Salvatore Mancuso denuncia que es víctima de “inseguridad jurídica” en su admisión en la JEP

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso anunció este jueves en un comunicado que apelará la decisión que tomó en noviembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de admitirlo bajo su jurisdicción. Considera que es un error que el sistema de justicia transicional creado en los acuerdos de paz con las extintas FARC haya decidido dejar gran parte de las investigaciones en Justicia y Paz, un tribunal constituido en 2005 para llevar los casos de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como él. Para Mancuso, genera “inseguridad jurídica” que la JEP se limite a investigarlo en su rol como “bisagra” entre las AUC y la fuerza pública entre 1989 y 2004 y deje los restantes casos en otras jurisdicciones.

La JEP consideró en noviembre que Mancuso había demostrado su voluntad de reparar a las víctimas y su capacidad para brindar información privilegiada y novedosa sobre “diferentes repertorios de violencia” desplegados por las AUC y el Estado. Pero el problema para el implicado es que la JEP escogió la figura de “sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública”, lo cual mantiene en Justicia y Paz los casos que se enfocan en su carácter más amplio como paramilitar y no en sus vínculos con el Estado. El tribunal dejó en claro que el excomandante de las AUC no tendrá beneficios judiciales como la libertad condicional, que es un asunto que deberá resolver Justicia y Paz.

Mancuso aseguró en su comunicado del jueves que es inviable “separar o escindir” sus actividades como líder de las AUC y su rol como “bisagra” o nexo entre la organización y el Estado. “Esta apelación surge no solo por la inseguridad jurídica en la que me sitúa [la posibilidad de ser investigado dos veces por lo mismo], sino por un debate profundo sobre la factibilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado”, explicó. Según él, un “sometimiento integral” es necesario para no fragmentar la verdad y actuar “en el interés superior de las víctimas”.

La postura de Mancuso no es novedosa. Los propios magistrados tuvieron desacuerdos en noviembre sobre la posibilidad de dividir la jurisdicción entre la JEP y Justicia y Paz. María del Pilar Valencia, en minoría, argumentó en su salvamento de voto de la decisión de aceptar a Mancuso que las competencias deberían quedar centralizadas en la JEP para no fragmentar la investigación y no limitar las posibilidades de otorgar beneficios a la persona sometida.

El excomandante de las AUC, un hacendado de Montería (Córdoba) que se convirtió en señor de la guerra y que hoy tiene 59 años, está acusado de dirigir 139 masacres en las que fueron asesinadas 800 personas. Detenido en Estados Unidos, en mayo profundizó sobre los nexos entre los paramilitares y el Estado e hizo referencias explícitas a Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010. “Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, comentó en referencia al asesinato, en 2003, del entonces alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz. “Nos entregaban listados y entonces íbamos y golpeábamos a las casas y los matábamos porque nos decían que eran guerrilleros”, dijo sobre su rol como jefe de un grupo que integraban policías y miembros del Ejército.

“Durante años compartimos el poder político y militar”

El comunicado del jueves también responde a las críticas de quienes no quieren que la JEP acepte a Mancuso bajo su jurisdicción. Según el exparamilitar, varios exfuncionarios han buscado desligarse de él para no asumir sus responsabilidades en un listado de crímenes que incluye asesinato de opositores y manipulación de testigos. Les ha recordado a “expresidentes” y exfuncionarios, sin dar nombres, que ellos también deberán dar explicaciones a la justicia. “Durante años compartimos el poder político y militar, lo que los hace cómplices, ya sea por acción o por negligencia, de la expansión y el poder de las autodefensas en el país”, declaró.

“Es ese mismo poder político que ahora se muestra indignado el que dio origen y alimentó el fenómeno paramilitar y de autodefensas”, se lee en su comunicado. “Las proclamas de inocencia y las acusaciones de calumnia que recibo de expresidentes y exfuncionarios solo subrayan su negación frente a una colaboración manifiesta con las AUC, tanto en lo operativo como en lo financiero y político”, añade.

Las últimas semanas han acentuado los enfrentamientos entre Mancuso y Uribe. El eje de la discusión ha estado en el señalamiento del excomandante de las AUC de que Uribe estuvo vinculado con la masacre de El Aro (Ituango, Antioquia) perpetrada en octubre de 1997 cuando era gobernador de Antioquia, y con el homicidio del abogado Jesús María Valle, que tuvo lugar en febrero de 1998 en la capital del departamento. El exmandatario respondió que Mancuso es “un bandido” que busca con nuevas versiones sobre la masacre “justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEP-FARC”.

Uribe asistió a la Fiscalía a finales de noviembre para dar explicaciones por voluntad propia. Tras concluir la diligencia, volvió a reiterar que la JEP se había equivocado en su decisión de darle credibilidad a Mancuso y de aceptarlo bajo su jurisdicción. “A mí me parece que es una irresponsabilidad de la JEP, un deseo para afectar mi reputación y procurar que me pongan preso”, dijo.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.