La paz total avanza en una semana de crispación política

La paz total que se propone Gustavo Petro para Colombia ha adquirido un renovado impulso, a pesar de los altibajos. Bajo el radar, eclipsada por la crispación que se apoderó del debate público por cuenta del lento proceso para elegir una nueva fiscal general, la construcción de paz se apuntó un par de logros en medio de la agitación política. La semana que comenzó con una prórroga del cese al fuego con la guerrilla del ELN, acabó con el anuncio del comienzo de los diálogos con las disidencias de las FARC encabezadas por Iván Márquez, todo mientras el Consejo de Seguridad de la ONU visitaba el país para ratificar su apoyo a la implementación del histórico acuerdo sellado a finales de 2016.

Las delegaciones de paz del Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla en armas, anunciaron al filo de la medianoche del lunes, sobre la hora límite y con una dosis de suspenso, que habían alcanzado un acuerdo para prorrogar por 180 días el cese al fuego vigente, que ahora incluye formalmente el compromiso de la guerrilla de “suspender de manera unilateral y temporal las retenciones de carácter económico”, como se refieren los elenos al repudiado crimen del secuestro. Es la mesa más avanzada de la paz total, la política que pretende dialogar en simultáneo con varios grupos armados. Con las disidencias agrupadas en el llamado Estado Mayor Central también hay un cese al fuego pactado hasta el próximo 15 de julio.

El jueves, la misma jornada caótica en que el anuncio de una fiscal encargada emponzoñó la política, Petro se reunió en la Casa de Nariño con la delegación del Consejo de Seguridad, compuesta por los representantes de los 15 países miembros, incluidos los permanentes –China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido–. Los portavoces elogiaron tanto los esfuerzos del mandatario por implementar el acuerdo con las FARC como su apuesta por nuevas salidas negociadas. “Con esta política exhaustiva de paz, Colombia representa un ejemplo para el mundo”, dijo la embajadora de Suiza, Pascale Baeriswyl, desde el palacio de Gobierno. “El Consejo de Seguridad apoya esos esfuerzos”, añadió.

Cuando llegó su turno, Petro asumió un tono más crítico, al admitir que en aspectos como la reforma rural integral el resultado no es ideal. “A pesar de que hemos acelerado, el ritmo es insuficiente”, se lamentó. “Sigue existiendo impunidad”, dijo al hacer un balance sobre el tema de la verdad. Y también deslizó que los recursos destinados a la implementación no se han traducido en una transformación de los territorios, y que cree que “parcialmente” se los robaron.

En su tercera visita a Colombia, los representantes del Consejo de Seguridad también se reunieron con miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional; fueron hasta el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Agua Bonita, en el departamento del Caquetá, donde los exguerrilleros intentan asentarse en la paz; y visitaron comunidades afrocolombianas del Pacífico para ver las necesidades de implementación del capítulo étnico de los acuerdos, uno de sus aspectos más rezagados. El Gobierno Petro ha insistido en enmarcar la visita como un espaldarazo a su paz total.

La visita es rutinaria pero muy importante, valora Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). “La búsqueda de negociar la paz con otros grupos demuestra muchos resultados justo en la semana en la que está aquí el Consejo de Seguridad; hubo varios éxitos”, apunta el analista. “Ahora, eso muestra un enorme contraste con la falta de un entorno de reconciliación y paz política por parte del Gobierno”, matiza.

El viernes, la semana acabó con otro hito. El nuevo comisionado de Paz, Otty Patiño, anunció en una declaración conjunta el inicio de una negociación con la Segunda Marquetalia, el grupo de disidentes de las FARC encabezado por Iván Márquez, en la que será la tercera mesa de diálogos de la paz total. De entrada, y a la espera de nuevos detalles del proceso, la Segunda Marquetalia se compromete en ese documento a renunciar al secuestro extorsivo, como ya lo han hecho el ELN y el EMC.

Los acuerdos de paz requieren el compromiso de varios Gobiernos, pues suelen tardar en asentarse. Colombia no es una excepción. Desde la propia campaña que lo llevó al poder, Petro prometía darle un nuevo impulso a la frágil implementación del pacto con las FARC, hoy convertidas en un partido político, además de retomar los diálogos frustrados con el ELN. También avanzar en una política de sometimiento a la justicia para otros grupos criminales. Pero el camino ha estado sembrado de obstáculos, y una que otra crítica.

Las múltiples negociaciones que se propone el Gobierno no pueden opacar la implementación del acuerdo con las FARC, advertía en noviembre el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), en el séptimo aniversario de la firma de ese pacto. En más de una ocasión, los artífices de la paz con las FARC han criticado no solo la lentitud en la implementación, también la manera en que se negocia con ese archipiélago de grupos armados, y en especial los acercamientos con las llamadas disidencias de las FARC, las estructuras que se apartaron de aquella negociación y que ahora son, entre otras, las mayores responsables de asesinatos de firmantes. A la paz le queda un largo camino por delante.

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