Dina Boluarte se atornilla al poder

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó la semana pasada de forma tajante un adelanto electoral y dejó claro que seguirá en el poder hasta julio de 2026. Esto es, hasta agotar el mandato iniciado en 2021 por Pedro Castillo, que hoy se encuentra en prisión preventiva por un intento fallido de autogolpe. El anuncio de la mandataria supone un incumplimiento claro de su compromiso con la ciudadanía. En diciembre del año pasado, tras sustituir a Castillo en virtud de su cargo de vicepresidenta, aseguró que haría lo posible por llegar a un acuerdo con el Congreso y convocar elecciones en los próximos seis meses, en torno a abril de 2024.

El escenario hoy ha mutado radicalmente y Boluarte pretende atornillarse al sillón presidencial durante tres años más. La decisión sería cuestionable bajo cualquier circunstancia, pero es aún más censurable en la actual coyuntura política y social de Perú. La crisis de legitimidad que enfrentan las instituciones, con el Ejecutivo y el Legislativo a la cabeza, es enorme. Y la presidenta, que acaba de cumplir medio año de gestión, registra un índice de aceptación tan bajo que de por sí debería ser suficiente para que diera un paso al lado. La última encuesta de la firma Datum indica que apenas el 5% de la población confía en su capacidad para gobernar. A eso se añade el profundo desprestigio de las fuerzas armadas y de la policía, ya que casi la mitad de los peruanos está convencido de que los uniformados perpetraron asesinatos durante las protestas.

Las movilizaciones que entre diciembre y febrero recorrieron el país reclamando la dimisión de Boluarte y la convocatoria de elecciones anticipadas dejaron decenas de muertos. Distintos organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, condenaron los abusos y la represión e instaron a las autoridades a limitar el uso desproporcionado de la fuerza. La incapacidad del Gobierno para hacer frente a esa ola de descontento a través de la acción política o la negociación quedó demostrada por los hechos: las protestas remitieron por el agotamiento del movimiento, la violencia y la falta de liderazgos.

Sin embargo, la determinación de agotar el mandato de Castillo es también un desafío a la paciencia de millones de peruanos. Aún no se ha producido una respuesta de los manifestantes, pero la propia presidenta lanzó, la víspera del anuncio, una advertencia a los convocantes de las protestas. “Hago un llamado a estas personas que nuevamente están anunciando la tercera toma de Lima”, dijo en referencia a dos marchas anteriores en la capital del país. “¿Cuántas muertes más quieren?”, preguntó. La respuesta que busca la gran mayoría de la población no es aumentar el número de muertos, sino un necesario adelanto electoral ante la deslegitimación política de la actual presidenta.