El anuncio de una fiscal encargada emponzoña la política

”Sesionamos en condiciones de normalidad. Adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la Nación, hicimos dos rondas y el resultado final es que ninguna de las candidatas sacó los votos requeridos”, dijo ante los micrófonos de los expectantes periodistas el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. Lo hizo en el Palacio de Justicia de Bogotá hacia el mediodía de este jueves, a pocos metros del lugar donde decenas de manifestantes pedían una decisión. Cuatro horas más tarde, era otro el tono que usó para leer un comunicado oficial. “Es inaceptable que se llegue a bloquear a jueces”, leyó frente a las cámaras. “La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”.

En esas cuatro horas, la tensión política subió, como una reacción desmesurada ante lo que ocurría en las inmediaciones de la sede de las altas cortes colombianas. Allí, en pleno centro de Bogotá, los manifestantes bloquearon las salidas del Palacio, evitando que los magistrados —y decenas de trabajadores más— salieran a almorzar. La votación de la terna a fiscal ya había ocurrido y se sabía que se retomaría en dos semanas, pero los manifestantes no cejaban en sus quejas. “¡Fuera fiscal!”, decía una pintada contra Francisco Barbosa, quien culmina su período el próximo lunes 12.

Adentro, la angustia iba en aumento. Afuera, en las redes más que en las calles, la tensión escalaba por noticias falsas que retomaron algunos medios, como que un helicóptero había tenido que evacuar a algunos magistrados, que uno de ellos había sido agredido con una pedrada al intentar salir del Palacio, o que los magistrados iban a decir públicamente que se estaba viviendo “la ruptura institucional”.

Finalmente, la tensión se reflejó en el comunicado de las 16.00 horas. “La Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal”, decía el texto. “La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas”. Una hora más tarde, tras una orden explícita del presidente Gustavo Petro a la Policía de levantar el bloqueo, los uniformados lo lograron con enfrentamientos aislados con algunos manifestantes.

El presidente, que es quien ha hablado de una “ruptura institucional” en su contra liderada por el todavía fiscal Barbosa, ha sido muy cuidadoso de no incluir a la Corte en ese señalamiento. Los magistrados también habían evitado cualquier crítica al Gobierno. El martes anterior, Chaverra acudió a la Casa de Nariño para entrevistarse con Petro, en una reunión en la que si bien no se habló de la terna, las dos partes enviaron un mensaje de concordia y entendimiento con la elección en el horizonte.

Antes y después, sin embargo, el tribunal recibió presiones para elegir lo antes posible al reemplazo de Barbosa, de una terna de reputadas mujeres penalistas que recibió del presidente Petro hace cuatro meses. Aunque es usual que la Corte Suprema tarde en elegir a los fiscales generales, en esta ocasión una suma de factores ha llevado a que desde diferentes orillas se le pida celeridad.

Uno es que Barbosa se reveló como un fiscal locuaz y tan crítico del presidente que se ha convertido en una de las cabezas de una oposición sin líder definido. Esa postura, cuando además la Fiscalía ha abierto (con sustentos) procesos penales contra el hijo y el hermano del presidente, ha producido una mayor urgencia de llegar al relevo en el liderazgo de la entidad. “Barbosa ha ayudado a Petro a mostrarse como víctima”, resume el analista político Hubert Ariza.

Otro motivo son las sombras que tiene la vicefiscal de Barbosa, Martha Mancera, quien quedará encargada de la Fiscalía hasta que la Corte elija. La penalista ha sido acusada de encubrir y proteger durante varios años a Francisco Javier Martínez, exdirector del CTI de la Fiscalía en Buenaventura y quien ha sido vinculado con organizaciones de narcotráfico y tráfico de armas. El fin de semana anterior quedó claro que le ha mentido a la opinión pública al decir que no había ningún documento oficial en el que se denunciaran los nexos de Martínez, o que ignoraba un tema que debía conocer.

La tercera razón, consecuencia de esas dos, es que un cambio en la Fiscalía sería un bálsamo para la crispación política. Sea quien sea la elegida, llegará una fiscal conocedora de la entidad, penalista y sin manchas en su hoja de vida. Además, sin carrera política ni trayectoria pasada en ningún Gobierno, contrastaría con la situación actual.

Pero los eventos de este jueves frente al Palacio de Justicia no garantizan que esa urgencia se traduzca en un proceso más veloz en la Corte Suprema que, respaldada por el resto de la Rama Judicial, se mantiene en sus trece. “La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”, afirma el comunicado tras los bloqueos. Un magistrado, en condición de reserva, dijo a este diario que quedaron “asustados pero convencidos”.

Ante el aumento de la tensión, el Ejecutivo ha buscado desligarse del bloqueo, pese a que la convocatoria inicial surgió de una de sus bases, la central sindical de maestros oficiales, Fecode, y al día siguiente el presidente escribió en su cuenta de X: ”Le solicito al magisterio ayudarnos a organizar las coordinaciones de fuerzas populares”. Esas declaraciones llevaron a las movilizaciones del jueves.

Sin embargo, una cosa es convocar a marchas y otra determinar lo que ocurre en ellas. El mismo Petro ha reiterado en las últimas semanas su respeto a las Cortes y ha dicho que ellas no participan de lo que ha llamado “golpe blando” o “ruptura institucional”. Y, el jueves, tras horas de bloqueos, fue él quien ordenó a la Policía desmontar la movilización. Su relación con la Rama Judicial, y el grado de tensión político en el país, pasaba por ello.

El presidente ha señalado que los bloqueos se pudieron deber a personas infiltradas en la marcha. “En mi Gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Estas personas enviadas para bloquear el Palacio deben ser profundamente investigadas. La orden a la Policía es despejar las puertas con respeto pero con contundencia. Punto”, escribió en los momentos más álgidos del jueves en X, frente a un video que mostraba cómo un puñado de manifestantes intentaba tumbar las vallas que protegían al Palacio de Justicia, mientras decenas más buscaban detenerlos.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, cercano personalmente a algunos magistrados y responsable por su cargo de la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, ha buscado reducir la tensión. “El Gobierno respeta y acata todas las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, sus tiempos y procedimientos. También garantiza y protege la integridad de sus magistrados en cualquier circunstancia. Hago un llamado a la calma“, dijo en X.

Pero no todos los actores políticos están en esa línea. El expresidente César Gaviria, cabeza del Partido Liberal, reaccionó acusando a Petro de violar la Constitución, sin detallar a qué hechos se refería. “El Presidente no se está comportando como una persona cuerda, abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia”, afirmó en un comunicado de prensa. La próxima semana, cuando Mancera ocupe oficialmente el cargo de fiscal general, y el 22 de febrero, cuando la Corte tiene previsto votar de nuevo por la terna, quedará más claro cuánto eco tiene el llamado del ministro Osuna.

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