Preocupación en Perú por una reforma legal que puede incentivar la deforestación

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“El bosque es nuestro mercado, es nuestra farmacia, es todo”, afirma Teresita Antazú, una mujer de la etnia yanesha. Habla con gran preocupación y menciona algunos agentes que, en los últimos años, han impactado el bosque amazónico peruano: la tala ilegal, el cultivo de coca, la pequeña agricultura que tumba masa boscosa o la siembra masiva de palma aceitera. Eso que Antazú ve tiene un reflejo en la estadísticas oficiales: según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, en 2022, la deforestación en el Perú alcanzó las 144.683 hectáreas; y entre 2021 y 2020, se perdieron cerca de 2,4 millones de hectáreas de superficies boscosas, según datos del Ministerio del Ambiente (Minam).

Pero voces como la de esta dirigente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Amazonía Peruana (Aidesep) no parecen estar siendo escuchadas en Lima, como refleja la reforma de una ley que, según advierten los ambientalistas, alentará la deforestación. El Congreso de la República modificó en diciembre pasado la Ley Forestal 29763, vigente desde 2015, luego de cuatro años de consulta con varias organizaciones, incluyendo las indígenas. La modificación ya fue aprobada por el Legislativo, mientras el Ejecutivo de Dina Boluarte ha pedido al Ministerio de Justicia que la examine para determinar si está de acuerdo con la Constitución o no. Pero, por el momento, no hay señales públicas de que lo haya hecho. Del Ejecutivo depende también la creación del reglamento que determina cómo se aplicaría la reforma, algo que puede demorar meses.

Mientras tanto, grupos ecologistas, organizaciones indígenas e internacionales levantan la voz de los posibles efectos nocivos de la norma para los pueblos originarios y la naturaleza. Una de las modificaciones de la ley le quita al Minam la facultad de decidir qué bosques son de “producción permanente”, en los que se pueden aprovechar los recursos forestales y de fauna silvestre. Esa potestad depende ahora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), una institución a la que pertenece el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Para José Luis Capella, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), lo más preocupante es una disposición que considera que los predios privados con ‘constancia de posesión’, un título que dan las autoridades regionales cuando alguien se asienta en un predio, son ahora “áreas de exclusión para fines agropecuarios”.

Esto implica que los posesionarios de esos predios ya no están obligados a hacer el trámite de Clasificación de Uso de Tierras por su Capacidad de Uso de Mayor, un mecanismo por el cual se determina si un suelo es apto para fines agropecuarios o forestales. Así, quienes ocuparon bosques sin zonificación previa alguna —los infractores— pueden respirar tranquilos. De acuerdo con Capella, todo esto genera “el mensaje de impunidad y borrón y cuenta nueva”.

Silencios y protestas

Una fuente del Gobierno peruano que pidió el anonimato parece darle la razón. Según le dijo a América Futura, en una reunión de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha Contra la Tala Ilegal, la fiscal ambiental, Flor de María Vega, se opuso a la modificación clamando: “¡Si la aprueban, se me van a caer muchos casos!”. No le hicieron caso.

El propio Serfor es contrario a la modificación. El 20 de diciembre, el director de este organismo, Luis Alberto Gonzales, preparó un pronunciamiento que alertaba sobre el “grave riesgo al patrimonio forestal, la fauna silvestre y los servicios ecosistémicos forestales”. El Midagri no autorizó su publicación y un silencio desértico se impuso en todo el Poder Ejecutivo, según un funcionario de este ministerio que pidió no ser nombrado.

El 13 de febrero, la presidenta Dina Boluarte, quien no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, cambió a cuatro ministros, entre ellos a Albina Ruiz, la de Ambiente. Mientras estaba en el cargo, Ruiz advirtió en una reunión que la reforma “constituye una amenaza al derecho del ser humano a gozar de un ambiente sano y equilibrado”. Sus palabras se perdieron en el bosque. En su reemplazo entró Juan Carlos Castro, un funcionario estatal que está de acuerdo con la nueva norma.

