El jefe de la banda La Inmaculada confiesa desde la cárcel que ha ordenado la muerte del alcalde de Tuluá

Mientras purga una pena de 30 años de prisión, Andrés Felipe Marín, alias Pipe, continúa siendo el jefe máximo de La Inmaculada, la banda criminal que controla la extorsión y el microtráfico en Tuluá (Valle del Cauca). El dominio que ejerce sobre el municipio es tal que tiene sitiado en su finca de recreo al alcalde, el conservador Gustavo Vélez, sobre quien pesan varias amenazas de muerte. La situación ha desbordado el poder de las autoridades locales, que constantemente hacen llamados al Gobierno Nacional para lograr una intervención aún más fuerte, pese a que sus calles están militarizadas desde febrero. Este jueves, en una entrevista con W Radio, Marín ha reconocido que maneja los hilos de la organización y que es el responsable de los intentos de homicidio al alcalde Vélez. Prometió frenar esas amenazas y una ofensiva más amplia que inició en febrero, tras la captura de su hermano Mauricio, Nacho, que dejó un oficial de tránsito asesinado y seis taxis incinerados. La apuesta de Marín es entablar diálogos de paz bajo la política gubernamental de la paz total.

Con la autorización del Ministerio de Justicia, Marín tuvo la oportunidad de acceder a un teléfono móvil en la cárcel La Picota, en Bogotá, para comunicarse con la emisora. Respondió a todos los interrogantes que le formularon, sin inmutarse al reconocer su participación en diferentes delitos, aunque negó estar involucrado en actividades de narcotráfico. Contó que trabajó bajo las órdenes del fallecido capo Wilber Varela, Jabón, y que La Inmaculada financia su operación con la venta de pequeñas dosis de estupefacientes. “Sí comerciamos la droga, lo normal y usted lo sabe”, dijo. Pero, como si se tratara de una cuestión de honor, aclaró inmediatamente: “Se me hace extraño lo que usted nos acaba de decir, me dijo hasta narcotraficante. No lo soy. No solamente en Colombia, en todo el mundo hay eso. A nosotros nos toca subsistir con eso. Primero se acaba la vida de todos nosotros, antes de que se acabe la droga”.

Su animadversión con el alcalde de Tuluá fue el tema central. En febrero, EL PAÍS visitó el municipio y el mandatario informó que no iba a rendirse en su lucha. “No le voy a mentir, ha sido duro. Nosotros igual teníamos claro cómo iba a ser. Y hasta ahora estamos empezando, no nos van a doblegar”, fueron las palabras de Vélez. Llevaba solo dos meses desde su posesión, luego de triunfar en unas elecciones en las que no pudo celebrar actos de proselitismo —La Inmaculada quemó todas las vallas y pendones de su campaña— y soportar el homicidio de Eliecid Ávila, el único concejal de su partido que logró salir elegido en aquellos comicios.

Marín se pronunció en W Radio con una vehemencia similar. “Esto es algo personal con él”, señaló. Al pedírsele que profundizara, lo culpó de estar detrás de un ataque que sufrió en la cárcel de Valledupar (Cesar), a donde fue trasladado en febrero. “Se prestó para que atentaran contra mi vida. Yo creo que él no es una persona digna para que esté gobernando”, añadió. Sin vergüenza, dejó claro que su organización tiene la capacidad para matar alcalde y cualquier otro político sin haberle puesto precio a sus cabezas. “Nosotros no necesitamos pagar para hacer esas cosas. Yo tengo mucha gente que está dispuesta a hacer lo que sea”, declaró.

Sus respuestas permiten ver que su estrategia es una: diálogo o recrudecimiento de las acciones armadas. De los 39 años que tiene, dijo en la entrevista, casi 18 los ha pasado tras las rejas. Sin apearse admitió delitos, como ya lo había hecho previamente. En una carta que envió el 17 de mayo a Francisco Palmieri, embajador de Estados Unidos en Colombia, acusando a las instituciones nacionales de fraguar un complot en su contra, no tuvo reparo en traer a colación su prontuario y en aclarar que puede ser asesino, pero no narco. “Quiero enfatizar que mi historial delictivo siempre se ha limitado a homicidios y extorsión, sin ningún tipo de relación con el narcotráfico”, se leía en el documento.

Ante W Radio replicó esa línea. No negó que estuviera detrás del homicidio del periodista Marcos Montalvo, perpetrado en septiembre de 2021, y prometió dar a conocer más detalles sobre ese y otros crímenes “el día que haya una mesa de paz”. Al alcalde, a quien asegura que ha enviado mensajes con distintos emisarios, le insistió en abrir la posibilidad de concertar una salida negociada. “Lo estoy invitando para un diálogo y para la paz. Estoy dispuesto a pasar la página y arreglar las cosas”, dijo. Sin embargo, cuando se le preguntó si era él quién tenía sitiado a Vélez, respondió sin titubear: “Yo eso sí lo asumo. Él sabe que soy yo el que lo tengo allá”.

Marín dijo que también ha enviado comunicaciones al presidente Gustavo Petro y a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Ninguno le ha respondido. Niega haber participado en el asesinato del coronel retirado y directivo del sistema de prisiones Élmer Fernández, baleado el pasado 16 de mayo, y pide al Gobierno que lo escuche, que le dé “oportunidades” a sus hombres. “Esperamos oportunidades, no que hagan lo que dijo Martín Sombra [exguerrillero entrevistado por W Radio este miércoles] de que le dan 320.000 pesos (80 dólares)”. Pipe Tuluá pide más que eso, y tiene muchos hombres armados para exigirlo.

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