La violencia de las disidencias se desborda al Valle del Cauca y rodea a Cali

Colombia arrancó esta semana con una oleada de ataques de las disidencias del autodenominado Estado Mayor Central que incluyó la explosión de una moto bomba, hostigamientos con ráfagas de fusil y ataques a un helicóptero militar, lo que sembró la zozobra en el suroccidente del país. El presidente Gustavo Petro aterrizó el jueves en Morales, Cauca, uno de los epicentros de la violencia, donde murieron dos policías, para atender en persona la delicada situación de orden público, y después celebrar un consejo de seguridad en Popayán, la capital de ese departamento.

Entretanto, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, presentó el miércoles en Bogotá, durante el Día Internacional de la Biodiversidad, una ambiciosa campaña para “hacer la paz con la naturaleza” como parte de las apuestas diplomáticas de Colombia de cara a la conferencia mundial de biodiversidad de Naciones Unidas, que se va a celebrar entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre en Cali. La COP16, un evento que moviliza a más de 12.000 personas, será la gran vitrina internacional del Gobierno Petro, un ambientalista convencido. Aunque parezcan distantes, los dos episodios están más relacionados de lo que pueda parecer a primera vista.

Aunque el Cauca se ha llevado la mayor parte de la atención por cuenta de los ataques de las disidencias de Iván Mordisco que se apartaron de la mesa de diálogos con el Gobierno, la violencia también se desborda al vecino departamento de Valle del Cauca, en el que Cali, su capital, acelera los preparativos para albergar la COP16. El estallido de la moto bomba, sin ir demasiado lejos, fue cerca de un hotel en Jamundí, a solo una hora en carretera de Cali, donde estaban hospedados un centenar de policías que llegaron para reforzar la seguridad en la región. No es la primera ocasión en que se producen hostigamientos en las goteras de la capital vallecaucana. Su alcalde, Alejandro Eder concibe la cumbre como una oportunidad para revitalizar a la ciudad. Pero la compleja situación de seguridad emerge como un desafío.

Cali tiene un gran peso simbólico, pues es la capital de facto de toda la región pacífica, destaca la analista Elizabeth Dickinson, investigadora del International Crisis Group. “Para el Estado Mayor Central es una muestra de fuerza muy importante poder entrar, y hacer acciones contra el Estado, en la tercera ciudad de Colombia”, apunta. Hay otros puntos en el Valle del Cauca, como Buenaventura, con un valor estratégico por su salida al mar. En el departamento confluyen los conflictos de una región mucho más amplia, que incluye a Cauca y Chocó.

Solo en abril, el Valle del Cauca sufrió un atentado con carrobomba en un batallón del ejército, una masacre de cinco personas y el asesinato de dos concejales, uno en Jamundí y otro en Tuluá, donde el alcalde ha estado amenazado desde la campaña por la banda criminal La Inmaculada. En Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico, a dos horas y media de Cali, campean todo tipo de bandas criminales, con protagonismo de Los Shottas y Los Espartanos, además del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Una reciente alerta temprana de la Defensoría del Pueblo señala que en el 82% de los barrios de Buenaventura hacen presencia grupos armados o de delincuencia.

Para terminar de activar las alarmas, la gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó el mes pasado que, según información de inteligencia militar, una facción del Estado Mayor Central planeaba secuestrar a los diputados del Valle, lo que agita recuerdos dolorosos del conflicto armado en una ciudad que ya sufrió un episodio estremecedor. El caso de los 12 diputados secuestrados en 2002 mientras sesionaban en la sede de la Asamblea Departamental en el corazón la tercera ciudad del país fue uno de los crímenes más crueles de la extinta guerrilla de las FARC, hoy desarmadas y convertidas en un partido político por cuenta del acuerdo de paz.

Carlos Negret, defensor del Pueblo entre 2016 y 2020, apunta que la crisis de seguridad en Cauca y Valle del Cauca corresponde a una misma dinámica. “Los municipios más afectados por este conflicto son los del sur del Valle: Florida, Pradera y ahora Jamundí. Hacen parte del escenario de riesgo del Norte del Cauca, tanto así que pertenecen todos a una misma zona PDET [Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, los más afectados por el conflicto]como lo es la de Norte del Cauca y Alto Patía”, explica. Son los mismos corredores estratégicos que se disputan los actores armados ilegales por ser fundamentales para las economías ilegales.

“Lo de Cali es mucho más complejo porque se mezcla con las problemáticas propias urbanas, donde los camuflados y brazaletes no se ven; donde las alianzas adquieren un nivel más de complejidad, como es su articulación o disputas con bandas que tienen tercerizadas las actividades delincuenciales de estructuras criminales más complejas, incluso multinacionales”, añade Negret en su análisis. En la ciudad además hay una herencia profunda de todos los herederos del Cartel de Cali que son redes vigentes en actividades de extorsión y microtráfico, abunda. “El actual alcalde trabaja en una apuesta por la reconciliación que podría beneficiar la gestión de este escenario”, matiza.

Cali tiene problemas estructurales e históricos de violencia desde hace mucho tiempo, con una desigualdad extrema, por lo que suele aparecer en los listados de ciudades más violentas del mundo, recuerda Kyle Johnson, investigador de la fundación Conflict Responses (Core). “Hay muchas pandillas, pero también otros actores de violencia vinculados al sicariato y otras acciones violentas porque en Cali se maneja mucha plata de economías ilegales, no solamente la coca sino también la marihuana, además de tráfico de armas”, apunta. Otras ciudades y municipios que sufren directamente las embestidas del conflicto armado son muy cercanas a Cali, tanto en el sur del Valle como en el norte del Cauca. “La violencia no necesariamente se define por las líneas político-administrativas”, coincide.

En las ciudades convergen otro tipo de dinámicas criminales que no suceden en las zonas rurales, advierte Catalina Miranda, coordinadora de seguridad ciudadana de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Coincide en que las altas tasas de homicidios, que alcanzaron 44,9 por 100.000 habitantes en 2023, son un fenómeno grave que Cali no ha podido resolver desde hace varios años. También enfrenta un problema de desacato a la autoridad que ha llevado a medidas como los patrullajes mixtos, con agentes de tránsito acompañados por un militar. “La administración distrital está haciendo esfuerzos importantes”, valora, pero para resolver los problemas estructurales hacen falta medidas más ambiciosas, estrategias de inclusión social y una reforma significativa del sistema penitenciario. Por lo pronto, Cali necesita un blindaje suficiente para garantizar el éxito de la COP16. El tiempo apremia.

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