Los cambios a la Ley Forestal también tienen sus partidarios. En comunicación con América Futura, el exministro del Midagri, Juan Manuel Benites, defendió que el disparador de la pobreza es la deforestación. “Si no generamos incentivos para el pequeño agricultor, continuará”, declaró. Los grandes gremios empresariales también están en esa línea.

Julia Urrunaga, de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), apunta, sin embargo, que en la nueva norma no se habla de incentivos a los productores, y que parte de la deforestación que hubo entre 2001 y 2020 ocurrió cuando Benites era ministro (2014-2016).

El frente indígena

Julio Cusurichi, otro dirigente de Aidesep, lamenta que haya colonos que ocupan sus territorios para hacer agricultura a los cuales rápidamente les dan un certificado de posesión, mientras que a los indígenas, cuando solicitan la titulación de sus tierras para evitar que esto siga ocurriendo, “no les hacen caso”.

Cree que la nueva norma puede incentivar más estas incursiones sin que haya consecuencias legales. Y denuncia que el Estado no ha hecho una consulta previa con los pueblos originarios, tal como se hizo antes de aprobar la ley original y como indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que Perú es suscriptor. Habrá medidas de resistencia, anunció Cusurichi.

El relator especial de la ONU, Francisco Calí Tzay, coincidió recientemente en que la modificación de la ley “afectará negativamente los territorios ancestrales de pueblos indígenas en la Amazonia peruana”, especialmente a los pueblos en aislamiento voluntario. El funcionario recordó que la aproximadamente un tercio de los pueblos originarios amazónicos del Perú no han recibido la titulación de sus tierras, lo que les deja “inseguros y vulnerables ante terceros”.

Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental, advierte asimismo que este cambio “aumentará la inseguridad jurídica de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, especialmente de los que han sido invadidos por actividades ilícitas”. Desde 2013, han sido asesinados más de 30 líderes indígenas, de acuerdo con Aidesep.

La EIA consigna un caso ocurrido en Nueva Requena (departamento de Ucayali), donde advirtió que la empresa Plantaciones de Pucallpa ha deforestado 5.000 hectáreas de territorios shipibos. La compañía presentó sus descargos, pero Michel Forst, relator de la ONU para los Defensores de los Derechos Humanos, declaró que no era un caso aislado.

Sacudiendo el clima

“No se trata sólo de la deforestación, sino de la desconexión de la masa boscosa”, explica Ana Sabogal, investigadora de Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), echando luz sobre otro problema esperable. Habitualmente, se cree que la desgracia está en perder un bosque entero, pero no es así.

Algo que podría ocurrir si la nueva ley promueve el crecimiento de retazos de áreas agrícolas en medio del bosque es que el ecosistema amazónico (94,6% de los bosques peruanos) pierda su valor. Sabogal recuerda que, aparte de ser un albergue para una enorme biodiversidad, el bosque da sombra y produce lluvias.

Por añadidura, la mayor fuente de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el país, es justamente la deforestación. Un comunicado conjunto de las embajadas de Canadá, Reino Unido, Alemania y Noruega en el Perú advierte, a propósito de la modificación, sobre los potenciales impactos de la reforma.

En 2014, dos de estos países (Alemania y Noruega), suscribieron con el Perú un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación. Pero los entusiastas de la ley no muestran tener ojos para estas miradas de afuera, sostiene Capella.

Además, el Acuerdo de París, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, y el Acuerdo Comercial con la Unión Europea también podrían verse afectados. Las normas comunitarias impiden ingresar productos agrícolas que no provengan de tierras que tengan cero deforestación. La modificación de la ley forestal, que presuntamente va a ayudar a los agricultores, podría más bien afectarlos y dañar la imagen del país a nivel internacional.

“No se puede olvidar tampoco a los pueblos en aislamiento voluntario”, apunta Cusurichi. Las 109 federaciones indígenas y 2439 comunidades nativas han solicitado que el Estado retroceda. Benites, por su parte, pide un “debate informado”. Pero ya la aserradora legal pasó sobre la norma anterior, sin mayor debate. Mientras, el Ejecutivo, que no observó la nueva ley, mantiene el silencio sobre los siguientes pasos. Todo ello mientras cada árbol que cae podría meter al Perú en un foso de degradación ambiental sin precedentes.