Ecuador hace una nueva conversión de deuda para destinar 460 millones de dólares a su Amazonia

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Ecuador se sigue montando al tren de la conversión de deuda por naturaleza. Tras realizar un reajuste de cuentas en 2023 que le permitió destinar 450 millones de dólares a la conservación de las Galápagos —y que se consideró la mayor realizada hasta el momento— el Gobierno acaba de anunciar un proceso similar. Hizo una nueva reconversión de deuda para asegurar alrededor de 460 millones de dólares que, esta vez, irán al Programa Biocorredor Amazónico, un modelo de gestión que quieren implementar en la Amazonia ecuatoriana para no solo conservar sus ecosistemas terrestres y de agua dulce, sino satisfacer las necesidades básicas de las personas que lo habitan.

La reconversión, en la que participaron el Gobierno de Ecuador, la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Bank of America, lo que hizo fue recomprar una deuda de 1.530 millones de dólares que tenía Ecuador, pero con mejores condiciones y garantías. Esto le permite al país liberar unos 800 millones de dólares en ahorros fiscales para 2035 —que ya no tendrá que pagar—, de los cuales aproximadamente 400 millones de dólares se asignarán a la gestión sostenible de la Amazonia.

Además, como explica Daniel Ballesta Quintana, director Global de Deuda Sostenible de The Nature Conservancy (TNC), organización que facilitó el proceso, un componente de lo ahorrado irá a un fondo de dotación que, se espera, genere un retorno de 60 millones de dólares a lo largo de 17 años, que es lo que dura el proyecto. Así, “el total de recursos para la conservación que se esperan desbloquear ascenderá a aproximadamente 460 millones de dólares en total”.

Aunque TNC ya había apoyado otras cinco conversiones de deuda a nivel mundial, esta es la primera vez que lo hace con ecosistemas de agua dulce y terrestre; antes todos se relacionaban con el mar. “Es algo en lo que venimos trabajando desde 2022″, cuenta Galo Medina, director del Programa Ecuador de TNC. “Ya tenemos un portafolio de conservación y se establecerán ciertas metas, como crear nuevas áreas protegidas o ver cómo fortalecer las ya existentes en la Amazonia, porque la protección de áreas es una figura que, muchas veces, por falta de recursos, se queda en el papel”.

La idea, agrega, es que sean varias las ONG, líderes locales y comunidades indígenas las que ejecuten los proyectos en el territorio. Algunos de los objetivos que ya están dentro de la baraja son mejorar la gestión de 4,6 millones de hectáreas de áreas protegidas existentes, proteger 1,8 millones de hectáreas adicionales de bosques y humedales, y resguardar 18.000 kilómetros de ríos en la región amazónica.

Los canjes de deuda —como también se les conoce— han sido un mecanismo utilizado desde los años 80 y 90 para que, a los países con alta diversidad, pero ahogados financieramente, se les perdonen, reajusten o recompren las deudas con mejores términos, bajo la condición de que la plata ahorrada o no pagada la inviertan en conservación. Solo las seis reconversiones asesoradas por TNC podrían generar aproximadamente 1.000 millones de dólares para este fin. A nivel mundial se estima que se han realizado más de 145 conversiones de deudas en 30 países en las últimas cuatro décadas. América Latina y el Caribe se ha convertido en una región dispuesta a investigarlas y explorarlas.

Así lo demuestra el caso ecuatoriano. “El Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se enorgullece de liderar una iniciativa que demuestra cómo la conservación y la innovación pueden converger para garantizar el bienestar de nuestras comunidades y fomentar un desarrollo económico verdaderamente sostenible”, dijo Inés Manzano, líder de esta cartera, al hacer el anuncio. Además de la reconversión para Gálapagos y la Amazonia, se espera que el país anuncie otra de estas iniciativas a lo largo de 2025.