La deriva autoritaria de Trump pone a Estados Unidos al borde de una crisis constitucional

Donald Trump dijo en campaña que si ganaba las elecciones sería dictador el primer día. El presidente de Estados Unidos se ha dedicado desde su regreso triunfal a la Casa Blanca a forzar las costuras del poder ejecutivo, invadiendo competencias del legislativo con su avalancha de decretos y desafiando a los jueces. Su deriva autoritaria amenaza con provocar una crisis constitucional y pone en peligro el sistema de controles y equilibrios que ha caracterizado la democracia estadounidense en sus casi 250 años de historia. El choque de poderes se ha agudizado en la última semana, después de que el presidente recurriese a una ley del siglo XVIII aplicable en tiempos de guerra para deportar a inmigrantes sin garantías, como había prometido hacer.

El juez federal James Boasberg dio la orden de detener la deportación de cientos de venezolanos por la vía rápida a El Salvador, donde han sido encarcelados nada más llegar por el Gobierno de Nayib Bukele. El traslado no se detuvo y Trump reaccionó pidiendo que el juez fuera sometido a un juicio político (impeachment) para su destitución por el Congreso. En uno de sus mensajes en redes sociales repletos de mayúsculas, arremetió contra Boasberg: “Este juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador que fue tristemente nombrado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente”, empezaba su diatriba, dando a entender que la victoria electoral le sitúa a él por encima de la obediencia a las leyes y a los jueces.

El ataque de Trump provocó la respuesta del presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, que plantó cara a Trump en defensa de la independencia judicial. “Durante más de dos siglos, se ha establecido que el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”, indicó Roberts en una declaración extraordinaria. Mientras, Elon Musk sacaba la cartera de hombre más rico del mundo para hacer donaciones a los congresistas que apoyasen procesar políticamente a jueces.

Durante toda la semana, los abogados de la Administración Trump han estado jugando al gato y al ratón con el juez Boasberg, que trata de establecer si su orden fue desobedecida. Un juez de Rhode Island también dijo el mes pasado que el Gobierno seguía reteniendo fondos federales en violación de una orden judicial suya.

El choque con el Poder Judicial por las deportaciones es el último episodio de una deriva de dos meses en los que Trump ha dictado sin parar decretos de dudosa legalidad con los que ha pretendido poner fin a la ciudadanía por nacimiento; congelar fondos aprobados por el Congreso; ignorar abiertamente leyes en vigor; despedir a inspectores generales y jefes y miembros de agencias independientes sin cumplir los requisitos legales; emprender una purga por razones ideológicas; saltarse las protecciones laborales de los funcionarios; desmantelar agencias creadas por el Congreso; acosar a empresas y bufetes de abogados; incurrir en constantes conflictos de intereses y ampliar los límites de su poder.

David Super, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, señaló a Reuters que Trump “claramente está haciendo un movimiento muy agresivo para expandir los poderes presidenciales a expensas de las otras dos ramas del Gobierno”, en referencia al legislativo y el judicial.

“Es demasiado pronto para ofrecer veredictos definitivos, pero las primeras semanas de la administración Trump bien pueden constituir el ataque más severo al Estado de derecho en Estados Unidos desde que las fuerzas armadas confederadas comenzaron a lanzar proyectiles de artillería contra Fort Sumter en 1861″, opina Alex Keyssar, profesor de Historia y Política Social de la Harvard Kennedy School. “Si aún no estamos en una crisis constitucional (una en la que no hay reglas constitucionales que guíen la resolución de un conflicto), estamos lo suficientemente cerca como para sentir acercarse sus vientos”, añade.

“Cuando las personas elegidas para defender el Estado de derecho y seguir la Constitución desafían abiertamente el significado claro de las leyes, entonces sí, estamos en una crisis constitucional”, afirma Jessica Silbey, profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, experta en Derecho Constitucional. “Donald Trump está reorganizando la estructura constitucional del Gobierno a través de mecanismos que no prevén ninguna responsabilidad ni transparencia, lo que desafía nuestras normas y compromisos democráticos. Se está resistiendo abiertamente al significado claro de las leyes que hemos aceptado durante mucho tiempo”, añade, en declaraciones a la revista de la universidad.

Más de 1.000 académicos de Derecho de todo el país firmaron una carta, coordinada por Kent Greenfield, profesor y académico distinguido del decano de la Facultad de Derecho de Boston College, en la que denuncian la gran cantidad de decretos y acciones ilegales del presidente Trump. “Creemos que estamos en una crisis constitucional. El presidente ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que están más allá de su autoridad constitucional o estatutaria”, sostienen.

