Furia indígena contra los planes de Daniel Noboa: no a la megacárcel en la Amazonía

El anuncio de Daniel Noboa de construir una mega cárcel en Archidona, una pequeña ciudad ubicada en la Amazonía ecuatoriana, ha desencadenado una ola de protestas que ya cumple doce días. La movilización ha provocado el cierre de una vía principal que conecta la provincia con otras regiones y ha generado desabastecimiento de productos en diversas localidades. Sin embargo, fue la noche del jueves cuando las manifestaciones adquirieron un giro más radical. Cientos de protestantes, en su mayoría indígenas kichwas amazónicos, se congregaron en los exteriores del edificio de la Gobernación, portando lanzas tradicionales. Desafiando las medidas de seguridad, retiraron las vallas metálicas que la Policía había instalado para proteger el inmueble. En los momentos posteriores, se produjo un enfrentamiento directo con los uniformados, quienes intentaron dispersar a los manifestantes utilizando gas lacrimógeno. A pesar de los intentos de contenerlos, los protestantes lograron tomar el control de las instalaciones.

Las puertas del edificio permanecen cerradas, mientras afuera un grupo de manifestantes ha instalado carpas de plástico para protegerse del intenso calor y de la lluvia. En las estructuras improvisadas cuelgan carteles con el mensaje “No a la cárcel de Archidona”. La ciudad, conocida como la “bella Archidona”, no tiene más de 8.000 habitantes y se encuentra bañada por el imponente río Napo, que desemboca en el Amazonas. Más de la mitad de su población pertenece a la nacionalidad kichwa, y la mayoría se dedica a la agricultura y al turismo ecológico, aprovechando las riquezas naturales que rodean tanto a la ciudad como a la provincia. Sin embargo, muchos temen que la construcción de la mega cárcel propuesta por Noboa pondría en peligro el sustento de miles de familias, al alterar el equilibrio económico y social que hoy en día gira en torno a estas actividades.

“Antes de la pandemia, Archidona se caracterizaba por tener los índices de criminalidad más bajos, pero la minería ilegal ha alterado esa realidad, incrementando la violencia. Y con la construcción de la cárcel, la seguridad solo empeoraría”, señala Daniel Jaque, líder del Geoparque Napo Sumaco. Esta iniciativa, nacida de la sociedad civil y respaldada por autoridades locales, ha logrado que la UNESCO considere incluir a la región en su lista, lo que podría convertirla en el primer Geoparque amazónico del mundo. “En toda esta región hay cuevas y cavernas que han sido utilizadas por animales y desde lo cultural han sido utilizados para rituales de los Yachas; es decir, hay un patrimonio cultural ancestral que también se vería afectado por la construcción de esta cárcel de máxima seguridad”, añade Jaque.

La institución encargada del sistema carcelario en el país, el SNAI, respondió a EL PAÍS que la información sobre el proyecto de la mega cárcel se mantiene reservada. El secretismo, en efecto, se ha convertido en una práctica habitual del Gobierno cuando se trata de temas que generan controversia. La mega cárcel al estilo Bukele, tendrá un costo de 52 millones de dólares y se edificará sobre la ya existente en la ciudad de Archidona. Para llevar a cabo este proyecto, el Ejecutivo ha invitado a la compañía española Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., una subsidiaria de la estatal China Road and Bridge Corporation, la misma empresa que construye la cárcel del “Encuentro” en una comunidad indígena de la provincia de Santa Elena, en la costa. Este proyecto también ha provocado una ola de protestas entre los habitantes de la zona; sin embargo, el Gobierno ha comenzado la remoción de tierra y levantar los primeros cimientos.

Archidona cuenta con un centro penitenciario que fue construido en sus inicios para albergar a los autores de delitos menores, en un contexto donde la región estaba poco conectada con la capital. Con el tiempo, la cárcel fue ampliada para recibir a un máximo de 300 reclusos. Sin embargo, hoy en día, el centro se encuentra hacinado, con cerca de 521 prisioneros, superando su capacidad original. En ese espacio, que colinda con el centro poblado, a tan solo metros de cuatro escuelas, dispensarios médicos y el comercio, se quiere levantar la nueva cárcel de máxima seguridad.

En una entrevista en la radio pública, Gary Rivadeneyra, nombrado gobernador de la provincia hace apenas seis días, defendió el proyecto de la nueva cárcel en Archidona, asegurando que tendrá capacidad para acoger a 800 presos, y no 1.000 como temen los manifestantes. “Tampoco es cierto que van a llegar los peores reos; se mantendrán los internos que ya existen. No es como se está presentando como una ‘megacárcel’; está diseñada para los delitos que se cometen en nuestra región”, afirmó Rivadeneyra. Sin embargo, sus declaraciones parecen contradecir el discurso oficial del Gobierno, que ha promovido la construcción de nuevas cárceles como una medida para albergar a los cabecillas más peligrosos de las bandas criminales. A pesar de estas discrepancias, el gobernador insistió en que la protesta tiene un “tinte político” y forma parte de un intento por desprestigiar al Gobierno.

Desde su llegada al poder, Daniel Noboa ha incorporado la seguridad penitenciaria como uno de los pilares fundamentales de su discurso sobre seguridad. Las propuestas del mandatario han experimentado variaciones significativas con el paso del tiempo. Inicialmente, Noboa planteó la idea de construir cárceles barcazas, ancladas en el Pacífico, lejos de la costa y de las comunidades a las que los criminales suelen azotar. Posteriormente, la propuesta dio un giro hacia la creación de mega cárceles, inspiradas en el modelo del Centro de Confinamiento para terroristas de El Salvador, una estrategia impulsada por el presidente Nayib Bukele. Finalmente, el joven presidente ha optado por replicar este último modelo, marcando un giro definitivo en su enfoque de la seguridad penitenciario.