El Gobierno de Petro se plantea una transformación territorial más allá de lo pactado en el acuerdo de paz

El calor de la Orinoquía se deja sentir esta tarde de jueves sobre la cancha deportiva del colegio General Santander, en el centro de Arauca, que hace las veces de auditorio. “Gracias a su resistencia no fue posible hacer trizas el acuerdo de paz”, les dice a los asistentes Raúl Delgado, el director de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) en el Gobierno de Gustavo Petro. Es una audiencia de rendición de cuentas que coincide con un diálogo regional con mesas comunitarias, por lo que congrega a todo tipo de lideres sociales, funcionarios y representantes de comunidades campesinas, afro e indígenas en uno de los tantos rincones de Colombia golpeados por un conflicto armado de más de medio siglo que la sociedad anhela dejar atrás. “Ustedes han persistido en el sueño de la transformación de estos territorios”, les reconoce.

La ART que encabeza Delgado es una entidad clave para llevar inversiones a lugares históricamente excluidos, un propósito manifiesto del actual presidente. Es la encargada de implementar una de las principales apuestas del acuerdo de paz sellado a finales de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que buscan transformar para siempre a los 170 municipios más afectados por la guerra, conocidos como PDET en la jerga institucional derivada de ese histórico pacto. En conjunto, ocupan más de un tercio de la geografía colombiana y suman cerca de siete millones de habitantes. Están repartidos a lo largo y ancho del país.

En Arauca, sin ir demasiado lejos, se han juntado todas las violencias. Con el cambio de siglo fue escenario de una sangrienta arremetida paramilitar y, años después, de un feroz enfrentamiento entre las extintas FARC y el ELN, la última guerrilla en armas que ahora negocia con el Gobierno en el marco de la paz total. Incluso en su capital, que comparte nombre con el departamento y con el río que la separa de Venezuela, confluye la fragilidad del Estado colombiano con la persistencia de los actores armados, que ahora incluyen también a las disidencias. Solo en este departamento fronterizo, son cuatro los municipios PDET: Tame, Saravena, Fortul y Arauca.

La carrera política de Delgado (Pasto, 65 años) está asociada a otro departamento fronterizo golpeado por la violencia, pero en este caso vecino de Ecuador, en la otra esquina de Colombia. Ha sido tanto alcalde de Pasto (2002-2007) como gobernador de Nariño (2012-2015), así como viceministro del Interior entre 2016 y 2018. Desde octubre de 2022 está al frente de la ART. “Nos propusimos reconstruir la confianza con las comunidades. Es un proceso difícil en el que hemos ido avanzando”, dice a este periódico en el marco del evento de Arauca. Ahora es, entre otras, el encargado de actualizar los Planes Territoriales para la Transformación Regional (PATR) que materializan los PDET. Por ley, deben revisarse participativamente cada cinco años, que es la mitad del periodo de diez años previsto originalmente para los PDET. Un momento que califica como una “oportunidad única”.

“Uno de los objetivos es que, ahora sí, esos planes tengan el capítulo de programas y proyectos, priorizando los de impacto estratégico, definiendo responsabilidades de los distintos niveles del Gobierno y una clara ruta de implementación”, afirma. “Al final del proceso vamos a tener un mandato comunitario, y es que se avance en adoptar esa política pública estatal permanente para la inclusión de los territorios excluidos, como los PDET”, reitera. Eso significaría, detalla, cambios estructurales en las asignaciones presupuestales de regalías, del sistema general de participaciones y, sobre todo, del presupuesto general de la nación. El plazo de diez años, apunta Delgado, es insuficiente: “Por eso hablamos, desde nuestra visión, de una política pública de Estado permanente para la inclusión y convergencia de territorios excluidos”.

El director de la ART se hace eco de las palabras del presidente Petro, quien en discursos recientes se ha quejado de que la inversión pública se ha seguido haciendo como si no se hubiera firmado el acuerdo de paz. También ha dicho que lo invertido en muchos casos no llegó a las comunidades excluidas y se quedó en los bolsillos de contratistas. “El acuerdo de paz está hecho trizas, esa es la realidad. Lo hicieron trizas y por eso tenemos una nueva violencia. Ahora, no se trata de llorar sobre lo que ya pasó, si no de ver qué hacemos hacia adelante”, se lamentó Petro hace menos de dos semanas en el primer encuentro nacional de beneficiarios del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

Como lo ha hecho el presidente, Delgado también subraya la subestimación de costos como una de las fallas. “En el 2018 se calculó que la implementación de los PDET tendría un costo aproximado de 80 billones”, con el problema adicional de que en gran medida se trasladó la responsabilidad a las entidades territoriales, explica. “Eso nos ha llevado a concluir que esos recursos definitivamente son insuficientes, que se necesita ampliar plazos, nuevas fuentes de financiación y, más de fondo, estructuralmente hablando, la necesidad de una política pública estatal de inclusión de los territorios excluidos”, afirma.

“El cumplimiento del acuerdo de paz se retroalimenta con la política de paz total”, defiende Delgado. “Si no se cumple el acuerdo, difícilmente se crea confianza en las nuevas negociaciones, pero a la vez los avances en las nuevas negociaciones –sobre todo de tipo humanitario– ayudan a que se cumpla el acuerdo de paz”, argumenta. “¿De qué vale inaugurar la más bonita de las escuelas en un territorio PDET si uno de estos grupos asesina al profesor en la entrada de la escuela?”.

Muchos de los críticos de Petro señalan, a su turno, que las múltiples negociaciones de la paz total han lastrado los esfuerzos para implementar el acuerdo de 2016. Delgado discrepa. “Lo digo como testigo de primera mano, si en algo insiste el presidente es en que hay que cumplir el acuerdo de paz como una obligación de Colombia con el mundo”, relata. “Y ha pedido algo más concreto, dirigir lo que nos queda de ejecución en el 2024, las inversiones de 2025-2026 y priorizar también en las vigencias futuras que deje comprometido nuestro Gobierno, a los territorios PDET y otros territorios excluidos”, afirma. “Yo no veo esa contradicción”.

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