis meses, prorrogables según avancen las negociaciones, el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central [ambas disidencias de las FARC], las AGC o Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada suspenderán acciones. “Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo”, aseguró el presidente.

Camilo González Posso, director de Indepaz, dice que Colombia está ante un hecho “extraordinario”. “[El acuerdo] tendrá efecto en 80 estructuras ilegales, entre frentes y columnas, con un impacto en cerca de 350 municipios de Colombia. Más de 15.000 efectivos en armas de estas organizaciones, según los cálculos más conservadores, están suspendiendo acciones de confrontación con la fuerza pública”, dice en un análisis sobre el anuncio de Petro. Pero no todos se muestran igual de optimistas. Aunque el Gobierno publicó un comunicado en el que intentó explicar cómo funcionará este cese, inédito por quienes participan y por su duración, todavía hay muchas dudas. El exministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, ha cuestionado su efectividad. “Solo será una buena noticia si no es simplemente una pausa táctica. Que el Jefe del Estado anuncie un cese al fuego bilateral que es solo unilateral es un disparate. El Estado en tregua y el enemigo en modo combate. Si había interrogantes ahora hay serias dudas e inquietudes”.

El país se asoma a la mayor tregua de paz desde las negociaciones que terminaron en el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. Petro aspira a extinguir décadas de conflicto armado que ha dejado nueve millones de víctimas, mediante el diálogo con paramilitares, pandilleros y guerrilleros. Su Gobierno negocia con el ELN y logró el cese de hostilidades entre los Shottas y Espartanos, dos mafias que aterrorizaban al puerto de Buenaventura, en la costa del Pacífico de Colombia.

Según Indepaz, al menos 10.000 hombres harán parte de la tregua, a la que también se ha acogido la mayor banda narco del país, las AGC o Clan del Golfo, y las Autodefensas de la Sierra Nevada. El Gobierno ha explicado que habrá un decreto específico por cada una de las organizaciones, que determinará la duración y las condiciones del cese, que será monitoreado por la Misión de Verificación de la ONU, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.

Desde que asumió la Presidencia, el pasado 7 de agosto, Petro y su Gobierno han hecho de la “paz total” el centro de su política. En el Congreso, consiguieron sacar adelante con mayorías una ley que le permite negociar con grupos armados, incluso si no tienen carácter político y viven de economías ilegales como el narcotráfico o la minería. La norma también le permite negociar con los miembros de las FARC que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz de 2016. “Hay algunas estructuras que de no incorporarlas dejan a medio país en un baño de sangre”, aseguró el Gobierno cuando defendió su propuesta ante el Parlamento.

Para León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el cese anunciado por Petro es un “golpe de opinión y la expresión con hechos de que es posible alcanzar la paz total”. “Tiene el sello de lo que hacía el M19 cuando se proponía expresiones de paz con hechos políticos y de opinión. Si un país se despierta en un año nuevo con un proceso de paz con una cantidad de organizaciones tan distintas, esto trae un impacto”, señalaba el analista este domingo en Caracol Radio. “La palabra que utilizan es cese bilateral, no es solo un cese entre el Estado y los grupos, sino un alivio para la población civil. La guerra en Colombia está muy delimitada, hay 11 territorios donde está la mayor conflictividad armada, la violencia y los enclaves de drogas ilegales. Por eso se deben priorizar estos territorios por parte de las veedurías”, explicaba.

En 2022, hubo 179 asesinatos a líderes sociales, 94 masacres y más 70.000 personas dejaron sus casas desplazadas por la violencia. Al hacer el anuncio, el Gobierno dijo que el cese bilateral es la respuesta al clamor de las comunidades de los territorios más amenazados por la violencia.

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