Las disidencias amenazan el hito histórico de Petro en la lucha contra la deforestación

Colombia se apuntó esta semana un hito histórico en la lucha contra la deforestación al reportar las cifras anuales de perdida de bosques más bajas desde que se llevan registros, menos de 80.000 hectáreas en 2023. Pero no se confía. La crisis en los diálogos con las divididas disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, en especial, amenaza la posibilidad de sostener ese hito en este 2024. Este martes, el Gobierno de Gustavo Petro pone en marcha el quinto ciclo de diálogos con el autodenominado Estado Mayor Central, o al menos con las facciones que aún permanecen en la mesa.

Las 79.256 hectáreas de bosques que se perdieron en 2023 son por mucho la cifra más baja de los últimos 23 años, desde cuando se llevan registros. El Gobierno ha concentrado sus esfuerzos en la región amazónica, concretamente en los cuatro departamentos del llamado arco de deforestación –Meta, Putumayo, Caquetá y Guaviare–, con reducciones notables. Como suelen recordar los ambientalistas, de la conservación de esos ecosistemas amazónicos depende, entre muchas otras cosas, la regulación del clima y la oferta de agua en la zona andina de Colombia –y en la propia Bogotá, ahora mismo sometida a racionamientos de agua–.

Mientras que su predecesor Iván Duque (2018-2022) militarizó la política ambiental, el Gobierno de Petro ha optado por trabajar de la mano de las comunidades en esas regiones duramente golpeadas por el conflicto armado. El actual plan de contención de la deforestación incluye estrategias como el programa Conservar Paga, que triplicó los incentivos para las comunidades que se comprometen con la protección de los bosques, explican desde el Ministerio de Ambiente.

“Hemos identificado que hay una asociación directa entre la paz y el resultado de la deforestación, condiciones de paz generan reducción”, destacó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, al explicar este lunes las cifras consolidadas, tanto para el país como para la región amazónica. “Es una muy buena noticia, pero definitivamente no podemos decir que la batalla está ganada, es un proceso dinámico, seguimos enfrentando las economías ilícitas, la inestabilidad de las mesas de negociación, la necesidad de seguir consolidando el Estado social de derecho en el territorio, esto no es un proceso de un año para otro”, añadió con cautela en su balance.

Persisten las dudas de que ese logro se pueda repetir en este año. La propia ministra encendió las alarmas desde abril, al advertir sobre la posibilidad de un pico de pérdida de bosques de acuerdo con las alertas tempranas del Ministerio para el primer trimestre del año. A los temas estacionales y el fenómeno de El Niño, con sequías e incendios que favorecen las quemas de selva, se suman las acciones de las disidencias, que agravan el fenómeno de la deforestación y por momentos impiden el acceso a las autoridades ambientales.

Los bosques que ocupan casi 60 millones de hectáreas del territorio colombiano nunca han dejado de estar bajo algún tipo de asedio, con una deforestación tradicionalmente empujada por la ganadería, el acaparamiento de tierras, la minería ilegal y los cultivos de coca, entre otras causas. Cuando estaba en armas, la guerrilla de las FARC tendía a restringir la tala y quema en las áreas donde operaba, en gran medida porque las tupidas copas de los árboles dificultaban que el Ejército identificara sus campamentos desde el aire. Luego de su desarme por cuenta del acuerdo de paz de 2016, la deforestación aumentó, promovida por nuevos y viejos actores armados, a menudo en una feroz competencia entre ellos.

Los actuales esfuerzos para detener la tala en la Amazonía, el llamado pulmón del mundo, están ligados a la búsqueda de la paz total con distintos grupos armados – la política bandera del Gobierno de Petro– y a la reforma rural. Los asuntos ambientales ya se abrieron un espacio en las mesas de diálogos de paz. También se relacionan con la implementación de los aspectos más ‘verdes’ del acuerdo de 2016, que incluyen frenar la frontera agrícola, reintegrar excombatientes en economías rurales sostenibles, los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos o los proyectos de desarrollo rural en los municipios más golpeados por la guerra. Pero todos esos propósitos se ven entorpecidos por las acciones del ahora dividido EMC, el actor armado dominante en los departamentos del arco amazónico, donde ordena o prohíbe la tala para marcar el ritmo de las negociaciones y presionar al Gobierno.

En los primeros acercamientos, el Gobierno le pidió a las disidencias, entonces encabezadas por Iván Mordisco, frenar la tala como un gesto de buena voluntad. El descenso fue notorio entonces. Pero el jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, reconoció en abril que las facciones encabezadas por Mordisco abandonaron el proceso y sigue negociando con menos de la mitad de las estructuras del EMC. En los departamentos del arco de deforestación operan frentes que se mantienen en la mesa, otros que se apartaron e incluso uno –el frente Carolina Ramírez, uno de los más problemáticos– que está dividido al respecto, de acuerdo con un informe de la fundación CORE.

Hay que celebrar las cifras del 2023 y reconocer que una parte significativa de la reducción de tiene que ver con el compromiso del EMC en la mesa de diálogo de parar la deforestación en sus zonas, apunta la analista Elizabeth Dickinson, investigadora del International Crisis Group, que ha elaborado varios informes sobre el terreno. La otra cara de la moneda, lamentablemente, es que desde principios de este año ya no hay restricciones y ahora sí es posible tumbar bosque, añade. “Nuestro temor es que el medio ambiente se vuelva una ficha en la negociación entre el EMC y el Gobierno”, advierte. Colombia también debe sellar la paz con la naturaleza.

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