Un feminicidio en territorio indígena colma la paciencia de las mujeres de Putumayo

Un grupo de mujeres atravesando las calles del municipio de Santiago, en Putumayo, con un ataúd en los hombros y el cuerpo sin vida de una joven se convirtió en una dramática protesta por la lentitud de las autoridades para atender los casos de violencia de género, y por la tensión que existe entre la justicia ordinaria y la indígena. En medio de una lluvia menuda, el miércoles de ceniza, amigas, vecinas y familiares cargaban los restos de Deisy Naucil Jacanamijoy, una mujer de 33 años que fue asesinada presuntamente por su expareja. Detrás de ellas, otro grupo de personas que acudió al funeral llevaba carteles que exigían justicia y denunciaban negligencia en este feminicidio.

Naucil había desaparecido el jueves 16 de febrero después de la 9 de la noche de su casa ubicada en la vereda la Y, de San Andrés, en este municipio del suroccidente colombiano. La alerta familiar se activó el viernes en la mañana cuando encontraron objetos tirados por el suelo y solos a los tres hijos de la mujer, niños de 6, 8 y 10 años. De inmediato denunciaron su desaparición, pero las autoridades -tanto indígenas como ordinarias- les informaron que debían esperar 72 horas para comenzar la búsqueda. En ese lapso fue asesinada, presuntamente a manos de su expareja y padre de los niños, que está siendo investigado como el principal sospechoso.

“A Deisy le falló la institucionalidad”, dice a EL PAÍS el representante a la Cámara Andrés Cancimance. “Los reportes se hicieron a tiempo. Es más, era un caso que contaba con denuncias previas de maltrato en el hogar. Le falló entonces todo el sistema de justicia. Pese a las alertas que había no se actuó a tiempo, la respuesta inicial a la familia fue ‘hay que esperar, no es necesario poner una denuncia porque ya hay una activa’; la otra respuesta fue que debían esperar 72 horas, pero hay que recordar que en casos de violencia las primeras 24 horas son determinantes para salvarle la vida”, agrega el congresista oriundo de Putumayo.

Para las mujeres de la región este caso ha colmado su paciencia. “¿Dónde está la justicia por las mujeres en el Putumayo?”, denunciaba la Alianza de Mujeres Tejedoras del departamento, que organizó una velatón para exigir la búsqueda de Deisy y señaló la tardanza para activar las alarmas y buscar a Deisy. “Es un hecho más que deja al descubierto la poca garantía en la defensa de sus derechos que tienen las mujeres en el Putumayo y donde el silencio es más que un cómplice de las instituciones que parecen ajenas a estos hechos de feminicidio y violencias de género que se repiten una y otra vez”.

Por eso, entre los carteles del funeral se leían mensajes como “La negligencia de la Policía, Fiscalía y autoridades indígenas, son responsables de un nuevo feminicidio” o “Se escandalizan por las que luchan y no por las que mueren”. De acuerdo con cifras de la Fiscalía este año se han presentado otros tres feminicidios en Putumayo, pero se conoce que existe un alto subregistro.

Naucil era tecnóloga en infancia y adolescencia y daba clases en un colegio de Bogotá. Sin embargo, de acuerdo con su tía Elizabeth Naucil, tuvo que dejar ese trabajo debido al maltrato al que la sometía su expareja y padre de sus tres niños. El hombre, agrega la familiar, le había arrebatado a sus hijos y los había llevado a escondidas a Barbacoas, en el vecino departamento de Nariño, para atraerla. “Deisy estuvo un tiempo allá y, después de haber puesto denuncias por violencia contra él, escapó con los niños y vino a Putumayo”, contó a EL PAÍS.

La muchacha llevaba apenas dos meses en el departamento. Ayudaba junto a otros familiares a cuidar a su abuelo enfermo, por lo que permanecía siempre acompañada. Sin embargo, el día de su desaparición el viejo había sido llevado a una cita médica en otra ciudad y Deisy estaba sola con los niños. Los parientes creen que el asesino venía haciendo seguimiento porque supo el día en que estaba sola.

