El abogado de criminales que será vocero de los narcos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el 31 de diciembre que el Clan del Golfo, el grupo narcotraficante más grande del país, es uno de los actores del conflicto armado con los que habrá un cese al fuego bilateral. Dos días después, El Tiempo reveló que el abogado penalista Pedro Niño será el vocero para los diálogos con esa organización, de acuerdo con una resolución de presidencia firmada el 28 de diciembre. El abogado tiene una amplia experiencia en acercamientos con este tipo de grupos y trabaja desde hace meses en generar “espacios de confianza” con el Clan del Golfo, según cuenta por teléfono su colega Juan Fernando Petro, hermano del presidente. “No habría persona más idónea que Pedro [Niño]”, dice.

Niño, con 20 años de trayectoria, ha defendido a políticos y empresarios condenados por asociarse con grupos paramilitares. En abril del año pasado, además, protagonizó un escándalo cuando llevó al hermano de Gustavo Petro y al hoy alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a reunirse con políticos presos que querían hablar de perdón y reconciliación con el entonces candidato presidencial.

De acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso El Tiempo, Niño ha sido autorizado para contribuir en la labor del alto comisionado para la Paz “de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil” de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como también se conoce al Clan del Golfo. El documento reconoce a Niño como el “vocero” del grupo armado que “adelantará las gestiones” de sometimiento a la justicia, en coordinación con el alto comisionado. “El señor comisionado Rueda delimitará nuestras funciones”, añadió Niño en diálogo con El Tiempo.

El Clan del Golfo no puede ser parte de un proceso de paz tradicional como el que hubo con las FARC porque no es un grupo de naturaleza política, sino una organización criminal. No obstante, el Gobierno espera encontrar un camino jurídico a través de la figura de “sometimiento a la justicia” reconocida en la ley de la paz total, aprobada el pasado noviembre. La normativa permite “acercamientos” con “estructuras armadas de crimen de alto impacto” para que se sometan a la justicia, una figura que permite negociar beneficios judiciales.

Niño explica a EL PAÍS que su nombramiento es parte de los diálogos que ya existen entre el grupo armado y el Ejecutivo. “Mi designación obedece a un pedido directo por parte del Estado Mayor de las AGC, que han confiado en mí la posibilidad de construir puentes con el Gobierno nacional”, cuenta por mensaje de texto, ya que se encuentra en una zona rural con limitada señal telefónica. Afirma que fortalecerá los diálogos con sus 20 años de experiencia en las cárceles colombianas como defensor de la población reclusa: “Con ellos se ha trabajado en los territorios más profundos de nuestra geografía nacional. Por tanto la experiencia recogida desde los territorios puede ser llevada a Bogotá”.

El abogado ha defendido a varios actores relevantes del conflicto armado. Recientemente, representó ante la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) a Benito Molina, quien fue presidente del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y 2007, cuando empresarios de la zona financiaron a grupos paramilitares. Molina fue condenado a 16 años de prisión por despojo de tierras, pero actualmente tiene libertad transitoria y condicionada por sus aportes de información a la justicia. Niño también ha sido abogado de ‘Kiko Gómez’, el exgobernador de La Guajira condenado por homicidio, que fracasó recientemente en su intento de pasar su caso a la JEP.

Después, Niño estuvo en el centro de la visita del hermano de Petro a presos por corrupción en abril del año pasado, en medio de la campaña electoral. El abogado habilitó el acceso a la cárcel de La Picota, en Bogotá, para Juan Fernando Petro y el actual alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Los tres eran parte de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una organización de construcción de paz que ha proveído asesoría jurídica a diferentes actores del conflicto armado.

La visita enredó la campaña electoral, ya que se acusaba a Niño de entregar a los presos un documento en el que Petro les ofrecía “perdón y olvido”. El abogado negó que entregara la propuesta a los reclusos y dijo que se trataba de un entrampamiento político. La Comisión reconoció “la imprudencia” de ingresar con el hermano de un candidato.

Después de que Petro ganara las elecciones, tanto su hermano como Niño pasaron a trabajar con la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, una ONG de ámbito regional que apoya diálogos de paz en Colombia. Y desde allí tanto Juan Fernando como Niño pudieron hacer parte de los “espacios de confianza” del Gobierno con grupos armados, según le confirma por teléfono a El PAÍS el hermano del presidente.

“Pedro [Niño] puede acercar a las AGC con el Gobierno para diálogos pertinentes y serios que generen la confianza necesaria”, señala Juan Fernando Petro, que también menciona que Niño no solo ha trabajado con personas en las prisiones, sino que conoce bien el poder de las AGC en una de sus zonas de influencia, el Urabá.

“Él conoce mejor que nadie la idiosincrasia, el pensamiento, de lo que sucede en las cárceles, la corrupción y el poder allí, pero también en los territorios”, añade Juan Fernando Petro. “Ha tenido un bajo perfil por años y trabaja como abogado con esos personajes que han pagado su deuda con la sociedad y la sociedad no les ha devuelto sus derechos civiles y políticos”.

El hermano del presidente no puede ser vocero, por su relación con el mandatario, pero dice que apoyará el trabajo de Niño y reconoce que su vínculo filial de alguna forma le da facilidad de acercamiento. Insiste en que el Ejecutivo eligió la mejor opción. “No sé quién tomó la decisión, pero todo el mundo en el Gobierno sabía que a través de nosotros se hacía un arduo trabajo en la zona de influencia de estos grupos, el alto comisionado lo entendió claramente”, añade.

El PAÍS contactó al comisionado de Paz, Danilo Rueda, que no dio detalles sobre el rol de vocero de Niño. Dice que no tiene comunicación con el abogado desde esa visita a la cárcel La Picota en abril. “Conmigo no trabaja”, enfatiza por mensaje de texto para explicar que Niño no hace parte de la nómina de su oficina. Aunque no confirmó ni negó la veracidad del documento revelado por El Tiempo, dijo que cada grupo armado con quien se dialogue acuerda sus voceros y que todos estos “tienen responsabilidades específicas y confidenciales”. La resolución señala explícitamente que su contenido es de carácter reservado.

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