Un informe de la JEP contradice la sensación de inseguridad y da el visto bueno a la paz total

Pocos días después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, destituyera a al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, llega un esquivo reconocimiento a la labor de quien fuera el rostro más visible de la política del Gobierno Nacional de negociar con los grupos armados ilegales. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado a raíz del acuerdo de paz de La Habana, ha publicado un informe en que reconoce varios logros a la paz total, la política bandera del Ejecutivo. El espaldarazo se da a conocer en un momento en que el Gobierno y el presidente son blanco de críticas por su postura en las negociaciones y en que el país vive en una constante sensación de inseguridad.

El informe, elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), indica que los ceses al fuego con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC, la mayor disidencia de las antiguas FARC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han logrado menguar los efectos del conflicto armado en los primeros 10 meses de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022. Según los datos recabados por la entidad, entre enero y octubre del año anterior hubo 474 actos hostiles, por 280 en el mismo lapso de este año. El documento, además, señala una disminución en el número de civiles asesinados o heridos.

Por otro lado, de acuerdo con la JEP, la reducción de militares y policías heridos en hostigamientos o combates fue del 39%, mientras que el asesinato de miembros de las Fuerzas Armadas cayó en un 33%. El cese el fuego con el ELN se tradujo, entre otras cosas, en una disminución de los ataques contra la fuerza pública, lo que para los investigadores sugiere que la mayoría de los frentes de guerra de esa guerrilla ha acatado lo que se ha acordado en las negociaciones sobre la suspensión de ofensivas armadas. El tribunal también destaca el efecto positivo para las víctimas de desplazamiento forzado, que ha bajado en un 46%: “En 11 de los 19 departamentos donde se registran esta clase de hechos victimizantes se presentó una reducción”, se lee.

De igual manera, las masacres y el asesinato de líderes sociales ―Colombia es el país del mundo más peligroso para ejercer ese trabajo― se han reducido, según el tribunal. Entre enero y octubre de este año se registraron 77 masacres en el país, comparado con las 85 que hubo en el mismo periodo del año pasado. El homicidio de líderes sociales decreció en un 25%.

Aunque las diferentes negociaciones que adelanta el Gobierno han tenido tropiezos muy mediáticos, la JEP concluye que los ceses de hostilidades y las treguas bilaterales en las etapas tempranas de los diálogos tienen repercusiones favorables en el objetivo de minimizar el conflicto en Colombia, agudizado en los últimos años por la aparición y expansión de las disidencias de las extintas FARC o la acumulación de poder de otras bandas delincuenciales como el Clan del Golfo.

Los retos que persisten

En el extenso análisis, el órgano de justicia transicional resalta la necesidad de que el Gobierno Nacional trabaje por la no repetición. Por lo tanto, menciona puntos específicos a los que se debe atender, como salir del listado de los cinco países con más casos de desplazamiento interno, como indica el informe más reciente del Global Report on Internal Displacement (GRID). Además, las cifras de homicidios de líderes sociales siguen siendo preocupantes. La misma JEP subraya que entre enero y octubre del año en curso, una persona defensora de derechos humanos fue asesinada cada 48 horas. La situación se agrava ante la escasez de planes para proteger a los líderes sociales. Ese ha sido un reclamo constante a la Administración de Gustavo Petro, a quien organizaciones sociales le entregaron un plan de emergencia. El mandatario se comprometió a implementarlo, aunque de momento sigue sin traducirse en acciones.

Otra dificultad reiterada son las extorsiones y los secuestros, que en los últimos años han vuelto con fuerza a copar los titulares de prensa. Un claro ejemplo son las tensiones con el ELN que han provocado los raptos, un punto de desencuentro que ha generado graves tropiezos en la mesa. El caso más reciente fue el secuestro de Luis Manuel Mane Díaz, padre del futbolista Luis Díaz. No obstante, la JEP determinó que no solo las disidencias o la guerrilla del ELN han encontrado en el secuestro una forma efectiva de financiación. El documento asegura que en el 75% de los municipios del país donde se duplicaron las denuncias de secuestros y extorsiones no se observó injerencia del ELN. Aun así, tanto el EMC como el ELN son los mayores responsables de ese delito en los departamentos de Arauca, Huila, y Guaviare.

Otro hallazgo particular fue el aumento de víctimas femeninas en las masacres perpetradas por grupos armados ilegales. “La UIA plantea que podría estar ocurriendo un cambio en los códigos de violencia en el crimen organizado, donde se promueven las violencias basadas en género como mecanismo de retaliación a los jefes o sicarios de los grupos criminales emergentes”, cita el informe.

El documento del tribunal de paz también menciona que las líneas de mando en los grupos armados ya no suelen ser verticales, como ocurría en estructuras como las otrora FARC. “En la situación actual, varía mucho el grado de cohesión interna, y la diferencia sustancial entre las organizaciones armadas está entre permitir la subcontratación de bandas locales y no hacerlo por optar que la violencia sea ejercida exclusivamente por integrantes con filiaciones únicas a la organización”. La dinámica es semejante en cuanto a las causas y lógicas de las violencias, que, según la investigación, ya no se explican solo por la necesidad de dominio territorial, sino en aspectos como la coyuntura, los intereses personales de los comandantes o los cambios en los mercados internacionales.

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