Narcos, mineros ilegales y disidencias: la triple alianza que devasta a la Amazonía

Cuando la hoja de coca en la Amazonía peruana se pone verde oscura, los indígenas que viven en comunidades regadas sobre la espesa selva del margen colombiano del río Amazonas ya saben lo que se viene. Son tiempos de cosecha. Eso significa que varios “encargados” peruanos atraviesan el río — que allí, y por 110 kilómetros es la frontera— en lanchas pequeñas para recoger a quienes estén dispuestos a raspar la hoja. Los llevan por las mismas aguas y luego los acompañan a caminar cuatro o cinco horas, en trochas que van desde poblados como Islandia, Santa Rosa o Bellavista, hasta fincas que combinan hectáreas repletas de cultivos de coca con cocinas en las que “quimiquean”. “La ley [por las autoridades] peruana sabe que vamos a pasar. Ahí no está el peligro”, dice Víctor*, un indígena colombiano de 47 años que recuerda haber hecho por lo menos cinco viajes desde el 2020.

“El peligro es si usted se pone a hablar con alguien más en esas fincas o se mete a las cocinas, porque todas están cuidadas por hombres armados que lo matan. Lo entierran en el lodo”, añade. Sin hablar con nadie para regresar, Víctor raspa hojas durante cuatro o cinco días en los que le dan lentejas con yuca para comer y un techo para dormir. Al final, mete las hojas en un costal que pesan los “encargados”. Pese a estar en suelo peruano, le pagan entre 200 y 300 reales brasileros, porque buena parte de lo producido cruza la cercana frontera con ese país. Si no son billetes, la otra moneda de cambio es la pasta base.

“Somos los esclavos del polvo blanco”, dice parado frente a su casa de madera, mientras con sus dedos se señala la nariz. En su poblado, los niños juegan con camiones de plástico que arrastran de una cuerda, mientras los más jóvenes están casi todos pegados a las pantallas de sus celulares. Varios de ellos también prueban suerte en estos viajes, a los que incluso van familias enteras. Están preocupados porque desde la pandemia se dispararon estas travesías y también el consumo de drogas en los adolescentes. En un intento por mantenerlos ocupados, han creado campeonatos de fútbol, con copas y medallas. “Nosotros no éramos así”, comenta el líder de la comunidad, mientras mira un hilo de humo negro que sale del lado peruano de la selva. Especula con otros indígenas. “Deben estar quemando cocinas”, dice.

No es solo la pasta base, la cocaína o la marihuana lo que se esparce ante los ojos de las autoridades militares y civiles de Colombia, Perú y Brasil en esta triple frontera amazónica, en el corazón de una de las selvas más fundamentales para la regulación climática del mundo. También pasa oro, maderas preciosas o mercurio que aprovecha la zona que el narcotráfico ha encontrado como santuario desde los años ochenta. Un tráfico que manejan las alianzas criminales que, tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016, se han forjado entre disidencias colombianas, narcotraficantes peruanos y grupos de crimen organizado brasileños.

Del narcotráfico versión FARC a la “triple alianza”

La alianza entre grupos armados colombianos y narcos y traficantes de armas brasileros es de vieja data. Aunque las extintas FARC intentaron entrar a la zona con el Frente 63 y alcanzaron a tener comisiones de finanzas, mantener tropa en esa selva tan inhóspita siempre les fue muy costoso y no lo veían tan estratégico. “Al ser un departamento tan aislado y sobre todo con poca población, nunca tuvo gran desarrollo, dado que la base social es fundamental en un proyecto insurgente”, explica un excomandante del Bloque Oriental. Pero ya negociaban con los narcos brasileros, que viajaban a Colombia a vender armas y comprar cocaína. En una negociación de ese tipo, el ejército colombiano capturó en febrero de 2001 al capo brasilero Fernandinho Beira-Mar. Se trataba de uno de los jefes del Comando Vermelho, una organización criminal que comenzó en una cárcel en Río de Janeiro y hoy es de lejos la más poderosa de Brasil.

Más de veinte años después, la alianza entre Comando Vermelho y las ahora disidencias se ve más fuerte. Tras la firma del acuerdo de paz de 2016, los ríos Amazonas, Putumayo, Puré y Caquetá, que fluyen de las montañas andinas en Colombia hacia Brasil, en el este, se han convertido en un epicentro del crimen transnacional. Las primeras disidencias en llegar al departamento colombiano del Amazonas fueron hombres del Frente Primero, comandado en su momento por Iván Mordisco en 2016. Aparecieron en los resguardos Mirití-Paraná y Yaigojé Apaporis, en esa zona selvática del norte del departamento del Amazonas, vecina con el Guainía y cercana al Brasil, aparentemente convencidos de la presencia de multinacionales mineras a las que podrían extorsionar. Lo que siguió fue la búsqueda de rentas criminales que aprovechan la riqueza natural, la escasa presencia estatal y la alianza con los brasileros.