La familia narra que apenas supieron de la desaparición acudieron al cabildo indígena de la zona para que comenzara la búsqueda, pero el gobernador indígena no lo autorizó porque estaban concentrados en las fiestas del pueblo Inga. Tampoco, denuncia Elizabeth Naucil, dio permiso para que buscara la Policía, así que fue la familia quien comenzó a recorrer el pueblo tratando de encontrar a la mujer mientras se cumplían las horas para activar la búsqueda oficial.

“Que lo juzgue la ordinaria”

El manejo de la desaparición también mostró las fisuras entre la justicia indígena y la ordinaria. El domingo 18 Deisy fue hallada muerta, según la Fiscalía por heridas de un arma traumática, de las que se comercializan con gran facilidad y a la vista de todos en Putumayo. La expareja y presunto asesino se presentó ante la Policía, pero inmediatamente solicitó ser trasladado a la Casa Cabildo Indígena mientras las autoridades lo investigan. Después de una semana de presión de los familiares de Deisy y de las mujeres de la comunidad, fue llevado de nuevo a manos de la Policía.

Según la Fiscalía, el hombre tenía una denuncia por violencia sexual y otra por violencia intrafamiliar, y negó ser el autor del feminicidio. Aseguró que para el momento de los hechos él se encontraba en Cauca, a 200 kilómetros de ahí; y aunque sus celulares registraban lejos del lugar de la desaparición, la Fiscalía lo tiene como principal sospechoso. “Toda su familia clama a los entes competentes para que se haga justicia y hallen los responsables, porque él no actúo solo, hubo cómplices. Queremos que todos paguen por este acto tan deplorable y exigimos que sean juzgados por la ley ordinaria, no por la ley indígena que no sirve para nada”, dijo Elizabeth Naucil, tía de la mujer asesinada.

La violencia intrafamiliar es un problema generalizado en Colombia y también se vive de forma intensa en Putumayo. En este departamento fronterizo se presenta, además, una situación de violencia política contra ellas por parte de los grupos armados que operan en la región. De acuerdo con la Fiscalía, la violencia intrafamiliar ha dejado 571.005 víctimas en todo el país en entre 2015 y 2022, de las cuales 443.548 eran mujeres. Sin embargo, entre las mujeres indígenas el problema está más silenciado.

El caso de Deisy destapó precisamente una inconformidad de las mujeres indígenas por la laxitud con la que las autoridades de sus pueblos tratan los casos de violencia contra ellas. A través de redes sociales varias denunciaron que, ante las denuncias de maltrato, las autoridades de los cabildos apenas amonestan a los maltratadores, y los envían de nuevo a las casas con sus víctimas. “Quiero disculparme con las autoridades indígenas y taitas, pero tengo que decir que hay cabildos que no han tenido el valor de entregar (a la justicia ordinaria) a muchas personas que hacen daño”, dijo una joven durante los días de búsqueda de Deisy.

En casos de violencia género la justicia propia suele ser inequitativa, denuncian las mujeres. Por ejemplo, en asuntos de infidelidad resguarda al hombre infiel y la mujer enfrenta obstáculos en caso de que quiera separarse. “Hay mucha autoridad que deja pasar los maltratos, la violencia intrafamiliar porque en la comunidad no hay reglamento. Hay cosas que no se pueden arreglar en un cabildo, que tenemos que dejar que las autoridades blancas nos ayuden”, insistía la joven indígena en un video.

El congresista dice que la tensión entre la justicia propia y la ordinaria afecta especialmente a las mujeres. “Hay modalidades como la violencia sexual contra mujeres indígenas donde esto resulta mucho más complejo porque la justicia propia es manejada por hombres encubriendo a otros hombres, y eso aumenta la impunidad y la revictimización”, dice Cancimance. Casos como el de Deisy han profundizado esas críticas. “Cada vez más mujeres muy valientes han dicho ‘aquí en este cabildo se nos viola’ y otras que hacen parte de los consejos y denuncian violencias basadas en género de sus compañeros hombres que van desde estigmatizarlas e invisibilizar sus luchas”, concluye el congresista.

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