El antiguo secretariado de las FARC acusa a la JEP de provocar “graves alteraciones” al acuerdo de paz

Siete antiguos miembros del secretariado de la extinta guerrilla de las FARC han enviado este miércoles una carta al presidente Gustavo Petro. En ella señalan a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el tribunal creado en el acuerdo de paz con el Gobierno, de apartarse de la esencia del pacto firmado en 2016. Advierten de que, de continuar con lo que consideran un incumplimiento, ellos y otros cientos de firmantes del acuerdo podrán apartarse de las decisiones judiciales de esa justicia. El texto, en el que aplauden la política de paz del Gobierno Nacional, está firmado por Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Rodrigo Granda, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra, todos ellos miembros del partido Comunes.

Según argumentan en la comunicación, la JEP se ha empeñado en “alejarse del espíritu y la letra de lo acordado”, al hacer una interpretación propia del acuerdo para llevarlo a un “terreno judicial punitivista”, que, en su opinión, está más cercano al sometimiento a la justicia que a un acuerdo entre dos partes y a un esquema transicional. De acuerdo con la carta, existe una “apertura interminable de macrocasos”, lo que aleja la idea de un cierre de las conductas por investigar. Eso, aseguran, “vulnera de manera grave la seguridad jurídica de los comparecientes” y puede ocasionar demoras para cumplir con los tiempos para los que fue diseñada la Jurisdicción.

En el documento, los firmantes señalan también una supuesta vulneración al debido proceso y a la presunción de inocencia por parte de la JEP, al tener la capacidad de expulsar de manera repentina de la justicia transicional a los comparecientes si considera que ha habido incumplimientos graves a las obligaciones a las que debe ceñirse al someterse al tribunal. Esa potestad, dicen los exjefes guerrilleros, niega al compareciente la posibilidad de controvertir con pruebas las acusaciones en su contra. “Es una expulsión unilateral de la JEP”, aseguran.

Otra de las decisiones que el antiguo secretariado critica es la de vincular a exmiembros de la guerrilla de bajo nivel jerárquico a indagaciones sobre hechos puntuales ocurridos durante el conflicto. En su opinión, esa postura va en contra de la idea original del acuerdo, que era centrar los esfuerzos de la justicia transicional en los máximos responsables de los casos más graves de las conductas que implicaran violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). En otras palabras, el acuerdo buscaba procesar a las cabezas de los casos más graves de secuestros o reclutamiento forzado. La tendencia a ir más allá de ese universo limitado de hechos y responsables, afirman los firmantes, ha despertado “desconfianza” en los excombatientes, lo que ha llevado a muchos de ellos a apartarse de los compromisos adquiridos con el acuerdo de paz y, en varios casos, a retomar las armas.

Los antiguos miembros del secretariado recuerdan que de las 4.485 solicitudes de amnistía que han sido presentadas ante el tribunal, solo 688 han sido concedidas, por 3.804 negadas. “Este tipo de accionar de la Jurisdicción afecta y pone en riesgo el acuerdo final de paz”, abundan. Agregan que la manera en que ha funcionado el sistema hasta ahora, además de falta de confianza, provoca un “alto grado de incredulidad” y viola el principio del DIH que conmina a los Estados a otorgar la máxima amnistía posible una vez finalizadas las hostilidades.

La comunicación, no obstante, no extiende ese tono crítico con el Gobierno de Petro, al que reconoce los esfuerzos por sacar adelante la política de paz total tras cuatro años “perdidos” para la puesta en marcha del acuerdo durante la Administración de Iván Duque (2018-2022). Los exguerrilleros mencionan que, aparte de las dilaciones, los excombatientes han sido blanco de “conspiraciones, desinformación, estigmatización y, sobre todo, la falta de garantías para la vida”: recuerdan que, hasta la fecha, 418 desmovilizados han sido asesinados tras la firma del acuerdo paz, sin contar los atentados, intimidaciones y desplazamientos de los que han sido también víctimas.

Al finalizar la carta, los excomandantes de la insurgencia afirman que “algunos” señalan a la JEP de ser, en este momento, la causante principal del aumento de miembros en los grupos armados ilegales y, por ese mismo camino, de la violencia. Por eso, piden al presidente un espacio para poder conversar sobre las que consideran unas “graves alteraciones” del acuerdo de paz.

La carta de los exlíderes de la guerrilla se da a conocer cuando se cumplen 21 años del atentado perpetrado por las FARC contra el club El Nogal, en el norte de Bogotá, que provocó la muerte de 36 personas y causó heridas a otras 198. Por ese crimen, este martes la JEP citó a nueve exmiembros de ese grupo armado para rendir versión. Entre ellos figuran tres integrantes del antiguo secretariado, dos de ellos firmantes de la carta: Rodrigo Londoño y Julián Gallo. Los exguerrilleros deberán comparecer ante el tribunal el 12 y 13 de agosto próximos, en lo que es el primer llamado a versión hecha por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP dentro del Caso 10, que investiga los crímenes de la guerrilla que no son amnistiables.

Otro asunto delicado que se aproxima tiene que ver con las sanciones propias, que son las penas especiales que deberán cumplir los comparecientes ante la JEP que sean hallados culpables por crímenes. Según explica el tribunal, esas sanciones propias “traen como consecuencia la realización de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) e implican un componente de restricción efectiva de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento”. No obstante, aún hay muchas sombras acerca de en qué consisten esas sanciones propias, que, cuando sean definidas, pueden dar pie a un debate intenso acerca de cuán duras o leves son esas penas.

Horas después de conocerse la carta, la JEP rechazó las acusaciones que en ella se le endilgan. En una rueda de prensa, el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, dijo que los comparecientes que se aparten de las decisiones del tribunal o incumplan “de manera grave” con sus compromisos, perderán los beneficios y se les reactivarán las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales que disponga la justicia ordinaria. También agregó: “La Jurisdicción reitera a los firmantes de paz que se sometieron ante este tribunal, que no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional”.

Acerca de las opiniones de los exguerrilleros acerca del proceder del tribunal, Vidal dijo que reciben el comunicado como “una opinión respetable”, que no representa ninguna amenaza para la jurisdicción, cuya competencia judicial “no está en discusión”. Sobre el mensaje que escribió Julián Gallo en X ―antes Twitter― en el mismo sentido de la carta, replicó en términos similares: “Nos merece respeto, pero es equivocada en términos de derecho. El poder judicial de la jurisdicción no está en discusión. Lo que nos corresponde es ejercer esa competencia con autonomía dentro de las normas que la Constitución y la ley establecen”.

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