Colombia rememora la tragedia de los diputados del Valle asesinados en cautiverio

Tan pronto se bajó del helicóptero que lo trajo a la libertad tras siete largos años de cautiverio, Sigifredo López fue embestido, sobre la propia pista, por el abrazo de sus hijos, los tres atenazados ante las cámaras que transmitían en directo. Esas imágenes de 2009 en el aeropuerto de Cali, tatuadas en la memoria de muchos colombianos, mezclaban una intensa alegría con un profundo dolor. López fue el único sobreviviente de los 12 diputados del Valle secuestrados por las FARC en un cinematográfico operativo en abril de 2002. Los otros 11 fueron masacrados en 2007, estando aún cautivos. Algunas de las viudas, los padres y los hijos de los que no regresaron estaban allí para darle la bienvenida.

El caso de los diputados, secuestrados mientras sesionaban en la sede de la Asamblea Departamental en el corazón la tercera ciudad del país, fue uno de los crímenes más crueles de la exguerrilla, hoy desarmada y convertida en partido político por cuenta del acuerdo de paz. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) divulgó este sábado, precisamente en el edificio donde ocurrió aquella toma, el informe “El caso de la Asamblea del Valle: tragedia y reconciliación”. El libro, producto de dos años de reuniones de las familias con investigadores de la entidad, reconstruye las vidas de las víctimas. En próximos días se presentará en Bogotá y se lanzarán 16 cortos documentales sobre cada una de ellas.

Vestidos con uniformes de la fuerza pública, y haciéndose pasar por una unidad antiexplosivos, los guerrilleros convencieron aquel 11 de abril de 2002 a los diputados de desalojar el edificio. En aquella incursión murió el policía Carlos Alberto Cendales, que vigilaba la Asamblea, así como el conductor Walter López y el camarógrafo Héctor Sandoval, del canal RCN, que cubrían los acontecimientos. Cinco años después, en un confuso episodio, los legisladores Alberto Quintero, Carlos Alberto Barragán, Carlos Alberto Charry, Edison Pérez, Francisco Javier Giraldo, Héctor Fabio Arizmendi, Jairo Javier Hoyos, Juan Carlos Narváez, Nacianceno Orozco, Ramiro Echeverry y Rufino Varela fueron asesinados por sus captores, como respuesta a lo que creyeron equivocadamente un asedio enemigo. Sigifredo se salvó por estar castigado, apartado del grupo, cuando se dio la orden. Aquellas muertes conmocionaron a una sociedad asolada por el secuestro. De las 37.094 víctimas de ese delito entre 1958 y 2018, 1.147 han muerto o han sido asesinados durante su cautiverio, detalla el CNMH.

“Consignamos el testimonio del dolor de cada familiar afectado, pero sobre todo su manera de sobreponerse al impacto de los hechos, su resiliencia y resistencia constantes, su lucha por elevar su caso a asunto de Gobierno y de sociedad a fin de lograr un acuerdo humanitario que mantuviera viva la esperanza de su liberación, los sueños imposibles de fuga, las movilizaciones ciudadanas, el cara a cara con los perpetradores, y su invitación sufrida y generosa a la reconciliación para frenar la tentación a las venganzas sin fin”, apunta Gonzalo Sánchez, director del CNMH.

El informe arroja luces sobre la manera como fue planeada y ejecutada esa inusual incursión urbana con varios meses de anticipación. También sobre la marcha forzada por el parque natural los Farallones a la que fueron sometidos los diputados en un primer momento y, posteriormente, su larga travesía por selvas, montañas, pantanos y páramos de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, en el suroccidente del país.

Su lanzamiento coincide con los relatos, a principios de este mes, de Sigifredo López y los familiares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema surgido de las negociaciones de La Habana para juzgar los peores crímenes de la guerra. Sus testimonios, junto al de tantos otros secuestrados, serán decisivos para determinar las responsabilidades del antiguo secretariado, máxima instancia de la extinta guerrilla. “El secuestro no tiene como consecuencia un dolor fisiológico, sino existencial”, reflexionó López durante su comparecencia. “El daño que causaron es irremediable. Yo no pude ver crecer a mis hijos, los oí crecer”, señaló en referencia a los mensajes de radio que eran su único canal con el mundo cuando estaban en la selva. Se lo llevaron cuando sus hijos tenían poco más de diez años, y lo recibieron ya mayores de edad.

El secuestro con fines políticos

Con el cambio de siglo, las FARC anunciaron su estrategia de secuestrar políticos con el propósito de canjearlos por guerrilleros presos, una modalidad que se intensificó en el ocaso del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), tras la fallida negociación de El Caguán. Las familias de los diputados, junto a otros parientes de secuestrados, hicieron todo lo que estaba en sus manos para impulsar un acuerdo humanitario, desde movilizaciones sociales hasta gestiones diplomáticas, durante los dos mandatos de Álvaro Uribe (2002-2010), una opción que nunca prosperó. La liberación de López, entregado por las FARC a una misión humanitaria, marcó el fin del secuestro político. Ese doloroso capítulo se saldó con 13 muertos, ocho entregas unilaterales, dos fugados y 15 rescatados por el ejército, entre ellos Ingrid Betancourt.

Luego de firmar el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, a finales de 2016, las FARC han hecho seis actos de perdón, uno de ellos por el secuestro y asesinato de los diputados del Valle. Con el primer proceso de la JEP, que aborda los secuestros perpetrados por la exguerrilla, se espera un mayor esclarecimiento del caso.