Trump promueve una revolución conservadora en los tribunales

Alejada de los focos, Donald Trump promueve sigilosamente una revolución conservadora de los tribunales en Estados Unidos. Su impacto puede ser mayúsculo: los jueces, que nombra el presidente y confirma el Senado, tienen cargos vitalicios y la capacidad de definir en las próximas décadas el rumbo social del país en grandes asuntos, como protecciones a minorías, medioambiente o política penitenciaria.

Al llegar a la Casa Blanca en enero, Trump se encontró con un inusualmente elevado número de plazas judiciales vacantes y una plantilla de magistrados de avanzada edad. El presidente republicano ha aprovechado la oportunidad. Sus asesores han diseñado con precisión, en coordinación con los conservadores del Senado, donde ostentan la mayoría, una estrategia para nombrar con la mayor rapidez y menor oposición política posible a jueces conservadores para tribunales de distrito y apelación.

El resultado es que Trump ha nominado a muchos más jueces que sus predecesores en sus primeros nueve meses de presidencia. Por ejemplo, ha nombrado al doble que Barack Obama en el mismo periodo. Las designaciones, sin embargo, han sido polémicas al incluir desproporcionadamente a hombres blancos. También a personas jóvenes con escasa experiencia.

La American Bar Association, una organización independiente que evalúa desde hace medio siglo las nominaciones judiciales, ha considerado “no cualificado” a cuatro de los designados por Trump. Uno de ellos, Brett Talley, un abogado de 36 años, ha sido aprobado como magistrado de apelaciones por el Comité Judicial del Senado pese a que nunca ha acudido a un juicio y ha exhibido sin tapujos una clara opinión conservadora.

Hay que remontarse casi 30 años, a la presidencia del republicano George H.W. Bush, para encontrar un ratio tan elevado de nominaciones de hombres blancos para plazas de jueces federales. Un 91% de los designados de Trump son blancos y un 81% hombres, según un recuento de la agencia Associated Press.

Trump, que como candidato y presidente ha lanzado guiños a grupos supremacistas blancos, pone en jaque las políticas adoptadas en las últimas décadas para reflejar mejor en los tribunales la diversidad racial y de género en EE UU. Las cifras contrastan con las de Obama. El primer presidente negro del país nombró en sus ocho años en la Casa Blanca a un 37% de hombres blancos como jueces y a un 42% de mujeres.

El Gobierno de Trump ha defendido que las credenciales conservadoras deben guiar la elección de magistrados. El presidente alardeó recientemente de que las designaciones tendrán consecuencias “durante 40 años” y que él cambiará un “alto porcentaje” de los tribunales. Es una época dorada para el movimiento judicial conservador, que defiende una interpretación estricta de la Constitución.

Carrie Severino, responsable legal y política de Judicial Crisis Network, una organización judicial conservadora, destaca que la designación de jueces tendrá “más impacto” que cualquier otra decisión de Trump. “Los jueces van a interpretar esas leyes que pasas, las órdenes ejecutivas, es una posición increíblemente importante”, dice en una entrevista telefónica.

Árbitro social

La Justicia siempre ha marcado las coordenadas sociales de EE UU. Fueron jueces federales los que forzaron en los años cincuenta y sesenta a los Estados sureños a acabar con la discriminación de los negros en escuelas y lugares públicos. La Justicia también sentó cátedra en los setenta al avalar el aborto y en 2015 al permitir el matrimonio homosexual en todo el país. En los últimos años también ató de manos a Obama en su intento de evitar la deportación de cuatro millones de inmigrantes indocumentados y permitió las donaciones masivas en campañas electorales.

Con el nombramiento de Neil Gorsuch al Tribunal Supremo, Trump ha logrado, como prometió en campaña, recomponer la mayoría conservadora en la máxima autoridad judicial. Ese nuevo equilibrio de fuerzas le permitió, por ejemplo, sacar adelante su veto a visitantes de países musulmanes. Por debajo del Supremo, se sitúan las 12 cortes de apelaciones que gestionan muchísimos más casos (unos 60.000 al año) y que condicionan infinidad de vidas. El Senado ya ha aprobado a ocho nuevos jueces para ese circuito, la mayor cifra al inicio de una presidencia desde Richard Nixon en 1969.

La Coalición de Derechos Civiles y Humanos, una organización judicial progresista, ha calificado de “ideológicos e inexperimentados” algunos de los nominados por Trump. Por ejemplo, sostiene que Talley, el candidato a juez de apelaciones que nunca ha acudido a un juicio, “ha demostrado tener visiones ideológicas extremas que cuestionan su temperamento”. Y también ha criticado la designación de Gregory Katsas, asesor de Trump, para otra corte de apelaciones. “Ha trabajado en restringir los derechos de voto, del colectivo LGTB y el acceso sanitario de mujeres”, señala.

Severino, la representante de Judicial Crisis Network, defiende que todas las nominaciones de Trump son de “primer nivel” y reflejan cierta diversidad. La representante de la entidad conservadora considera politizada, a favor de magistrados progresistas, la evaluación independiente de la asociación de jueces, que ha censurado algunas de las designaciones del presidente. Subraya que lo importante es que los jueces no hagan interpretaciones políticas sino que se limiten a interpretar con rigor la ley.