Amazonia en emergencia: un mandato de acción desde los pueblos indígenas

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Las amenazas llegaron primero como rumores; personas extrañas comentaron que nos iban a matar. Luego mensajes de texto. Empezaron a llegar imágenes de cuerpos mutilados, diciendo que esto nos podría pasar si seguimos denunciando los impactos del narcotráfico y los monocultivos en nuestros territorios. Al comienzo, no lo tomamos tan en serio. Pero todo cambió el 12 de abril del 2020, cuando sucedió el primer asesinato de un líder Kakataibo.

Arbildo Meléndez fue un líder muy fuerte en la comunidad de Unipakayaku, una comunidad invadida por cocaleros, que sigue reclamando su título de propiedad del territorio comunal. Había denunciado las amenazas que recibía del narcotráfico ante el relator de derechos humanos de las Naciones Unidas. Dos semanas después fue asesinado en su chacra. Allí sabíamos que todo podía pasar. Ya desde 2021 nos ha tocado desplazarnos de nuestras comunidades.

Tuvimos que dejar nuestras chacras. En Flor de Ucayali, Miguel cultiva piña, plátano y cacao. Su comunidad apuesta por una agricultura ancestral, en equilibrio con la naturaleza. Ahora vivimos en ciudades contaminadas, ruidosas y con comida poco sana. Pero lo peor es que se siente como si perdiéramos los raíces de nuestra lucha. En la comunidad luchamos como colectivo. Ahora, estando fuera, debemos incidir como individuos.

Aún así, decidimos insistir en nuestra denuncia. Pues nuestra casa común está en emergencia. Aparte de los incendios más fuertes que hemos vivido, vemos un crecimiento y convergencia de la minería ilegal, la producción de cocaína, la tala ilegal y otras actividades ilícitas alrededor de la Amazonia. Las economías criminales deforestan la selva, contaminan nuestros ríos, despojan nuestros territorios ancestrales, reclutan a nuestros niños, y dañan nuestra salud. Inclusive, ponen en peligro la vida de nuestros hermanos que viven en aislamiento, como es el caso de parte del pueblo Kakataibo, cuyas reservas destinadas a protegerlos han sido usadas para instalar pistas de aterrizaje, laboratorios y caminos clandestinos.

La selva tropical más grande y biodiversa del mundo se ha convertido en la más peligrosa para quienes la protegemos. La organización nacional de pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, Aidesep, ha registrado el asesinato de 36 líderes indígenas amazónicos en el Perú desde 2014. Ochenta por ciento de estos sucedieron en los últimos cuatro años, lo que evidencia el escalamiento de la violencia. En cada caso, hubo meses o hasta años previos de amenazas y de denuncias. Sin embargo, no hubo acción estatal para prevenir la violencia. A su vez, hay más de 200 dirigentes amazónicos amenazados en la actualidad, y cientos de comunidades invadidas o asediadas por economías criminales.

A pesar de nuestras denuncias, vemos que las políticas públicas no logran proteger nuestros derechos y territorios. Hay impunidad y falta de acceso a la justicia. Vemos que la corrupción permite a los grupos criminales apoderarse incluso de las estructuras locales de gobierno. De esta manera, hoy en día las economías criminales se han convertido en una de las principales amenazas para nuestra capacidad de responder a la crisis climática, al afectar exactamente los territorios de mayor biodiversidad y autodeterminación indígena.

Ante la falta de intervención estatal y de una acción internacional limitada, las comunidades indígenas no tenemos más remedio que recurrir a formas de autodefensa cada vez más peligrosas. Guardias indígenas Kakataibo, Ashaninka y Shipibo-Konibo se han enfrentado al narcotráfico, monitorean su territorio y han denunciado el tráfico de tierras. La guardia del Gobierno Territorial Autónomo Wampis patrulla sus ríos, expulsa a los mineros ilegales, desarma las explotaciones ilegales de oro e incluso ha detenido a policías implicados en el negocio del oro, entregándolos a funcionarios del Estado.

Proteger la Amazonia y sus territorios indígenas requiere fortalecer la gobernanza territorial a través de la titulación colectiva, el apoyo estatal y sistemas de autoprotección. Los Estados deben garantizar nuestros derechos sobre tierras ancestrales, proteger a los defensores de la tierra y promover salud, educación y economías sostenibles. A nivel internacional, es clave una mayor cooperación para enfrentar los delitos ambientales, con la participación de los pueblos indígenas, como lo determina el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Además, se necesitan medidas contra sustancias tóxicas y contaminantes asociadas a actividades ilegales como la minería y el narcotráfico, y estrategias de seguridad regional basadas en la cooperación y la lucha contra la corrupción.

Ya no nos queda tiempo. Es hora de actuar para nuestra supervivencia colectiva, como lo estamos haciendo los pueblos indígenas. Nos vemos en Cali pachanguero.