Los demócratas presentan a los jueces nombrados por Biden como un “escudo para la democracia” frente a Trump

Serena Raquel Murillo fue la última jueza confirmada por el Senado en el mandato de Joe Biden. Su designación elevó a 235 el número de jueces federales nombrados por el actual presidente, la cifra más alta de un mandato desde los 262 de Jimmy Carter entre 1976 y 1980. El propio presidente ha querido celebrar ese hito de su presidencia este jueves con un acto en la Casa Blanca a menos de tres semanas de cesar en el cargo. Biden no solo espera que su legado de nuevos magistrados sirva para afianzar una interpretación progresista de la ley, sino que se conviertan en defensores de la Constitución frente a las amenazas que percibe ante la vuelta de Donald Trump al poder. Serán, en palabras de Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, “un escudo para proteger la democracia”

La confirmación de Murillo permitió a Biden superar los 234 jueces nombrados por Trump en los primeros cuatro años del republicano en la Casa Blanca. El mandato de los jueces federales es vitalicio y los elegidos por Biden suponen una cuarta parte de la planta judicial. “Los jueces son importantes. Determinan la vida cotidiana de los estadounidenses, protegiendo nuestras libertades básicas y defendiendo los derechos constitucionales”, dijo Biden en el acto. “Estos jueces serán independientes. Serán justos e imparciales. Respetarán el Estado de derecho, y lo más importante, aunque nunca pensé que diría esto, defenderán la Constitución”, añadió.

En la misma línea se expresó Schumer, que ha impulsado la confirmación de los nombramientos. “Estos jueces llegan justo a tiempo. La democracia se enfrenta a un futuro incierto, y mucha gente está preocupada con razón. Oímos a los líderes entrantes decir cosas sobre socavar las fuentes de nuestra democracia que inquietan a muchos estadounidenses. La buena noticia es que estos jueces serán una barrera contra los ataques a nuestras instituciones democráticas”, indicó. “Gracias a estos jueces, hoy es mucho más probable que hace solo unos años que estos ataques a la democracia sean desbaratados En resumen, estos jueces serán el escudo que proteja nuestra democracia”, concluyó.

Después de que la vicepresidenta, Kamala Harris, fuera derrotada en las urnas por Donald Trump, Biden convirtió el nombramiento de jueces en una de las prioridades del sprint final de su presidencia. Cada nombramiento aprobado implicaba una vacante menos para cubrir por parte de su sucesor. Los republicanos tienen en la nueva legislatura un cómodo control del Senado y Trump no debería tener problemas para que la Cámara alta confirme a sus elegidos.

El contraste entre el perfil de los nombramientos de ambos presidentes es enorme. Durante sus cuatro años en la Casa Blanca, el 76% de los jueces elegidos por Trump fueron hombres y el 84%, blancos. En el caso de Biden, cerca de dos tercios de los nombramientos son mujeres y menos del 40% son blancos. En su apuesta por la diversidad, el demócrata ha nombrado un número récord de mujeres, afroamericanos, latinos, asiáticos americanos, nativos americanos, musulmanes americanos y miembros de la comunidad LGTBI.

Además, el presidente se ha inclinado por perfiles profesionales y con una mayor sensibilidad social. Ha designado como jueces a más de 45 abogados de oficio, más de 25 letrados de derechos civiles y al menos a 10 profesionales que han representado a trabajadores. Además, ha seleccionado a candidatos procedentes de la abogacía privada, la Fiscalía y otros ámbitos jurídicos, como el derecho de inmigración y el derecho municipal, e incluso a militares retirados.

Pese a que ha superado en el número total de nombramientos al primer mandato de Trump, los jueces designados por Biden ocupan un lugar más bajo en el escalafón que los de su antecesor. La planta federal judicial estadounidense tiene tres niveles. En el más bajo están los 677 jueces de distrito o primera instancia, repartidos en 94 distritos a lo largo y ancho del país. Sus decisiones pueden recurrirse ante los 13 tribunales de apelaciones, que cuentan con 179 jueces. En la cúspide están los nueve magistrados del Tribunal Supremo. Todos los nombramientos son vitalicios, pero hay mayor rotación por jubilaciones y dimisiones en los niveles más bajos, mientras que los jueces del Supremo tienden a prolongar su mandato.