Hoy son dos grupos colombianos los que tienen cuadrados sus enlaces y movimientos, y tienen estudiados los de la inteligencia peruana, brasilera y colombiana, pese a los esfuerzos de coordinación transnacional de los tres países. Según siete fuentes consultadas para este reportaje, compran funcionarios corruptos o “tienen nómina” para que todo fluya.

Uno es el Frente Carolina Ramírez, que tiene su base en el departamento del Putumayo, varios centenares de kilómetros más al oeste y entre los ríos Caquetá y Putumayo. Hace parte del Bloque Amazonas, cuyo jefe máximo es Iván Mordisco y la inteligencia militar colombiana señala que tienen 53 hombres en armas y 33 milicianos. Han bajado por el Caquetá, que atraviesa el departamento del Amazonas hacia Brasil. Lo usan como una vía de tráfico ilegal, por la que sacan la mercancía en canecas, de noche, burlando los controles estatales. Ese mismo bloque tiene otro pie en el departamento con el Frente Jhonier Arenas, que en los cálculos de la inteligencia militar colombiana suma 31 hombres en armas y cinco milicianos, y se mueve también sobre el río Caquetá.

El otro grupo armado colombiano que participa son los Comandos de la Frontera, que han estado peleando el control de las rutas de tráfico con el Frente Carolina Ramírez. El jefe de los 618 hombres en armas y 143 milicianos que calcula la inteligencia militar colombiana es conocido como Araña. Tras hacer parte de la ahora fragmentada sombrilla disidente de la Segunda Marquetalia, ahora está en la llamada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

En el Amazonas tiene una red de apoyo que le respondería a Jhon Fredy García, Pitufo, y que avisa sobre los movimientos militares, contacta a los brasileros en lugares fronterizos como Tarapacá o La Pedrera y a los narcos peruanos en poblados ubicados sobre los ríos fronterizos como Puerto Alegría, Puerto Arica y El Encanto. Según las fuentes de la zona, Comandos reparte “sueldos” que oscilan de 2 a 3,5 millones de pesos (unos 400 a 800 dólares) a sus miembros en los niveles más bajos, les da “vacaciones” y tiene claro que si alguien no quiere regresar, al día siguiente encuentran quien lo reemplace.

Del lado brasilero, Comando Vermelho no solo recibe la producción de drogas ilegales de las disidencias colombianas, sino también de narcotraficantes del Perú, de las fincas en las que Víctor y decenas de indígenas viajan en una travesía que puede no tener tiquete de regreso. En los últimos años ha crecido el procesamiento de la coca en Perú, que antes solía exportarla a Colombia para terminar la transformación de la hoja en el famoso polvo blanco, como explica un estudio publicado en 2023 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Policía Nacional del Perú y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. Con ello, ha surgido un ecosistema criminal de “narcos”, dueños de fincas y “encargados” que se entienden con sus socios brasileros.

En Islandia, una localidad peruana del distrito de Yavarí con casas de madera sobre palafitos, un maderero, de cachucha y sin camisa, cuenta, mientras lija una tabla, cómo agarraron a un vecino de él hace unos meses con varios kilos de pasta base. “Mucha gente de acá de Perú va a raspar, pero a los que más comprometen en ese trabajo son a los colombianos. Aquí sacan la mercancía por los ríos, de madrugada”.

En la comisaría de la policía, una casa verde que se anuncia como la autoridad y en la que hay 11 uniformados, el suboficial técnico Luis Enrique Vela Lozano, quien acaba de llegar al cargo, dice que a los uniformados los rotan cada seis o siete meses y que no tiene información sobre este tema. “Son rumores y los que estaban antes no nos informaron. Nosotros solo patrullamos la localidad, hacemos rondas en los puentes para prevenir el consumo de marihuana en los jóvenes”. Mientras hay por lo menos 20 lanchas turísticas parqueadas en la orilla del río esperando pasajeros, el funcionario señala que ellos tienen apenas dos lanchas sin motor.

Ganancias doradas

En 2016, en el Parque Nacional Natural Río Puré -que desemboca en el río Caquetá en territorio brasilero y que hoy está repleto de dragas de minería ilegal- Parques Nacionales Naturales de Colombia construyó una cabaña. Esa presencia estatal parece poca, pero es inusual en miles de kilómetros de selva y por años evitó la minería de oro sobre esa cuenca. Pero no por siempre. El Puré ya es otra autopista para las disidencias, que les permite conectarse con mayor facilidad con los ríos Caquetá y Putumayo, y así burlar los controles fronterizos de Colombiana y Brasil en los cruces de La Pedrera, Tarapacá, Villa Betancourt e Ipiranga.

