La Casa Blanca redobla sus ataques contra la independencia de los jueces

La Casa Blanca ha redoblado este miércoles sus ataques contra la independencia de los jueces federales, en un enfrentamiento de peligrosas consecuencias. Con comentarios que buscan deslegitimar la autoridad de los tribunales con los que estén en desacuerdo, el presidente de EE UU, Donald Trump, su portavoz, Karoline Leavitt, y el oligarca tecnológico Elon Musk han arremetido hacia magistrados que han dictaminado contra su administración. Ese impulso del Gobierno, que ya existía, se ha multiplicado después de que el juez de distrito James Boasberg prohibiera el sábado la expulsión sumaria de más de 200 venezolanos a los que se aplicaba una ley de guerra del siglo XVIII, pero esos inmigrantes fueran trasladados de todos modos a El Salvador.

“Si un presidente no tiene el derecho de expulsar a asesinos y otros criminales de nuestro país porque un Juez Lunático de la Izquierda Radical quiere asumir el puesto del presidente, entonces nuestro País tiene un gran problema y está destinado al fracaso”, escribía este miércoles Trump en su red social, Truth, sobre el juez Boasberg.

Era la segunda arremetida contra este togado en menos de 24 horas. La primera, en la que pedía la destitución política del juez, había obligado a intervenir al mismísimo John Roberts, el presidente del Tribunal Supremo, alguien que habitualmente procura evitar pronunciamientos públicos. El cabeza del poder judicial emitió un comunicado en el que, sin mencionar nombres, recordaba que la vía correcta cuando se está en desacuerdo con la decisión de un tribunal es apelar a una corte superior, no lanzarse a pedir juicios políticos.

La intervención de Roberts no parece haber servido de mucho. La Casa Blanca está convencida de que el poder presidencial apenas tiene límites, y que no debe ser un mero juez federal el que se los imponga. “No puedes tener una democracia en la que jueces individuales de distrito pueden asumir los poderes totales del comandante en jefe”, declaraba este miércoles el jefe adjunto de Gabinete de Trump, Stephen Miller.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se expresaba en términos igualmente condenatorios, y acusaba a los jueces de “actuar como activistas partidistas” y de “tratar claramente de paralizar el programa de esta administración”. “No solamente están usurpando la voluntad del presidente y jefe del Ejecutivo de nuestro país, sino que socavan la voluntad del pueblo estadounidense”, sostenía en una rueda de prensa. La portavoz iba a más, y llamaba al Supremo a “controlar a esos jueces activistas”.

Por su parte, el Departamento de Justicia volvía a resistirse, por tercer día consecutivo, a las órdenes de Boasberg para que le proporcione una serie de datos sobre los vuelos que deportaron a los más de 200 venezolanos, a los que la Administración de Trump acusa de ser delincuentes violentos miembros de la banda delictiva Tren de Aragua. Según los abogados del Gobierno, ese tribunal tiene que terminar sus “intrusiones continuas” en la autoridad del poder ejecutivo.

Boasberg ha pedido ya en tres ocasiones al Gobierno que le facilite los datos sobre los vuelos que trasladaron a esos inmigrantes primero a Honduras y después a El Salvador, para determinar si hubo desacato a su tribunal.

En una vista urgente, el magistrado había ordenado el sábado que esos detenidos, a los que el Gobierno quería expulsar sin proceso legal aplicándoles la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, permanecieran en suelo de EE UU. El juez reclamaba que, si los vuelos habían ya despegado, dieran la vuelta. Pero los aviones no regresaron. El Departamento de Justicia sostiene que ya se encontraban sobre aguas internacionales y el juez ya no tenía jurisdicción sobre ellos, por lo que no hubo desacato. Los abogados del Departamento se han negado sistemáticamente a dar a Boasberg los datos que ha solicitado. Este miércoles pedían una nueva prórroga.

“La premisa de estas órdenes … es que el poder judicial es superior al ejecutivo, especialmente en cuestiones no-legales relacionadas con la seguridad nacional y asuntos exteriores. El Gobierno discrepa”, alegan los abogados del Departamento de Justicia. “Los dos poderes son iguales, y las intrusiones del tribunal en las prerrogativas del poder ejecutivo deberían acabar, sobre todo en cuestiones no legales e irrelevantes en los hechos”.

El magistrado ha vuelto a fijar una audiencia este jueves para recibirlos, y ha precisado que si se trata de una cuestión de seguridad nacional, como alegan los abogados del Gobierno, pueden entregarlos bajo la condición de la confidencialidad.

Boasberg sostiene que no va “a la caza” de la Administración, como le acusan los abogados, sino que simplemente quiere establecer los hechos, para determinar “si el Gobierno desobedeció deliberadamente” su orden de que los aviones dieran la vuelta “y, en ese caso, cuáles deberían ser las consecuencias”.

El caso de los deportados venezolanos no es el único en el que el Gobierno estadounidense ha sufrido serios reveses. Varios tribunales han paralizado medidas que van desde la cancelación del derecho a la ciudadanía por nacimiento al despido de decenas de miles de empleados federales. Solo este martes, un tribunal de Maryland ordenaba que la entidad que encabeza Elon Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), deje de desmantelar la agencia federal de ayuda al desarrollo (Usaid). Una jueza en Washington cancelaba el veto del Pentágono a que los transexuales puedan alistarse en las fuerzas armadas estadounidenses.

Esta última sentencia parece haber desatado la ira de Musk. En su red social, X, el hombre más rico del mundo pedía la destitución política también de la jueza responsable, Ana Reyes. El oligarca tecnológico retuiteaba el mensaje de un célebre activista conservador, Charlie Kirk, que decía: “o tenemos una presidencia o tenemos un mandato de 677 dictadores (los jueces federales nombrados por presidentes demócratas) que agitan un mazo”. A su vez, él añadía: “esto es un golpe de Estado judicial”. “Necesitamos 60 senadores (en realidad, 67, si el Congreso quisiera dar ese paso) para una destitución política de estos jueces y recuperar el mandato del pueblo”.