El Gobierno de Petro lanza su primer despliegue militar para frenar la violencia en Putumayo

Una semana después de los enfrentamientos entre grupos armados que dejaron 18 muertos en Putumayo, el Gobierno de Gustavo Petro ha anunciado su primer despliegue militar para enfrentar la violencia que escala en esa región fronteriza con Ecuador y Brasil. El portavoz oficial y ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que enviarán seis pelotones con 400 hombres.

La decisión se tomó después de un Consejo de Seguridad en Palacio, al que asistieron el ministro de Defensa, Iván Velásquez, comandantes de las diferentes fuerzas armadas y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La importancia de atender con urgencia esta región es que la violencia entre los Comandos de la Frontera y el frente Primero Carolina Ramírez ha explotado en combates que dejan a la población civil en el medio. La escalada violenta, además, desafía la propuesta de la paz total, con la que el Gobierno de Petro pretende negociar con todos los grupos armados, incluidas las bandas de crimen organizado.

Los Comandos de la Frontera están integrados por disidencias de las FARC de la llamada Segunda Marquetalia junto a desmovilizados de los paramilitares; y el frente Primero Carolina Ramírez, otra ala de las disidencias de las FARC y vinculado a alias Gentil Duarte. Los Comandos son también una alianza narcotraficante entre los grupos La Mafia y Sinaloa, sucesora de estructuras que pertenecían al frente 48 de las FARC. Ambos habían manifestado su interés en participar de la “paz total”, pero no han cumplido.

Los combates entre ellos que dejaron 18 muertos colmaron la paciencia del Gobierno de Petro. La semana pasada, el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, les había dicho que la disposición al diálogo “tiene un límite” y que en esa zona se habían alcanzado niveles de violencia “demenciales”. La decisión de este lunes se lee en ese contexto.

La presencia de los cultivos de uso ilícito en Putumayo, 32.000 hectáreas sembradas en 2021, según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI, de Naciones Unidas, son la nuez del problema en la región. Después de las fallas de implementación del programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos en el Gobierno anterior, miles de campesinos optaron por dedicarse a ese cultivo. También la cercanía a las fronteras se ha convertido en una lucha de los grupos armados que intentan controlar sus salidas y se disputan los ríos para tener las mejores rutas.

Durante su intervención, Prada aseguró que en estos tres meses han capturado a 130 personas en actividades criminales relacionadas con el tráfico y que han desmontado 720 laboratorios de coca. Esto “ha pegado fuerte a la estructura e infraestructura de quienes trafican con las drogas y siembran terror en esa zona del país”, señaló el ministro.

Los anuncios gubernamentales se dan precisamente el mismo día que decenas de líderes de Putumayo están en el Congreso de la República en una audiencia de derechos humanos citada por el Representante a la Cámara, Andrés Cancimance. Allí se denunció que al menos 33 líderes sociales y cinco firmantes de paz han sido asesinados en lo que va de este año; que hacen falta inversiones y que la fuerza pública que ya está en el territorio no hace nada para detener ese desangre.

Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo denuncia, además, la presunta relación de las fuerzas armadas con algunos de los grupos armados que operan en la región. La institución asegura que las comunidades temen pedir ayuda de la fuerza pública, “porque existen versiones que indican que Comandos de la Frontera tendría supuestos informantes a su interior”. Según dichas versiones, algunas personas estarían recibiendo posibles pagos para que conocer quienes están presentando las quejas y denuncias respecto a su accionar armado, indica la Defensoría del Pueblo. Además, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha señalado que la fuerte presencia de militares no solo ha reducido los efectos de la guerra, sino que los ha acentuado.

Está por verse entonces si el nuevo despliegue militar del Gobierno de Petro tendrá impacto en el conflicto armado que vive Putumayo. De acuerdo con Prada, este “desembarco” no será solo militar y se hará bajo conceptos de “seguridad humana y paz total”. Parte del despliegue implicará reactivar el programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, contemplado en el acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el Estado. “Se ha designado al director del programa y hemos apropiado los recursos, realmente millonarios para dar cumplimiento pleno a las aspiraciones de los campesinos cocaleros que no han tenido ninguna opción diferente a los de la hoja de coca”, dijo.

También en el Congreso, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la necesidad de cambiar radicalmente la política de drogas como única forma de detener el conflicto de esa región. “Queremos descriminalizar el cultivo de coca para campesinos. La persecución penal comenzaría con la producción y el tráfico de cocaína. Separar claramente lo que es la hoja de coca de la cocaína”, aseguró ante las denuncias de campesinos que se sienten estigmatizados por cultivar la hoja en Putumayo. Habló, además, de que el Gobierno quiere entregarles títulos de propiedad “a los campesinos que tengan la intención o bien de darle uso lícito al cultivo de coca o sustituyan por otros cultivos”.

Tanto Prada como Osuna remarcan que, si no se toman medidas en el ámbito internacional, no habrá forma de detener el tráfico de la coca. “Hemos establecido la existencia de actividad ilegal en la frontera”, dijo el portavoz oficial del Gobierno y anunció que trabajarán en llave con Ecuador, Brasil, Perú, Venezuela y Panamá. “Tenemos contacto al nivel de los ministros de Defensa y comandantes regionales de esos países con quienes haremos balances y planeación de operaciones cada tres meses”, señaló Prada. “Es un problema multicrimen, son procesos criminales internacionales. Se hace indispensable la colaboración internacional”, concluyó.

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