En 2020, la cabaña fue vandalizada y destruida. Ese mismo año, personas armadas que se identificaron como miembros del Frente Carolina Ramírez, amenazaron a los funcionarios de Parques Nacionales. Tuvieron que salir y no han podido regresar. Eso interrumpió el trabajo que hacían de manera coordinada con pueblos indígenas, que ha sido fundamental para preservar la selva en el departamento más extenso de Colombia. Desde entonces, solo pueden cuidar el río Puré desde el aire y a punta de imágenes satelitales. Los pocos sobrevuelos que logran al año les muestran el tamaño de la catástrofe: por lo menos 30 dragas han remontado el río hasta el tramo colombiano, y se suman a otras 120 del lado brasilero. Esos “dragones” son casas flotantes que destruyen el ambiente, pues contaminan el río con el mercurio que separa el oro de otros materiales.

“Me gustaría mucho que la Fiscalía y la Policía Judicial vieran esto como un sistema”, dice en su oficina Edilberto Cortés, general y comandante de la Brigada 26, con sede en Leticia. “La minería ilegal necesita combustible para trabajar 24 horas, ahí viven familias que comen todos los días, que tienen StarLink, Direct TV… ¿cómo están tranquilos?”. Este curtido piloto de helicópteros Black Hawk no tiene ni un helicóptero o avión en su unidad, encargada de supervisar miles de kilómetros de tupidas selvas. Debe pedirlos a Bogotá cuando los requiere, y nada le garantiza que le manden uno. El Ejército colombiano tiene desplegado un batallón de infantería en El Encanto con 150 hombres, 100 soldados más en Puerto Arica, otros tantos en Tarapacá y 150 más en La Chorrera. Pero para ir a la fuente de la economía ilegal debe hacer operaciones aéreas.

El “sistema” del que habla Cortés amenaza al Puré, a otros ríos pequeños como el Cotuhé o el Puretê, y a los más grandes, el Putumayo y el Caquetá. Las ganancias de la minería ilegal son impresionantes, coinciden los expertos, aunque difíciles de precisar. Los precios fluctúan, los ingresos cambian con la suerte o el tiempo de trabajo.

Los cálculos gruesos parten de que un gramo de oro cuesta aproximadamente 360.000 pesos, unos 80 dólares. Un “dragón” grande puede producir 150 gramos diarios, unos 54 millones de pesos o 12.000 dólares. Descontando sus gastos, el Ejército le calcula una rentabilidad mensual de más de 1.250 millones de pesos, casi 300.000 dólares. Una draga más pequeña, la “draga caperuza”, puede producir 100 gramos diarios (36 millones de pesos u 8.000 dólares al día, y una rentabilidad mensual de unos 194.000 dólares), y la pequeña “draga buzo”, 2.5 gramos (900.000 pesos, unos 200 dólares, para unas utilidades de 4.500 dólares cada mes).

Una vez extraído el oro, las ganancias son casi fijas porque, además de la dificultad que tienen las autoridades para intervenirlas, rastrear el oro es muy difícil. “¿Cuándo es ilegal? Cuando llego y lo encuentro en la draga. Si el mineral llega a Leticia, no hay nada que hacer. Me puedo subir a un avión con cinco pulseras y tres anillos de oro, llego a Bogotá y lo entrego allá”, explica Cortés.

Para el Comando Vermelho, financiar la minería ilegal es también una forma de lavar dinero del narcotráfico. Según International Crisis Group, también le compra directamente oro a los mineros. En contraste, las disidencias colombianas exigen “contribuciones voluntarias” o “cuotas de seguridad”, eufemismos para sus extorsiones. Solo en ocasiones tienen dragas propias, algo que exige más capital y logística, pero deja mayores ganancias. “Montan las dragas artesanales, contratan a la misma gente del territorio y llevan buzos, que son los que más ganan, pelaos que se meten al río a buscar el oro”, dice Elizalde, el defensor regional.

Al parecer, de todo este entramado ilegal no solo se alimentan los grupos ilegales. Bram Ebus y Rodrigo Pedroso cuentan, en un reportaje del proyecto Amazon Underworld, que en el lado brasilero los mineros les dijeron que pagan “mensualmente a agentes de la Policía Militar 30 gramos de oro por draga a cambio de protección”. La institución niega el señalamiento.

“Ellos compran a muchos militares para que digan que no vieron nada y permitan la entrada de balsas, combustible y mercurio”, explica un funcionario colombiano que le hace seguimiento a la minería ilegal de oro en el Puré. El general Cortés dice que no ha recibido denuncias formales de corrupción desde que llegó al cargo en diciembre de 2023, pero no pone las manos en el fuego. “Mal haría yo en creer que en el ambiente no haya personas que no hagan la tarea”.