Gracias a las maniobras de los republicanos en el Senado, Trump pudo nombrar tres jueces del Tribunal Supremo durante sus primeros cuatro años en la Casa Blanca, cimentando con ello una supermayoría conservadora de seis jueces a tres que tiene aún larga vida por delante. Para alterarla, tendría que haber bajas de jueces conservadores durante el mandato de un presidente demócrata. Los jueces de mayor edad son los conservadores Clarence Thomas, de 76 años, y Samuel Alito, de 74, que no han mostrado la menor voluntad de jubilarse, aunque no cabe descartar una renuncia cerca del final del mandato de Trump. Los otros cuatro conservadores tienen menos de 70 años y tres de ellos, menos de 60.

Un único nombramiento en el Supremo

Biden, mientras, solo ha podido nombrar a una jueza del Supremo: Ketanji Brown Jackson, de 54 años, la primera mujer negra que forma parte del Alto Tribunal. Aprovechó para ello la renuncia de Stephen Breyer, un juez nombrado por Bill Clinton, que se retiró con 84 años.

Aparte del Supremo, Biden también se ha quedado por detrás de Trump en el nombramiento de jueces de los tribunales de apelaciones, con 45 frente a 54. Durante el último tramo del mandato de Barack Obama, los republicanos bloquearon en el Senado las confirmaciones de sus nombramientos, dejando un centenar de vacantes (incluida una en el Supremo) que Trump se aprestó a cubrir al llegar a la Casa Blanca. Ahora, el republicano recupera el cargo con 39 vacantes, según los datos actualizados, el menor número en un relevo en el poder en varias décadas. El récord de nombramientos en dos mandatos lo tiene Ronald Reagan, con 383 (de los que todavía hay 11 en activo), seguido por los 378 de Bill Clinton (31 de ellos aún en el estrado).

Schumer asumió el protagonismo en el sprint final de confirmaciones, que conllevan un engorroso proceso parlamentario. Pactó con los republicanos aparcar la confirmación de cuatro jueces de apelaciones a cambio de agilizar la de 15 jueces de distrito. “Una cuarta parte de todos los jueces proceden ahora de estos cuatro años”, celebró Schumer al hacer balance. “Va a tener un profundo efecto en la vida de la gente. Ha sido un logro que durará generaciones”, añadió.

Biden vetó la semana pasada una ley del Congreso que ampliaba en 66 el número de jueces federales, a un ritmo de 22 cada cuatro años. La norma fue pactada por republicanos y demócratas con la idea de que se aprobase antes de las elecciones presidenciales, de modo que no se supiera quién iba a poder nombrarlos. La ley salió adelante en el Senado por unanimidad en agosto, pero los republicanos la retuvieron en la Cámara de Representantes y solo la aprobaron tras saber que Trump había ganado las elecciones. Biden alegó que la norma dejaba cuestiones abiertas sin resolver, como el reparto de los nuevos juzgados, para vetarla.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, defendió en 2018 la independencia y profesionalidad de todos los jueces federales, al margen de quién los hubiese nombrado, después de que Trump arremetiese contra una decisión sobre su política de asilo tomada por lo que denominó “un juez de Obama”. “No tenemos jueces de Obama o jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton. Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces entregados que hacen todo lo posible para hacer lo correcto ante quienes comparecen ante ellos. Ese poder judicial independiente es algo por lo que todos deberíamos estar agradecidos”, escribió en un comunicado. Lo cierto, sin embargo, es que la sensibilidad al tomar las decisiones sobre diferentes asuntos como aborto, migración, derechos civiles o asuntos laborales varía mucho entre unos jueces y otros y se alinea con frecuencia con la ideología, más progresista o conservadora, del presidente que los nombró.

Este martes, en su informe de cierre del año 2024, Roberts volvió a defender la independencia judicial, que, según dijo, está amenazada por la intimidación, la desinformación y la posibilidad de que cargos públicos desafíen las órdenes judiciales. “La violencia, la intimidación y el desafío dirigidos a los jueces a causa de su trabajo socavan nuestra República y son totalmente inaceptables”, escribió, tras advertir que “no está en la naturaleza del trabajo judicial contentar a todo el mundo”. El presidente del Tribunal Supremo también censuró a los cargos electos de cualquier sector político que han “agitado el espectro del desprecio abierto a las resoluciones de los tribunales federales”. “Los intentos de intimidar a los jueces por sus resoluciones en los casos son inapropiados y deben ser combatidos enérgicamente. Los cargos públicos tienen ciertamente derecho a criticar la labor del poder judicial, pero deben ser conscientes de que la intemperancia en sus declaraciones cuando se trata de jueces puede provocar reacciones peligrosas por parte de otros”, añadió.