“El Gobierno y las leyes de los Estados Unidos no están sujetos al capricho presidencial. Por el contrario, el presidente está obligado a ‘velar por que las leyes se ejecuten fielmente’. Y está obligado por juramento a ‘ejecutar fielmente’ el cargo de presidente y a ‘preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos”. Los abajo firmantes tienen una variedad de puntos de vista sobre las políticas subyacentes en cuestión. Pero estamos unidos en nuestra opinión de que el presidente ha actuado de manera ilegal e inconstitucional”, dice la carta.

“La ilegalidad de estas acciones, incluso cuando la ilegalidad ha sido juzgada en los tribunales federales, no parece estar disuadiendo las acciones del presidente. Al contrario, el presidente y su Administración coquetean abiertamente con desobedecer las sentencias judiciales en su contra”, continúan. “Nos entristece tener que explicarle al presidente este principio democrático fundamental, pero lo hacemos: un presidente tiene la obligación de obedecer la Constitución, así como las órdenes judiciales que prohíben sus acciones ilegales e inconstitucionales. La ley no es lo que el señor Trump diga que es. Él no es un rey”, concluyen.

Desobedecer a los jueces

La Administración Trump ha argumentado que es el poder judicial, y no el presidente, el que se está extralimitando. Hay más de un centenar de medidas impugnadas en los tribunales y los jueces han suspendido cautelarmente más de una docena de decisiones del Ejecutivo. Trump recientemente dio una idea de su filosofía cuando citó a Napoleón en su red social: “Quien salva su patria no viola ninguna ley”, escribió. El vicepresidente. J. D. Vance tuiteó que “los jueces no pueden controlar el poder legítimo del ejecutivo”. Y Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump para asuntos políticos, también arremetió en la misma red social contra los “jueces radicales y deshonestos”, alegando que “no tienen autoridad para administrar el poder ejecutivo”. “O para anular los resultados de unas elecciones nacionales. O tenemos democracia, o no la tenemos”, añadió.

No obstante, cuando al presidente le preguntaron esta semana en una entrevista en Fox News si desafiaría una orden judicial, contestó: “No, no puedes hacer eso”. “Sin embargo, tenemos malos jueces. En cierto momento hay que empezar a pensar en qué hacer cuando se tiene un juez deshonesto”, apuntó. El problema es que, si un presidente decidiera abiertamente no acatar una resolución judicial, no hay mucho que los jueces pudieran hacer.

En teoría, los jueces pueden declarar a los funcionarios de agencias federales o a sus abogados en desacato y multarlos por desobedecer las órdenes de un magistrado. Pueden imponer sanciones económicas a las agencias federales por incumplimiento. Y, en casos extremos, podrían encarcelar a los funcionarios por desacato. En la práctica, el cuerpo de los Marshals, los alguaciles que actúan como brazo ejecutor del sistema judicial federal, está dirigido por el Departamento de Justicia, dependiente de la Administración. A su frente está la fiscal general, Pam Bondi, de lealtad probada a Trump.

También en teoría, un presidente podría ser sometido a juicio político (impeachment) por desobedecer abiertamente una decisión judicial, pero eso es una decisión que depende del Congreso, ahora de mayoría republicana y que Trump tiene atado en corto (lo que también le permite ampliar su poder). En materia penal, el Supremo ha establecido que los presidentes gozan de una amplia inmunidad por los actos en ejercicio de su cargo.

Trump instó al Tribunal Supremo el jueves a limitar la capacidad de los jueces federales para emitir mandamientos judiciales que bloqueen las acciones de su administración en todo el país. “DETENGAN YA LAS MEDIDAS CAUTELARES NACIONALES, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, escribió Trump en su red social, Truth. “Si el juez Roberts y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no solucionan INMEDIATAMENTE esta situación tóxica y sin precedentes, ¡nuestro país estará en serios problemas!”, añadió.

Entre los jueces federales que han revisado los abusos de poder de Trump y han suspendido de forma cautelar algunas de sus medidas los hay nombrados por los presidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden, Ronald Reagan e incluso por el propio Trump. El juez Boasberg fue confirmado por el Senado por 96 votos a favor y ninguno en contra. Aunque fue nombrado para su actual cargo por Obama, antes había sido designado juez por Bush hijo.

El presidente del Supremo ya defendió en 2018 la independencia y profesionalidad de todos los jueces federales, al margen de quién los hubiese nombrado, después de que Trump arremetiese contra una decisión sobre su política de asilo tomada por lo que denominó “un juez de Obama”. “No tenemos jueces de Obama o jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton. Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces entregados que hacen todo lo posible para hacer lo correcto ante quienes comparecen ante ellos. Ese poder judicial independiente es algo por lo que todos deberíamos estar agradecidos”, escribió en un comunicado.

El Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre el fondo de ninguna de las medidas de Trump suspendidas por otros magistrados. Hasta ahora, ha dado un revés a Trump en dos casos al negarse a revocar cautelarmente decisiones de tribunales inferiores. El Supremo está compuesto por seis jueces conservadores y tres progresistas. De los conservadores, tres fueron nombrados por el propio Trump, dos por George W. Bush y uno por George H. W. Bush. Dos juezas progresistas fueron designadas por Barack Obama y una, por Joe Biden. Los cargos de los magistrados son vitalicios y la mayoría conservadora está prácticamente asegurada por un largo periodo, quizá de décadas.

Trump y su lugarteniente, Elon Musk, también están llevando al límite sus facultades dentro del Poder Ejecutivo en aplicación de lo que se denomina la teoría del “ejecutivo unitario”, una construcción conservadora que dota de plena autoridad al presidente por encima de las restricciones impuestas por el Congreso.

El jurista John Yoo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, que formó parte de la Administración de George W. Bush, es uno de los principales defensores de esa teoría. Recientemente, la defendía en la radio semipública NPR: “La Constitución otorga el poder ejecutivo del Gobierno federal a una sola persona: el presidente. Ahora bien, eso puede ser arriesgado o peligroso, por supuesto, pero pensaron que las virtudes de tener una sola persona que pudiera actuar con rapidez, con velocidad, con decisión y capacidad lo compensaban. Así que la famosa frase que utilizó Hamilton es que el buen Gobierno se define por la energía en el ejecutivo. Y para tener esa energía, es necesario que el poder esté en una sola persona”.

La tesis de Yoo es que el Congreso limitó en exceso el poder presidencial como reacción al escándalo Watergate y que Trump está tratando de recuperar el poder “unitario”. Russell T. Vought, autor del capítulo dedicado al poder ejecutivo del Proyecto 2025, el programa máximo de los conservadores, y ahora alto cargo de la Casa Blanca, abrazó esa teoría. “El gran desafío al que se enfrenta un presidente conservador es la necesidad existencial de utilizar de forma agresiva los amplios poderes del poder ejecutivo para devolver el poder —incluido el poder que actualmente ostenta el poder ejecutivo— al pueblo estadounidense”, escribió.

La vocación de ampliar sus poderes se ha convertido en un rasgo definitorio del segundo mandato de Trump. Y no admite bien las críticas. En un discurso pronunciado la semana pasada en el Departamento de Justicia llegó a sostener que los medios de comunicación son ilegales por criticarle. “Creo que CNN y MSDNC [se refería a la MSNBC], que literalmente escriben cosas malas sobre mí en un 97,6 %, son brazos políticos del Partido Demócrata. Y, en mi opinión, son realmente corruptos e ilegales. Lo que hacen es ilegal”.

El juez jubilado del Tribunal Supremo Stephen Breyer no quiso pronunciarse abiertamente sobre si hay una crisis constitucional en una entrevista con la CNN esta semana. “Nadie lo sabe realmente. La gente tiene opiniones diferentes al respecto”, dijo. “Lo único que podemos decir con certeza es que no es un interruptor de encendido y apagado. No es binario. Es una posición en un espectro”, declaró esta semana a la cadena ABC James Sample, experto en Derecho Constitucional de la Universidad de Hofstra. “Lo que estamos viviendo no es una guerra relámpago contra adversarios [políticos], sino más bien una guerra relámpago por parte del ejecutivo contra el propio Estado de derecho. Esa es una característica definitoria de una crisis para el Estado de derecho”, argumentó.

Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard y autor de Cómo mueren las democracias, comparaba esta semana la actuación de Trump con la de otros líderes autoritarios como Hugo Chávez (Venezuela), Viktor Orbán (Hungría) y Recep Tayyip Erdoğan (Turquía). “Nunca he visto nada igual”, decía en declaraciones al New York Times. “Observamos estos casos comparativos en el siglo XXI, como Hungría, Polonia y Turquía. Y, en muchos aspectos, esto es peor. Estos dos primeros meses han sido mucho más agresivamente autoritarios que casi cualquier otro caso comparable que conozco de retroceso democrático”, señalaba. “El fervor con el que estos tipos están adoptando un comportamiento cada vez más abierto y autoritario no se parece a casi nada que haya visto. Erdogan, Chávez, Orbán, lo ocultaban”.